El secretario de la Contraloría del gobierno del Estado de México, Javier Vargas Zempoaltecatl, aseguró que van a revisar hasta la más pequeña compra para atender la pandemia ocasionada por el coronavirus para constatar los precios, el destino y que no se haya favorecido a algún proveedor o alguna otra falta.
En entrevista con MILENIO, Estado de México, señaló que ya están haciendo todas las revisiones correspondientes, pero no sólo de las compras, sino del total de adquisiciones que se hacen durante el año en toda la administración estatal más grande del país, con un presupuesto superior a los 360 mil millones de pesos.
Hasta el momento se ha acreditado la entrega de bienes y prestación de servicios de 70 por ciento de las adquisiciones y está pendiente 30 por ciento, donde se ubican las compras más grandes del el Instituto de Salud, quien concentra el uso de siete de cada 10 pesos erogados hasta el 3 de julio, de un total de mil 485.6 millones de pesos.
Estas operaciones, acotó, iniciaron el pasado 20 de marzo y continuarán durante los siguientes días para atender las necesidades de recursos materiales originadas por la pandemia, la cual requirió compras urgentes que no podían esperar una licitación pública la cual puede tardar hasta cuatro o cinco meses.
Desde entonces empezaron las revisiones y continuarán por varias semanas más a través de 864 inspecciones. Si en alguna de estas se enciende un foco de riesgo se va a ordenar una auditoría interna. Esto, además de los trabajos que en su momento harán la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Superior de Fiscalización.
Las inspecciones, puntualizó, son un mecanismo de revisión que tienen y resulta más rápido y práctico para adquisiciones, donde se revisa el contrato, las evidencias, montos y empresas, pues las auditorías se llevan de tres a seis meses y tendrían que llevar a cabo 860 auditorías, sin contar con las adquisiciones que todavía faltan.
El secretario aseguró que la gente puede estar tranquila y segura porque se van a revisar todos los gastos y en caso de encontrar alguna falta o anomalía van a proceder como lo marca la ley, con sanciones que no sólo impactan en el ámbito administrativo, sino también en el penal.
"Se va a constatar que no hayan violentado las normas administrativas, los bienes hayan sido adquiridos, acrediten el carácter de necesarios, su destino final, que no se haya caído en algún conflicto de intereses, abuso de autoridad o acto de corrupción".
Subrayó que el mecanismo de adquisición, a través de adjudicaciones directas lo permite la ley en casos de urgencia como este, donde no podían esperar tres o cinco meses para cobrar implementos para los médicos, respiradores, medicamentos, guantes, cubrebocas, gel, caretas ni para llevar a cabo los trabajos de desinfección necesarios para evitar contagios y garantizar espacios seguros de estancia en el sector público.
MMCF