La Ley de Salud del Estado de Puebla considera una multa económica de casi medio millón de pesos para casos como el de la Clínica Detox, donde Diana P. y Carlos Q. fingieron ser médicos para la práctica de cirugías estéticas, poniendo en riesgo la salud de los pacientes.
Ante el caso de Blanca Adriana Vázquez Montiel, que desapareció el pasado 18 de mayo tras ingresar al inmueble para un procedimiento con valor de 14 mil pesos, Multimedios hizo un análisis a la normativa aplicable para la realización de cirugías y procedimientos quirúrgicos en espacios públicos o privados.
El artículo 259 Bis de la citada ley exige que cualquier tipo de cirugía plástica, estética o reconstructiva sea realizada en lugares con licencia sanitaria vigente y atendidos por profesionales de salud especializados, lo que para este caso no ocurrió.
Lo anterior, una vez que la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dpris) de Puebla acreditó que los presuntos responsables de la desaparición de Blanca Adriana, madre e hijo que promocionaban cirugías en redes sociales, no tenían preparación profesional ni contaban con autorización de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para tales tareas.
La ley estipula que en casos como éste, la Cofepris, la Dpris o la propia Secretaría de Salud estatal deberán presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, pues se puso en riesgo la salud de la población, principalmente de los pacientes que confiaron en sus procesos, como sucedió con Blanca Adriana.
En ese sentido, se considera una sanción administrativa contra quién resulte responsable, que abarca desde mil a 4 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, una multa económica que oscilará entre los 117 mil 310 a los 469 mil 240 pesos.
No obstante, la Ley de Salud en Puebla toma en cuenta el tiempo como factor indispensable para la aplicación de las sanciones correspondientes, ya que en su artículo 339 considera la prescripción de irregularidades administrativas contra los responsables después de cinco años de su ocurrencia.
Es decir, las irregularidades sanitarias que Dpris localizó en Clínica Detox, actualmente con sellos de suspensión total, podrán usarse como prueba contra Diana P. y Carlos Q. como máximo hasta mayo de 2031, que usaron documentos falsos para acreditarse como médicos cirujanos y actualmente están prófugos de la justicia.
Ambos, madre e hijo, son los principales sospechosos de la desaparición de Blanca Adriana, de 37 años, cuyo cuerpo presuntamente fue localizado en Altzayanca, Tlaxcala, luego de acudir a Clínica Detox para una procedimiento estético pero desde entonces no fue vista con vida de nuevo.
BTO