El Gobierno de la Ciudad de México abrió la puerta a regular la eutanasia y la asistencia médica para morir, actualmente prohibidas en México, mientras pacientes con enfermedades graves e incurables exigieron acelerar las reformas para evitar que más personas fallezcan sin tener la posibilidad de decidir sobre el final de su vida.
Nadine Gasman Zylbermann, secretaria de Salud Pública capitalina, confirmó que la administración de Clara Brugada Molina participará en la construcción de una legislación que contemple decisiones libres e informadas, criterios médicos, garantías jurídicas y protección tanto para pacientes como para profesionales sanitarios.
“Nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, ha señalado que es momento de abrir un debate amplio sobre la eutanasia, escuchar distintas voces, y construir los acuerdos necesarios para avanzar en la regulación del derecho a una muerte digna”, afirmó durante el primer foro Derecho a Decidir en el Final de Nuestra Vida, realizado en el Congreso capitalino.
La funcionaria explicó que la Constitución de la Ciudad de México reconoce el derecho a una muerte digna y que la legislación sanitaria contempla los cuidados paliativos, el acceso a información médica y la decisión sobre los tratamientos, pero todavía no existe una vía legal para solicitar la eutanasia.
“Contamos, por lo tanto, con una base jurídica importante, pero necesitamos seguir avanzando en la regulación de las condiciones que permitan ejercer estos derechos”, señaló.
Gasman Zylbermann advirtió que una eventual legalización requerirá preparar al sistema sanitario, garantizar el consentimiento informado y establecer procedimientos que eviten abusos y otorguen certeza jurídica al personal médico.
“Su regulación exige analizar las condiciones en las que el sistema de salud debería garantizar decisiones libres e informadas con criterios clínicos y bioéticos, procedimientos claros y salvaguardas que protejan los derechos de las personas y brinden certeza jurídica para el personal sanitario”, explicó.
Informó que en la capital se ha capacitado a 4 mil 500 profesionales de la salud en cuidados paliativos, aunque reconoció que es necesario ampliar estos servicios, fortalecer el tratamiento del dolor y garantizar acompañamiento psicológico y emocional para pacientes y familiares.
La secretaria insistió en que una atención digna al final de la vida no puede depender de los recursos económicos, la condición social o el lugar de residencia de una persona.
Frente al compromiso de las autoridades, Samara Martínez Montaño, impulsora de la Ley Trasciende e integrante de la Coalición Muerte Digna !Ya!, advirtió que el tiempo de los pacientes no avanza al mismo ritmo que las discusiones legislativas. “Nos pide tiempo para la realización de todo esto, pero es importante decir que muchos pacientes, pues, no tenemos todo el tiempo”.
Y aseguró que “entre más tiempo pasa, pues hay personas que mueren en la clandestinidad todos los días sin poder tomar esa decisión”.
La activista exigió que los foros se traduzcan en iniciativas, dictámenes y fechas concretas de votación, porque una discusión que se prolongue durante años podría impedirle conocer el resultado de su propia lucha.
Martínez Montaño aclaró que la propuesta no pretende imponer la eutanasia, sino garantizar que cada paciente pueda decidir cómo enfrentar el final de su vida, incluso cuando su elección sea continuar con todos los tratamientos disponibles hasta morir de manera natural.
“Si alguien quiere recibir todos los tratamientos y morir de manera un tanto natural, aunque yo desconozco cuál sea la muerte natural, pero bueno, así se le conoce, pues yo seré la primera también en luchar por ellos”, expresó.
Y defendió igualmente a quienes, después de recibir información y someterse a múltiples tratamientos, decidan solicitar asistencia médica para morir. “Seré también la primera en defender ese derecho. Creo que la libertad es solamente libertad cuando se protegen las decisiones que incluso nosotros no tomaríamos, pero que eso es lo que realmente significa autonomía”, sostuvo.
También cuestionó que los profesionales sanitarios puedan enfrentar consecuencias penales por intervenir.
Nayeli Ramírez Hernández, secretaria de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México. “En México no es una discusión reciente. Tenemos alrededor, más o menos, documentado en la última década cuarenta iniciativas, al menos en el Congreso federal y a niveles federales y locales, que han, digamos, intentado, han tocado, se han discutido y se han generado alrededor de esta materia”.
La funcionaria señaló que existen distintas rutas jurídicas para avanzar, desde reformas federales hasta una ley local que regule la asistencia médica para morir.
La dimensión del sufrimiento también fue abordada por Juan Uriel García Valadez, director general de Gafas Plateadas, quien, de acuerdo con su testimonio durante el foro, describió casos extremos de personas que llegan a morderse hasta sangrar o ingieren grandes cantidades de pastillas en un intento de poner fin al dolor que padecen.
