En México, pese a los esfuerzos para capacitar a juezas y jueces con perspectiva de género y de la existencia de normativa en la materia, la justicia continúa emitiendo fallos favorables a los agresores y severos para las mujeres.

Legisladoras locales y federales proponen responder sin cárcel al creciente acoso a mujeres en internet y a la difusión de contenidos que reproducen estereotipos sexistas en los medios; adolescentes y jóvenes, las más expuestas al hostigamiento.

En el marco del taller Cobertura periodística del aborto con perspectiva de género organizado por Cimac e Ipas en Pachuca

Abogadas y feministas cuestionan la pertinencia de castigar con cárcel la difusión, sin su consentimiento, de imágenes sexuales, como se hace en 13 estados. Modificaciones a leyes y códigos permitieron incluir la palabra “ciberacoso”.

La discusión de la iniciativa para despenalizar la interrupción del embarazo en el estado hasta las 12 semanas de gestación, desató actos de intimidación contra legisladores y defensoras locales por parte de grupos conservadores.

Ante la posibilidad de crear un reglamento para empleados no asalariados para la capital del país, diputados locales preparan una reforma para validar la prostitución como una ocupación que se debe proteger y garantizar.

Si no se mejora la detección y acceso a los tratamientos oportunos en los sistemas públicos de salud, este año están en riesgo de morir 20 mujeres al día por ese padecimiento, cinco decesos más que los registrados hasta la fecha.

Lejos de pugnar por detener las agresiones en Ciudad de México, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres retrasa una medida que salve vidas y rechaza la participación de la sociedad.

Uno de los objetivos de la iniciativa, que no toca el problema de fondo, es liberar a las mujeres en reclusión por haberse realizado un legrado, pero deja fuera a las acusadas por homicidio en razón de parentesco, homicidio calificado e infanticidio.

La despenalización del aborto en Oaxaca generó nuevos ánimos para llevar una reforma similar al Congreso federal y así evitar la criminalización de ese sector de la población en todos los estados.