En lo que va del 2022 suman siete municipios que han ingresado ante la comisión de Hacienda y Fiscalización del congreso del estado de Guanajuato su solicitud para contratar deuda pública: San Diego de la Unión 29 millones de pesos, Tarimoro con 30 millones de pesos, Apaseo el Grande con 15 millones de pesos, Jaral del Progreso con 14 millones de pesos, Yuriria con 58 millones de pesos y recientemente Moroleón con 24 millones de pesos, a esto se suma que el municipio de Irapuato ingreso una solicitud de deuda por 150 millones de pesos ante el Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (Japami).
Cinco de ellas ingresaron previo al mensaje emitido por el gobernador Diego Sinhue mientras que la del municipio de Moroleón ingresó durante la sesión ordinaria del congreso, del jueves 5 de mayo.
Al respecto, Víctor Zanella presidente de la comisión de Hacienda en el congreso, misma que se encarga de analizar la viabilidad de los créditos, señaló que existen reglas claras y que estos recursos no se aprobarán para gastos que sean superfluos.
"Solamente las solicitudes de crédito pueden ser para inversión pública productiva, nada de capítulo mil, que es el de sueldos y salarios, nada de gastos superfluos o innecesarios, solamente para inversión pública productiva que ayude a detonar la economía de Guanajuato, pero también a mejorar su infraestructura municipal” señaló.
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Ante los recortes de presupuesto que llegaban a los municipios desde el gobierno federal, durante las giras itinerantes que la comisión de hacienda ha tenido en varios municipios del estado, se han enfocado en mostrarles la capacidad financiera que tienen civilidad para buscar su posibilidad de acceder a un crédito y con esto invertir en las obras y programas que necesitan.
“Desde aquí hacemos el anuncio que es necesario que aparte de estas solicitudes de crédito y de un esfuerzo recaudatorio propio a través del impuesto predial y del agua potable, que los ayuntamientos de Guanajuato hagan un esfuerzo por hacer planes de austeridad, de ahorro y de eliminar gastos superfluos innecesarios que les permitan tener una mejor administración pública” agregó.
Cabe destacar que no basta con la intención de los municipios, pues la contratación de deuda pública requiere la aprobación del pleno del Congreso, y para ello, el primer paso es que exista un acuerdo del ayuntamiento y que una solicitud sea firmada por mayoría la de sus integrantes, la cual es turnada al Congreso del Estado, quien a su vez la remite a la Comisión de Hacienda y Fiscalización
SEMY