El futuro legal del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, está en manos del fiscal General del estado, el cual, aseguró Samuel García Sepúlveda, será quien decida si por el caso de la supuesta corrupción en el Isssteleón se le vincule o no a proceso penal.
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De acuerdo con el mandatario estatal actual, tanto la Contraloría del Estado como la UIF y SAT de Nuevo León, han presentado evidencia para sustentar las investigaciones a nivel local, ante la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción, y a nivel federal al SAT y la SEIDO.
A la fecha, enfatizó, siguen recabando información e integrándola a la brevedad a las carpetas para demostrar que existió “todo un clan, una delincuencia organizada muy bien tramada de 6 años”.
La cual, dijo, sólo en lo referente al Isssteleón sería de cerca de los 2 mil millones de pesos en el sexenio, lo que se obtuvo de ingresos.
“El mandatario al final del día era el superior jerárquico de todo, ya dependerá del Fiscal hasta dónde va a llegar su imputación.
“Él como gobernador era el superior jerárquico de todas las paraestatales y lo que él hizo puede ser ilícito por omisión o por permitirlo”, precisó.
Cuando su administración tomó posesión, explicó García Sepúlveda durante la rueda de prensa sobre el panorama covid en el estado, se mostró a la opinión pública que había una grave cantidad de corrupción en el sector Salud y que uno de los casos más complejos y corruptos había sido el del Isssteleón.
Debido a ello, indicó, la Contraloría del estado y la UIF y SAT locales presentaron a la Fiscalía General en el estado, que encabeza Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, las denuncias por los delitos de delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito por el caso de Isssteleon.
Y ante la Fiscalía Anticorrupción en la entidad, que lidera Javier Garza y Garza por lo referente a los delitos de servidores públicos, como tráfico de influencias, cohecho, abuso de autoridad y el uso indebido de atribuciones.
Mientras que al detectar en las auditorías a “muchas factureras”, “que eran las que les lavaban el dinero a los malandrines” también ya presentaron las respectivas denuncias al SAT y a la SEIDO.
“Todo lo que estaba a la mano ya se presentó a las autoridades locales y federales.
“Seguimos recabando información porque en las auditorías saltan más factureras o saltan los beneficiarios finales, y ahí encuentras que el dinero acabó en la cuenta de un hijo, de la esposa, y de todo un clan, una delincuencia organizada muy bien tramada de 6 años”, remató.