Un video difundido en redes sociales exhibió a una oficial municipal insultando y jaloneando a un ciudadano en silla de ruedas; el Ayuntamiento turnó el caso a la Comisión de Honor y Justicia para deslindar responsabilidades.

La diputada argumentó que los delitos requieren atención federal por posibles vínculos con estructuras del crimen organizado.

Todo ocurrió el 5 de agosto, cuando intentó defender a su madre de una oficial.