Las comisiones de Educación, Derechos Humanos y Seguridad del Congreso del Estado de Mèxico dictaminaron la iniciativa que legaliza los operativos mochila en la entidad, para que el profesorado, en coordinación con los padres y madres de familia, puedan revisar las pertenencias del estudiantado en escuelas públicas y privadas de educación básica sin intervención de la policía de seguridad federal, estatal o municipal.
El documento fue aprobado por unanimidad, pero falta que se presente al pleno para su votación y sea publicada en la Gaceta de Gobierno, buscando que entre en vigor antes del arranque del próximo curso escolar, con el fin de cuidar la integridad de 4.5 millones de estudiantes que existen en la entidad.
Se reforman diversos apartados de la Ley de Seguridad, la Ley de Derechos Humanos y la Ley de Educación del Estado de México para que no se considere ilegal ni invasivo revisar las pertenencias de quienes entran a los centros escolares y existan reglas mínimas que garanticen el respeto de los derechos humanos para evitar problemas al interior por el ingreso de armas o sustancias prohibidas.
El presidente de la comisión de Educación, Abraham Saroné Campos, explicó que esto no obliga a llevar a cabo operativos en las escuelas, sino simplemente da sustento jurídico a la acción y evita que pueda ser considerado como inconstitucional y violatorio de los derechos de infantes y adolescentes.
“Se enfoca más a la participación, madres y padres de familia, autoridades escolares y educativas, con la intención de que se evite pueda contemplarse una acción invasiva a las pertenencias y los derechos propios de las alumnas y alumnos” acotó.
Se atendieron las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, de la Secretaría de Seguridad Pública y del Sistema estatal DIF, así como de quienes integran los distintos grupos parlamentarios para integrar un mejor dictamen que permita llevar a cabo estos operativos sin cuestionamientos de alguna dependencia.
Las revisiones, acotó, tendrán que ser inducidas por parte de la autoridad educativa, con la periodicidad que crean pertinente y coordinando los esfuerzos con padres y madres, sin que intervengan elementos de las policías porque eso pudiera ser considerado como inhibitorio.
Dijo que, cuando la norma entre en vigor, darán seguimiento oportuno para verificar se cumpla con los operativos como corresponde.
El diputado aclaró que el programa ya existía, pero como no tenía un sustento jurídico, automáticamente tuvo observaciones y se suspendió porque faltaba el sustento logrado con estos ajustes a la ley.
MAT