Su intervención puso de relieve la desesperación que puede provocar el sufrimiento no aliviado y la necesidad de garantizar atención médica, control del dolor y acompañamiento oportuno, particularmente entre quienes enfrentan enfermedades graves y situaciones de dependencia.
El debate llegó al Congreso acompañado de iniciativas impulsadas por organizaciones civiles que reportan cerca de 200 mil firmas de respaldo.
Aurélien Gilabert, coordinador de coaliciones de Práctica: Laboratorio para la Democracia e integrante de la Coalición Muerte Digna! Ya!. Denunció que la Secretaría de Salud federal no ha emitido la opinión técnica solicitada por el Senado desde febrero de 2026 para avanzar en la discusión de las reformas.
Aseguró que las propuestas también cuentan con el respaldo de más de 2 mil profesionales del sector salud, entre personal médico, de enfermería, psicología y tanatología.
Gilabert exigió al Congreso capitalino presentar formalmente las iniciativas recibidas, establecer un calendario público de mesas técnicas y fijar una fecha para discutir y votar los dictámenes.
Señaló que, según una encuesta difundida por el Gobierno de la Ciudad de México, el 86 por ciento de las personas consultadas respaldó legalizar la asistencia médica para morir, mientras que otros estudios citados por las organizaciones sitúan el apoyo nacional en siete de cada diez personas.
Gilabert también dejó en claro que, hasta la fecha, solo 21 mil 800 personas han firmado la voluntad anticipada desde que se aprobó este derecho para evitar tratamientos médicos innecesarios que eleven el sufrimiento.
Pedro Morales Ache, representante de Libertad para Morir, cuestionó la prohibición de la eutanasia incorporada a la Ley General de Salud en 2009 y sostuvo que el Congreso federal invadió atribuciones de las entidades federativas.
“La invasión competencial en que incurrió el Congreso Federal al prohibir la eutanasia en la Ley General de Salud en el año dos mil nueve no puede producir el efecto normativo de coartar, en detrimento de los congresos locales, el ejercicio de una competencia constitucional”, sostuvo.
El representante explicó que la iniciativa propone reconocer legalmente la asistencia médica para morir mediante procedimientos específicos, sustentados en los derechos a la vida, la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad, la integridad y la protección de la salud.
Su interpretación plantea que la Ciudad de México puede legislar en esta materia pese a la prohibición federal, una controversia jurídica que deberá analizarse durante la discusión de las reformas.
Asunción Álvarez del Río, presidenta de Libertad para Morir, advirtió que los cuidados paliativos y la voluntad anticipada, aunque indispensables, no resuelven todas las situaciones de sufrimiento.
“Hay situaciones en que las personas enfermas viven con un sufrimiento intolerable, que no se resuelve con lo que ya hemos conseguido y lo único que desean es dejar de vivir”, afirmó.
“Pero se necesita una ayuda médica adecuada también para morir. Morir bien, con dignidad, con el acompañamiento que la persona quiera y sin que nadie se arriesgue a tener consecuencias penales”, agregó.
La especialista sostuvo que los cuidados paliativos y la asistencia médica para morir deben considerarse opciones complementarias, y rechazó que las convicciones personales o religiosas se impongan sobre las decisiones de los pacientes.
“Lo que no se puede permitir es que se impongan creencias que van en contra del carácter laico del Estado mexicano”, declaró.
Álvarez del Río explicó que una sociedad plural debe reconocer que las personas tienen distintas concepciones sobre lo que significa morir bien y que la legislación debe respetar esa diversidad.
Dolores González Saravia, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, coincidió en que las decisiones al final de la vida no deben quedar sometidas a las convicciones de familiares, médicos o instituciones.
“Ninguna persona debe quedar sometida automáticamente a una determinada concepción moral. Ya sea de un familiar, profesional o de una institución”, afirmó.
Advirtió que la autonomía exige información comprensible, alternativas reales de atención, consentimiento informado y mecanismos que permitan modificar las decisiones cuando cambien las condiciones de salud.
“El punto central no es que estos derechos determinen qué decisión debe adoptarse. Su función es garantizar que la decisión no sea producida por una carencia que el Estado podía y debería atender”, explicó.
González Saravia señaló que casi el 20 por ciento de la población capitalina tiene más de 60 años y que la esperanza de vida alcanza los 77 años, circunstancias que obligan a revisar cómo se protegen los derechos durante enfermedades prolongadas y situaciones de dependencia.
Guadalupe Elizabeth González Gutiérrez Salazar, directora ejecutiva del Instituto para el Envejecimiento Digno de la Ciudad de México, advirtió que la vejez, una enfermedad incurable o la necesidad de cuidados no significan perder la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo, los tratamientos médicos o el patrimonio.
