El Consejo Cívico de Nuevo León consideró como un “retroceso” en el sistema anticorrupción del estado, dado que todo indica que la renuncia de Gustavo Adolfo Guerrero como fiscal general de Justicia “responde a una presión de corte político”.
Sandrine Molinard, directora general del Consejo Cívico de Nuevo León, expresó su preocupación por esta situación.
“Es un tema que veníamos venir desde que se empezó la reforma al sistema anticorrupción hace unos meses atrás donde precisamente esta legislatura elimina requisitos y pasos para el proceso de selección de estos cargos (fiscal, el auditor), y desde ese entonces señalábamos que el intento era aplanar el camino para cambiar al fiscal. Así que nos preocupa que más que una renuncia esto parece ser una presión de corte político sobre el fiscal para renunciar a su cargo”, enfatizó.
Aseguró que esto es un “retroceso” debido a que los procesos de selección que se está viviendo con la nueva Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para elegir al comité de selección que participará en el proceso de selección del próximo fiscal “ya estamos viendo como están tamaleados, hechos sin metodología, sin transparencia para la ciudadanía, todo indica que los diputados están armando un comité de selección a modo para poder elegir un fiscal a modo”, subrayó la directora del Consejo Cívico.
A modo de quién, cuestionó Sandrine Molinard, “a modo de quién, es lo que no sabemos la ciudadanía que acuerdos hicieron tras bambalinas, o en lo oscurito, pero nos queda claro que todas las fuerzas políticas están involucradas en esto, el Poder Legislativo y Ejecutivo, porque todo esto se hizo con la venía del gobernador”, indicó.
La ciudadanía, dijo, está harta que esto (el Sistema Estatal Anticorrupción) no avance, al contrario prevalezca la impunidad e inseguridad en el estado.
Refirió que Nuevo León registra una tasa de no denuncia de delitos, es decir, actualmente en Nuevo León el 92 por ciento de los delitos que ocurrieron en lo que va del año no fueron denunciados, de 100 delitos que se cometen 8 no se denuncian y de estos que se denuncian el 93 por ciento quedan impune.
“Entonces a la ciudadanía le preocupa tener una Fiscalía que no haga bien su chamba y que no se convierta en una herramienta de persecución política de adversarios del Ejecutivo o legislativo como se está viendo que está sucediendo en la Fiscalía General de la República”.
Insistió que la ciudadanía quiere un fiscal que sirva a la sociedad, al pueblo y acabar con la impunidad y corrupción en el estado.
Todo esto se está dando, en un panorama con la más alta incidencia de homicidios en el estado y “donde aparentemente la inseguridad está instalándose en Nuevo León”.
El Consejo Cívico hace un llamado a quienes se anoten en el proceso para ser fiscales tomen la responsabilidad de que si uno de ellos es elegido tendrá que rendir cuentas a la ciudadanía de su actuación.
Consideró que quienes participarán en el proceso se sometan a pruebas organizadas desde la sociedad civil. Estas pruebas pueden ser psicométricas para revisar que tengan el perfil psicológico, competencias y habilidades para estar en ese cargo.
Además de someterse a pruebas de confianza, pero no para averiguar sí están coludidos con la delincuencia organizada, más bien pruebas de confianza enfocadas a ver si están respondiendo a intereses particulares o de intereses ocultos, o bien vienen a responder a intereses de la ciudadanía.
Por su parte, Coparmex Nuevo León lamentó la salida del fiscal.
“Desde la Coparmex lamentamos la salida del fiscal y hacemos votos para que en la selección del nuevo fiscal se privilegie la experiencia, capacidad y honorabilidad por sobre los intereses partidistas o de grupo. Nuevo León requiere seguridad y estado de derecho para seguir creciendo y prosperando”, dijo Óscar Martínez Treviño, presidente de Coparmex Nuevo León.