Emilio Zebadúa declaró que a partir de 2012, comenzó una estrategia para proporcionar recursos públicos de la Secretaría de Hacienda para pagar deudas y compromisos derivados de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto.

José Rivas González, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, otorgó a la imputada la posibilidad de enfrentar su proceso en libertad, pero le prohibió abandonar el país.

La Unidad de Inteligencia Financiara demostró que el bloqueo de las cuentas del ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue con apego a tratados internacionales y con fines de evitar lavado de dinero.

En mayo, el ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu también se amparó con la intención de que la FGR se pronuncie y decrete a su favor la prescripción de la acción penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Reclamó que la FGR ha sido omisa porque no se ha pronunciado para decretar la prescripción de la acción penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Epigmenio Mendieta expuso que el ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu se convierte en un testigo importante, pues la defensa considera que radica en él la responsabilidad de la firma de los convenios.

Como secretario de Hacienda, Luis Videgaray entregó grandes presupuestos a Rosario Robles y Emilio Lozoya en las dependencias que encabezaban.

A diferencia de Rosario Robles, Zebadúa pidió a la FGR obtener criterio de oportunidad desde el principio e incluso, ya declaró ante el Ministerio Público.

Desvío de recursos. Inteligencia Financiera indaga 10 años de movimientos bancarios del ex secretario para detectar si hubo operaciones inusuales o enriquecimiento inexplicable.

El ex jefe de la Oficina de Rosario Robles dijo que Emilio Zebadúa "está haciendo imputaciones a terceros sin sustento probatorio".