La mañana de este lunes padres de familia se manifestaron en las oficinas de la Delegación Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para acusar el cierre de estancias infantiles.
Señalaron que al menos cuatro estancias infantiles con cobertura en municipios como Toluca y Tultitlán, a partir de este lunes 1 de agosto no podrán ofrecer el servicio, lo que afecta a más de 100 familias, pues las madres y padres trabajadores no podrán contar con un lugar seguro y propio para el desarrollo de sus hijos e hijas.
Precisaron que el viernes 29 de julio las autoridades de cada estancia infantil informaron verbalmente que ya no habría el servicio, adicionalmente, a través de vías digitales, como el correo electrónico, el ISSSTE envió un documento en el que informó que derivado de una licitación, a la que no se llegó a un acuerdo se suspendió este servicio.
“Para hoy lunes, ya no tenemos a dónde nos cuiden a nuestros niños para poder ir a trabajar, sobre todo en apoyo a las madres trabajadoras”, señalaron.
Buscan soluciones
Durante esta manifestación leyeron un documento dirigido al presidente, Andrés Manuel López Obrador; a Eduardo Gurza Curiel, titular de la Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas, al Órgano Interno de Control del Issste, así como al director general del Issste, Pedro Zenteno Santaella, a fin de que puedan dar solución a esta problemática.
“Esta súbita situación vulnera los derechos humanos de niños y niñas, de padres y madres trabajadores, ante la decisión de suprimir el servicio de las estancias infantiles, también se está violando nuestro derecho a la seguridad social y el principio de interés superior de la niñez”.
Refirieron que se violan los derechos estipulados por la propia Constitución Política, ya que señala que todas las autoridades deben de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, priorizando a las y los niños.
Deja a las familias desprotegidas
Puntualizaron que el cierre de las estancias infantiles deja a las familias desprotegidas y desamparadas, además de poner en riesgo la integridad física y psicológica de las y los menores, ya que no se cuenta con un espacio seguro y apropiado para la protección y desarrollo de sus hijos menores de seis años.
Reiteraron que estas determinaciones vulneran los derechos a la educación y el libre desarrollo emocional, ya que posiblemente los menores tendrán que ser reubicados en otras instituciones y debido a la premura, los padres y madres no tienen la posibilidad de ingresar a las y los pequeños en alguna otra institución de carácter público.
KVS