El Congreso local exhortó a los 125 ayuntamientos del Estado de México a no bajar la guardia ante la pandemia de covid-19 y promover tanto el uso correcto del cubrebocas como el lavado constante de manos y la sana distancia, porque el virus no ha sido controlado y la entidad sigue en el segundo lugar de incidencia.
La propuesta, aprobada por unanimidad, de la presidenta de la Comisión de Salud, Berenice Medrano Rosas, señala que el estado aún se encuentra en color naranja en el semáforo epidemiológico, con una tasa de incidencia de 407.65 por lo cual se requiere el esfuerzo de las autoridades y la sociedad en general.
Destacó que el número de contagios reportados por los gobierno federal y estatal han disminuido y por ello ya se pueden realizar actividades económicas esenciales y actividades no esenciales al 30 por ciento, pero eso no significa que el virus se haya erradicado y en cualquier momento pueden incrementar los casos.
Lo relacionado al exhorto para revocar la concesión de la carretera Panamericana, en su tramo Toluca-Atlacomulco fue aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del PRI y el PAN, aunque no fijaron postura sobre el tema.
Recuperar la panamericana
En tanto, el proponente, Max Agustín Correa Hernández, urgió al gobierno a revisar este tema, por considerar que se concesionó de manera ilegal, sin respetarla como una vía de libre acceso en todo el país y el mundo.
Insistió que el tramo se debe reincorporar de inmediato al sistema carretero libre de peaje bajo jurisdicción del estado, luego que la empresa Promotora del Desarrollo del Empleo de América Latina, usufructúa la vialidad de cuota desde 1984, sin respetar el tratado internacional que la protege.
“El mantenerla como una vía libre y no de cuota, fue una condición indispensable para que los países que suscribieron el tratado internacional ´Convención sobre la Carretera Panamericana´, que corre de Tierra del Fuego en Argentina, hasta Alaska en Estados Unidos y así pudieran acceder al financiamiento para su construcción.
Actualmente el tratado sigue vigente y los compromisos jurídicos contraídos por nuestro país son de obligado cumplimiento, por lo que desde el momento en que el gobierno del Estado de México privatizó esta vía de comunicación violenta la Constitución y sus obligaciones asumidas”.
MMCF