Con la finalidad de disminuir los riesgos de corrupción en las contrataciones públicas en el estado de Guanajuato, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en conjunto con la Red Ciudadana Anticorrupción, elaboraron tras un proceso de estudio y análisis una propuesta de iniciativa de reforma a la Ley de Contrataciones Públicas del Estado de Guanajuato.
En un documento del comité al que MILENIO tuvo acceso, se propone:
“Generar una propuesta de reforma legislativa para que las contrataciones públicas estatales y municipales cuenten con las bases, procedimientos, reglas y requisitos aseguren las mejores condiciones para acreditar economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez para ser enviada de manera conjunta al Congreso del Estado a través de una recomendación al Legislativo”.
La propuesta que será enviada como una recomendación a los diputados locales en estos momentos está siendo socializada entre diversos actores políticos intervinientes como gobierno del estado y gobiernos municipales.
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Para ello se realizaron nueve mesas de diálogo con entes gubernamentales, académicos y de la iniciativa privada, en las que se pudo apreciar las distintas maneras en que los ciudadanos perciben que se cometen los actos de corrupción en las compras y licitaciones.
Entre otros hallazgos, se encontró que el área de gobierno donde percibían mayor corrupción dentro del rubro de compras y licitaciones era en las obras públicas.
“Esto debido a que se trata de obras con las que tienen que convivir día a día. Dudar de su calidad juega con la confianza ciudadana y podría incluso tener implicaciones graves en su vida”.
Además casi 7 de cada 10 ciudadanos, es decir, el 68 por ciento de los encuestados, consideró la existencia de corrupción en los procesos de compras y licitaciones públicas. El 40 por ciento cree que ocurre de manera muy frecuente, el 28 por ciento frecuente y menos del 15 por ciento poco frecuente.
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Para el 71 por ciento de los ciudadanos, la principal afectación de la corrupción en compras y licitaciones públicas es, “genera desconfianza en los procesos del Estado”; es decir, la existencia de corrupción en compras y licitaciones hace pensar a los ciudadanos que los procesos corruptos no son exclusivas de este rubro y se extienden a otras áreas del Gobierno Estatal.
De la misma manera para el 58 por ciento de los encuestados, la corrupción en compras y licitaciones merma la calidad de los proyectos, pues la elección se toma por el precio, sin tomar en cuenta la trayectoria o el resultado que podría tener el proyecto.
Así para 2 de cada 3 ciudadanos, lo primero que se viene a la mente son acuerdos previos con las autoridades: Sobornos, conexiones o arreglos previos. Lo más mencionado es aquello que implica una retribución monetaria, lo cual tangibiliza la corrupción.
Dentro de este rubro, se encontró a los sobornos (mencionados por el 21 por ciento de los encuestados), las conexiones o nepotismo mencionado por el 19 por ciento, y los arreglos previos, de los que habló el 17 por ciento.
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El segundo riesgo más conocido es la creación de empresas fantasmas; mencionado por el 81 por ciento de los encuestados. Se trata del riesgo percibido más grave de toda la lista mencionada y evaluada por los ciudadanos, señala el análisis.
La iniciativa
Con la iniciativa buscan que los procesos de compras y licitaciones públicas se realicen dentro de las reglas y normas establecidas, para ello se ha identificado como áreas de oportunidad como incluir como sujetos obligados de la ley, a los Municipios y a las Entidades Paramunicipales, además de fortalecer las áreas de compras.
En este último punto se propone que la Dirección General de Compras tenga atribuciones entre las que destaca el seguimiento a la solvencia de observaciones realizadas en las auditorías anuales además de la creación de nuevas unidades de cotizaciones, proveedores y contrataciones
Agregan la necesidad de la; “Eliminación de la participación política a los Comités de Compras, para ser conformada por los responsables de las áreas adquirentes: Director general, responsable de la unidad de cotizaciones, proveedores, contrataciones, área requirente, órgano de control, así como por un testigo social en representación de la Cámara del Comercio”.
Creación e implementación de un catálogo de cotizaciones y precios, padrón de proveedores, padrón de contratantes, sistema de contrataciones, cumplimiento de obligaciones y evaluación de proveedores, auditorías al área de compras, padrón de observadores ciudadanos, así como adjudicaciones directas de preferencia locales, considerando los costos de traslado y localización de proveedores.
Finalmente se propone el fortalecimiento de los órganos de control, así como lineamientos para compras por adjudicación directa, responsabilidades en la compra de las áreas adquirentes y la eliminación de las solemnidades en las licitaciones
PCQG