Señaló que persiste el riesgo de que familiares y cuidadores consideren que una persona mayor, por necesitar ayuda, ya no puede determinar qué es lo mejor para ella.
“Necesitar cuidados por enfermedad o envejecimiento no significa renunciar o perder autonomía”, afirmó.
Recordó que desde 2008 la capital cuenta con la Ley de Voluntad Anticipada, que permite expresar decisiones sobre tratamientos destinados a prolongar la vida en determinadas circunstancias de enfermedad terminal.
La funcionaria defendió el acceso a cuidados paliativos y advirtió que el hecho de que una enfermedad ya no pueda curarse no significa que deba suspenderse el acompañamiento médico. “Si una enfermedad ya no puede curarse, no significa que no haya nada que hacer”, señaló.
Las personas mayores, abundó, conservan el derecho a aceptar o rechazar intervenciones médicas, recibir información y participar en las decisiones sobre el final de su vida, sin que la edad justifique sustituir su voluntad.
“Las personas mayores no dejan de ser protagonistas de su propia historia por necesitar ayuda”, afirmó.
“Cuidar es aliviar el sufrimiento, acompañar sin abandonar, apoyar sin imponer. La dignidad no se pierde con los años, la autonomía no se anula por la necesidad de cuidados”.
El respeto a la voluntad individual también debe extenderse a las personas con discapacidad, advirtió Ruth Francisca López Gutiérrez, titular del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México.
“Yo soy una persona con discapacidad y portadora de dos enfermedades autoinmunes”, dijo.
La condición de discapacidad no es sinónimo de enfermedad, pero sí, lamentablemente, de prejuicios y cuestionamientos”, afirmó.
López Gutiérrez señaló que ninguna discapacidad debe utilizarse para desestimar las decisiones de una persona ni para trasladar a familiares, médicos o instituciones la facultad de decidir en su lugar.
“Es importante subrayar que ninguna discapacidad, condición o necesidad de apoyo debe ser motivo de cuestionar una decisión y trasladar a terceras personas la facultad de decidir en nuestro lugar”, sostuvo.
López Gutiérrez explicó que ejercer autonomía no significa prescindir de ayuda, sino disponer de información accesible, medios adecuados de comunicación y redes de apoyo que permitan expresar libremente la voluntad.
La funcionaria pidió garantizar atención médica oportuna, cuidados y mecanismos de voluntad anticipada que respeten las preferencias de esta población.
Frente a los planteamientos de pacientes y especialistas, Xóchitl Bravo Espinosa, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso capitalino y coordinadora del grupo parlamentario de Morena, reconoció que la discusión sobre el derecho a decidir al final de la vida había sido postergada.
La legisladora explicó que no bastará con aprobar una iniciativa aislada, porque será necesario modificar distintos ordenamientos jurídicos y establecer las responsabilidades de las instituciones involucradas. “No va a ser una tarea fácil, no va a ser sencillo poder legislar al respecto”, reconoció.
Valeria Cruz Flores, presidenta de la Comisión de Salud, anunció tres foros iniciales: Derecho a Decidir en el Final de Nuestra Vida, La Muerte Digna y el Sector Salud y El Reconocimiento a la Garantía del Derecho a Morir con Dignidad.
Cruz Flores precisó que las consultas se extenderán a hospitales, universidades y comunidades, con la participación de pacientes, personas cuidadoras, personal sanitario y organizaciones civiles. “Ya tomamos las riendas de este trabajo y no lo vamos a soltar”, aseguró.
El diputado Ángel Tamariz Sánchez afirmó que la Ciudad de México avanzará en el reconocimiento legal del derecho a decidir al final de la vida y que los foros también estarán abiertos a quienes se oponen a la eutanasia.
Columba Suinaga, coordinadora de proyectos de la asociación civil Por el Derecho a Morir con Dignidad, pidió que las experiencias de los pacientes tengan un papel central en la elaboración de las reformas. “Ellos son quienes mejor conocen lo que necesitan”, afirmó.
Aunque el Congreso se comprometió a continuar los foros y las mesas de trabajo, no anunció una fecha para dictaminar o votar las propuestas.
Para los participantes la ausencia de plazos mantiene abierta la principal contradicción del proceso: mientras las instituciones discuten cómo reconocer el derecho a decidir, las enfermedades avanzan y los pacientes siguen enfrentando el final de su vida sin la opción legal que reclaman.
Luego de la primera mesa, Javier Hernández, del Seminario de Bioética de la UNAM, criticó que los legisladores solo acudan a tomarse la foto y no se queden a escuchar lo que las organizaciones civiles deben de decir.
“Son nuestros empleados del pueblo mexicano y tienen la obligación de estar aquí” y añadió que “la eutanasia no es renunciar al valor de la vida, la dignidad no debe ser arrebatada por el sufrimiento”.
CHZ