Ante la Cumbre virtual de líderes sobre el clima, convocada por el presidente estadunidense Joe Biden, México llega con una política que prioriza la generación de electricidad con combustóleo y carbón, que tienen graves impactos a la salud, el territorio y el medio ambiente, a pesar de que en los últimos años, diversas naciones han anunciado metas ambiciosas para alcanzar emisiones netas cero, mientras que el país disminuyó la ambición de reducción de contaminantes.
Así lo señala el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA), integrado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Bicitekas, Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, CEMDA, El Poder del Consumidor, Frente de Organizaciones de Transporte Colectivo y Alternativo, Fundación Tláloc, Greenpeace México, International Council on Clean Transportation, Iniciativa Climática de México, Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo capítulo México, Red por los Derechos de la Infancia en México, Redspira, Transita Seguro y Fondo Mundial para la Naturaleza.
Este 22 de abril de 2021, en el marco del Día de la Tierra, se llevará a cabo la Cumbre Virtual de Líderes sobre el Clima convocada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que se espera la participación de 40 líderes mundiales de países que en conjunto emiten cerca del 80 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), y dentro de los cuales México ocupa el lugar 12 como país que mayores gases emite.
“El objetivo de esta cumbre de alto nivel es lograr establecer metas climáticas conjuntas más ambiciosas, alineadas con un incremento de temperatura por debajo de dos grados Celsius y con miras a limitarlo a 1.5 para reducir el riesgo de los impactos asociados al calentamiento global y mitigar la catástrofe climática global”, resaltaron.
De acuerdo con el observatorio, se espera que los líderes anuncien mayores esfuerzos en mitigación y adaptación con acciones concretas como la descarbonización del sector energético y de la generación de electricidad.
Además de la sustitución del carbón y de combustibles fósiles altamente contaminantes, como el combustóleo y el gas natural, es un compromiso que muchos países han adoptado para acelerar la transición energética y el cumplimiento de sus metas climáticas plasmadas en el Acuerdo de París.
Sin embargo, subrayaron que, contrario al objetivo de la cumbre, el Acuerdo de París y del marco legal mexicano en materia de cambio climático y energía, la actual política energética del gobierno federal agudiza las causas de la crisis climática y, con ello, vulnera diversos derechos humanos como la salud, al ambiente sano, la vida, entre otros, pues apuesta por la intensificación del uso de combustibles fósiles.
“Tan solo de 2001 a 2013, los afectados por los fenómenos climatológicos ascendieron a 2.5 millones de personas y los costos económicos sumaron más de 338 mil millones de pesos”, alertó.
Las organizaciones sostienen que la administración actual ha pedido a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incrementar el uso de combustóleo y el consumo del carbón, a pesar de los gravísimos impactos sociales, económicos y ambientales asociados a dichos combustibles.
“Las personas que habitan en las poblaciones locales son quienes sufren directamente las consecuencias de una política energética basada en estos combustibles”, resaltaron.
Explicaron que el combustóleo libera a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de azufre, que causa irritación en las vías respiratorias e inflamación en los pulmones, y de carbono negro, un contaminante climatico de vida corta (CCVC), que debido a su tamaño (cuarenta veces más pequeño que un grano de sal), puede penetrar profundamente en los pulmones de las personas, causando una disminución de la función pulmonar y el desarrollo de enfermedades como el asma, especialmente en los niños y niñas.
De igual manera, la combustión del carbón genera contaminantes tales como mercurio, plomo y dióxido de azufre. Además, el combustóleo y el carbón son causantes de muertes prematuras derivadas de la contaminación del agua y aire. De manera indirecta, toda la población sufre de los impactos negativos exponenciales del cambio climático en nuestros territorios.
“Las organizaciones firmantes buscamos que México tenga una política energética congruente con las necesidades ambientales y sociales, que promueva una transición energética justa y con enfoque de derechos humanos y tendiente a evitar un aumento superior a los 1.5 grados Celsius, lo que permitirá mitigar los impactos negativos del cambio climático”, informó.
Además, el 22 de abril, gracias al esfuerzo colectivo de organizaciones de la sociedad civil y la población, entrará en vigor el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) que garantiza el derecho humano a un medio ambiente sano a través del acceso de la población a la participación, y a la justicia ambiental.
De igual manera, desde 2017, el Estado mexicano forma parte de la Alianza para la Transición más allá del Carbón que plantea eliminar el carbón en la generación de electricidad antes de 2040, sin embargo, no ha dado pasos significativos ni concretos para cumplir con este compromiso, sino por el contrario las medidas y políticas adoptadas muestran incluso un retroceso en el tema.
“México tiene un rol fundamental dentro de la Cumbre, no sólo por los acuerdos adquiridos en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sino también por la extensa red de tratados de libre comercio de México en materia laboral, derechos humanos y energía, que ha suscrito con otros países. La agenda bilateral se basa en la cooperación, la solidaridad internacional, la confianza y la atención a retos que trascienden los límites político-administrativos”, recordó.
Subrayaron que, por ello, es importante que se compartan las ambiciones climáticas y estrategias de mitigación y adaptación. Además, ambos países enfrentan problemas comunes, tales como el incremento del flujo de migrantes climáticos, agudización de la sequía, mayor frecuencia y profundización de impactos por fenómenos hidrometeorológicos extremos, entre otros.
“Hacemos un enérgico llamado para que, durante la cumbre, México cumpla con sus obligaciones constitucionales de respetar los derechos humanos a la salud, a la participación y a un medio ambiente sano, tal como lo mandata la Constitución y observe con sus compromisos internacionales en materia de cambio climático.
“La transición energética en nuestro país debe ser justa y con enfoque de derechos humanos y por tanto, debe atender y mitigar los impactos locales negativos de la generación de energía eléctrica; garantizar un reparto justo de beneficios que reduzca las desigualdades; generar alternativas con tecnologías sustentables; y propiciar el diálogo y la participación de la población en la toma de decisiones en materia energética y ambiental”.
Por ello, consideró urgente que México defina una ruta clara y a corto plazo la sustitución del carbón y combustóleo, con especial atención en el respeto a los derechos humanos de generaciones presentes y futuras; así como la generación de alternativas económicas para las regiones impactadas.
De igual manera, es fundamental que la CFE suspenda “de manera inmediata” el uso de estos combustibles en la generación de energía, apuntaron.
LP