Contar con filtros de control de confianza o exámenes a todos aquellos que aspiran a laborar en la administración pública, ocupar cargos de toma de decisiones e inclusive de elección popular, sería una opción viable, pues durante los últimos meses en Guanajuato se ha observado a varios funcionarios públicos involucrados en hechos delictivos o este tipo de escándalos.
Así lo explicó Sophia Huett, secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, quien precisó que esta apreciación no se basa en los recientes hechos, y es un comentario a título personal.
“Si no son exámenes de control de confianza, que para mi sería lo ideal (…) Si hablar de que para la contratación de cualquier integrante del servicio público, toda vez que sus salarios son impuestos pagados a través de recursos públicos, tuviera que acreditarse no solamente capacitación, si no un entorno sano, una actividad sana, es decir generar exámenes de ingreso, documentación, valoraciones psicométricas y sociales etcetera”, explicó Sophia Huett.
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Esto derivado de que en la entidad, en días recientes el hijo de una regidora de Celaya fue detenido y vinculado a proceso por el delito de extorsión, durante la misma semana, dos luchadores de la Ciudad de Irapuato, que además laboraban en la administración municipal, fueron privados de su libertad por presuntamente traficar drogas para un grupo criminal, el cuerpo de uno de ellos fue encontrado sin vida.
Otro antecedente es el del Diputado Federal, Jorge Romero, quien actualmente enfrenta un juicio, acusado de presuntamente abusar sexualmente de una joven de Irapuato.
Se suma el caso de Jorge Gallo quien fungía como director de Transporte del Estado de Guanajuato, y enfrenta un proceso penal por el delito de cohecho, por presuntamente solicitar “moches” con valor aproximado de 200 mil pesos para otorgar permisos de operación a Taxis Ejecutivos.
PCQG