La Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia (Renacer) denunció que a 32 años de la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en México se registran más de 60 Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA) o infiernos ambientales a lo largo de todo el país, que sufren de extrema contaminación por agentes tóxicos resultado de la operación de empresas trasnacionales, por lo que exigen a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), un plan de justicia ambiental, ante los impactos de la salud que enfrentan sus pobladores.
“Hemos padecido en carne propia lo que realmente ha causado la instalación por todo el país, de empresas transnacionales y gigantescos parques industriales, bajo la complacencia de los gobiernos neoliberales. Nos han orillado a mal vivir porque han contaminado nuestro territorio, llevamos más de tres décadas expuestas a sustancias tóxicas, peligrosas y contaminantes, que terminan acumulándose nocivamente en nuestros cuerpos”, denunció Alejandra Méndez, coordinadora de Renacer para la región Centro.
En conferencia, destacó que en dichas comunidades se presentan graves enfermedades, que afectan principalmente a infancias y jóvenes que “condenados a morir a causa de todo tipo de cánceres, -incluida la leucemia-, enfermedad renal crónica, púrpura trombocitopenia inmunitaria, efectos negativos en los sistemas reproductivos y endócrino, abortos, nacimientos prematuros, malformaciones al nacer, aparición de tumores o neoplasias, trastornos neurológicos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, así como otras enfermedades respiratorias y raras que la ciencia aún no define.
Al conmemorar el primer aniversario de su fundación, el 26 de enero de 2025, los miembros de la red destacaron que de los 60 sitios identificados como Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA) o infiernos ambientales, “donde los procesos extractivos y contaminantes sin control, han causado sufrimiento, destrucción y muerte”, encontraron que 30 son los sitios más dañados, indicó Phidel Cedillo, integrante de la región Oriente de Renacer.
Enlistaron: Tula, Atitalaquia, Atotonilco y Apaxco al sur del Valle del Mezquital, entre Hidalgo y Estado de México; el Corredor industrial entre San Pedro Barrientos y Lechería en el Estado de México; el Valle de Toluca, Estado de México; la Cuenca del Alto Atoyac entre Tlaxcala y Puebla; el Salto y Juanacatlán en Jalisco. El norte del Istmo de Tehuantepec, Coatzacoalcos y Minatitlán, así como Tierra Blanca en Veracruz.
Conferencia de los activistas:
También identificaron el sur industrial, el norte agroindustrial y el centro de Guanajuato; el área urbana y conurbada de Monterrey; la región de La Laguna en Coahuila; las regiones agroindustriales del Valle del Yaqui y la cuenca del río Sonora, las ciudades fronterizas de Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y el Río Bravo.
También indicaron que regiones de Campeche y Yucatán tienen registran graves daños; así como la cuenca poblana de Libres Oriental, la región que rodea la Planta de la Comisión Federal de Electricidad en Los Azufres, así como el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán; Los Mochis, Sinaloa y Santiago Ixcuintla, Nayarit, principalmente.
“El Estado mexicano trazó gigantescos corredores, parques urbano industriales, extractivos y de agronegocios, para que los inversionistas extranjeros dispusieran de agua, materias primas, concesiones mineras y petroleras, así como de mano de obra barata bajo el régimen del outsourcing, que hasta hoy permiten dispersar y ocultar los procesos contaminantes bajo intrincadas cadenas de suministro”, señaló el coordinador de la red, Andrés Barreda Marín.
Agregó que con la promesa de empleo y buenos salarios, “para supuestamente salir de la pobreza, las comunidades fuimos engañadas, pues lo que realmente quieren es la explotación de los trabajadores, la sobre utilización de los recursos naturales: aguas superficiales y profundas, aires, bosques, selvas, suelos, minerales, tierras raras, y la libertad para depredarlos y agotarlos, sin importar la salud, la preservación de la vida y la soberanía nacional”.
De esa manera, demandaron que las autoridades federales, estatales y municipales, no sigan excluyendo a las comunidades afectadas en la toma de decisiones y puedan contribuir en la búsqueda de soluciones positivas, colectivas y públicas de los problemas de contaminación y salud que les afectan.
Además, piden que se cumpla el Acuerdo de Escazú firmado por México, y que no se impongan megaproyectos. Además, antes de instalar más corredores y parques industriales demandan que se solucionen los problemas de salud y se remedien los daños provocados al medio ambiente.
También piden que se revisen y modifiquen a fondo las normatividades de agua, aire y suelo reconociendo las sustancias y dosis que enferman y matan a la población, para que se impidan los procesos de contaminación y que cualquier PTAR o filtro de emisiones que se instale esté adecuado a la carga tóxica específica que debe atender.
Con respecto a la contaminación del aire, señalan que es urgente que se midan todas las sustancias tóxicas peligrosas que liberan en el ambiente las industrias. Asimismo, piden que se respeten y garanticen los derechos humanos fundamentales a vivir en un medio ambiente sano, a tener acceso al agua, a la salud y a la información oportuna acerca de la contaminación y lo que se pretende hacer en nuestros territorios.
“Nos interesa el desarrollo de la economía e industria nacionales, así como el empleo para las mayorías, pero igualmente se requiere con urgencia de un plan general de justicia ambiental y de salud, para las comunidades afectadas y las personas trabajadoras que laboran y viven en los Sitios y Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental en México, porque de no hacerlo, la tendencia al incremento de las enfermedades crónico-degenerativas asociables a la contaminación, así como la destrucción de nuestros ecosistemas, se extenderán cada vez más, hasta volverse técnicamente irreversibles, lo que provocará un descomunal colapso socio-ambiental y en el sistema de salud”.
SNGZ