José Francisco Díaz Cravioto, abogado hidalguense, ingreso una solicitud de desistimiento de un amparo en el Poder Judicial de la Federación, a fin de ponerse a disposición de las autoridades del estado de Hidalgo para una supuesta investigación en su contra por un caso entre particulares.
A través de un video en las redes sociales de su compañía jurídica, Díaz Cravioto pidió al gobernador Julio Menchaca y al fiscal Santiago Nieto que se respeten sus derechos y la presunción de inocencia, pues recordó que desde hace varios días no tiene oficinas, ni domicilio, mismos que han sido cateados por autoridades ministeriales.
“Tanto mis instalaciones, mi domicilio particular han sido cateados, han sido asegurados, no tengo ninguna situación por la cual esconderme, tengo la disposición de responder y mi solicitud de informar a la fiscalía es que ya no tengo ninguna suspensión vigente y estoy dispuesto para que se pueda ejecutar el mandamiento judicial librado por parte del Tribunal Superior de Justicia”, expresó.
Señaló que estará a la espera de que acudan los agentes a presentarle alguna orden que se le requiera, por lo que dijo que se hospedará en un hotel de Pachuca.
“Nadie me ha buscado, solicito que cesen los actos de cateos, de aseguramientos, de que se han visto afectados mis hijos, yo vengo a responder, solicito respeto a la presunción de inocencia”.
El primer fin de semana de 2023, se informó que por el delito de fraude en agravio de la persona moral Luna Gas S.A. de C.V., la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo investiga a José Francisco Díaz Cravioto, quien cuentan con orden de aprehensión vigente y es buscado a través de la Interpol.
Con fecha 28 de diciembre de 2022, el Órgano Jurisdiccional libró orden de aprehensión contra José Francisco Díaz Cravioto. El 29 de diciembre del 2022, se solicitó a un juez de control órdenes de cateo en dos inmuebles, uno en Fraccionamiento Club de Golf, y las oficinas ubicadas en bulevar Luis Donaldo Colosio.
El caso, de acuerdo con informes de la Procuraduría, tendría que ver con la cantidad de 39 millones de pesos y una estación gasolinera, que, según la parte acusadora, se le informó por parte de los abogados que sería expropiada a menos de que pagaran la señalada cantidad de dinero.