A pesar del valor ambiental y cultural de reservas de la biosfera como el santuario de la Mariposa Monarca o el Viscaíno, además del sitio sagrado Wirikuta, la industria minera ha dejado 65 basureros tóxicos en Áreas Naturales Protegidas (ANP).
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que de las 585 presas de jales de la industria minera identificadas por la Secretaría de Medio Ambiente, un total de 65 se encuentran dentro de 17 ANP, son 11 federales y seis estatales.
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Además de que otras 157 presas de jales están ubicadas a una distancia de entre uno y cinco kilómetros de diversas áreas naturales protegidas del país; de esa forma, CartoCrítica, Reforestamos, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultora Sostenible, Poder, Fundar, Observatorio Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, el Centro para la Diversidad Biológica y Wildland México urgieron al Senado a proteger esos sitios megadiversos.
“Dadas las amenazas que la minería representa para las ANP, es urgente que el Senado dictamine y apruebe ya la reforma al artículo 46 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) que prohíbe las actividades mineras dentro de las ANP; ésta reforma ya fue aprobada por la Cámara de Diputados en el pasado periodo de sesiones”, indicaron.
Las organizaciones explicaron que el Inventario Homologado Preliminar de Presas de Jales presentado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en septiembre pasado, reúne la información sobre 585 presas de jales de la industria minera distribuidas por todo el país.
Los remanentes de la actividad minera o jales mineros son apilamientos de residuos sólidos que quedan al extraer los minerales de las rocas; estos permanecen en los territorios por décadas, generalmente sin que se les dé ningún tipo de tratamiento para reducir su impacto ambiental. Se consideran residuos peligrosos por sus altas concentraciones de metales pesados, que contaminan de manera irreversible los suelos, los cuerpos de agua y el aire.
La información oficial muestra que en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, una de las cinco Reservas de la Biosfera afectadas por actividades mineras, existen tres presas de jales, una de ellas en la zona núcleo, un área que por ley, debería estar blindada de actividades industriales.
Hay otros casos alarmantes, como el del área de protección de recursos naturales Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego, en Nayarit, donde se identificaron 17 presas de jales.
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En la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno, en Baja California Sur, estratégica para la conservación de los recursos hídricos en la región; se identificaron cinco presas de jales. Además, se suma la presencia de remanentes en sitios que albergan un gran valor histórico y cultural, como Wirikuta, área protegida estatal ubicada en San Luis Potosí.
De acuerdo con las organizaciones, el impacto ambiental de los residuos mineros en los ecosistemas es incalculable: la dispersión constante de metales pesados en el aire, agua y los suelos afecta gravemente a la flora y la fauna silvestres; esto se debe a que los metales pesados que se dispersan por el agua o el viento tienden a acumularse y filtrarse en la superficie del suelo y en la vegetación que la fauna silvestre consume, por lo que también puede acumular metales pesados.
A esto se suma que, con el cambio climático, se presentan fenómenos meteorológicos extremos como lluvias prolongadas e inundaciones que son un factor de riesgo para el derrame de las presas de jales y de dispersión e infiltración de los contaminantes que éstas contienen. Por ello, las presas ubicadas a pocos kilómetros de las ANP también representan una amenaza para estos espacios naturales únicos.
“La existencia de este tipo de residuos peligrosos dentro de las áreas protegidas del país representa un peligro para estas zonas, que han sido expresamente protegidas para garantizar la conservación de cientos de especies (de flora y fauna silvestres) en riesgo”, detallaron.
Resaltaron que las ANP resguardan entornos naturales fundamentales para la cultura y la identidad nacional, en especial, de los pueblos originarios que las habitan.
“Es muy grave que en las ANP se permita la operación de proyectos mineros. Actualmente, hay 73 proyectos mineros en operación dentro de estas áreas protegidas y, más grave aún, que haya 65 presas de jales con residuos altamente peligrosos en zonas protegidas”, demandaron.
Por ello, sostuvieron que dadas las amenazas que la minería representa para las ANP, es urgente que el Senado dictamine y apruebe ya la reforma al artículo 46 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) que prohíbe las actividades mineras dentro de las ANP; la cual ya fue aprobada por la Cámara de Diputados en el pasado periodo de sesiones.
“Desde la sociedad civil colaboraremos con el Senado para lograr en este período la aprobación inmediata de la iniciativa, fundamental para proteger el patrimonio natural del país”, concluyeron.
LP