DOMINGA.– Una mujer originaria de Afganistán, a quien llamaremos Aisha, había huido del régimen talibán en 2024. En su camino hacia Estados Unidos buscó en Tapachula quién podría ayudarla a abortar. Por Facebook contactó a una red organizada que acompaña a las mujeres que desean interrumpir sus embarazos en la frontera sur, la Red Estatal Aborta Libre Chiapas. Las participantes se hacen llamar acompañantas.
En Afganistán, tras la vuelta de los talibanes al poder en 2021 las mujeres tienen prohibido asistir a la escuela, hacer deporte o trabajar. En el país musulmán el aborto se castiga con cárcel. Luego de cruzar medio hemisferio, y de haber intentado abortar clandestinamente en su país sin éxito, Aisha llegó embarazada a México. Debido al contexto sociopolítico, nunca supo qué medicamentos le administraron y no funcionó.
En Chiapas, la red se activó para ayudar a la afgana. No hablaba español y tampoco inglés, pero entre las chicas de la red se organizaron para hacer enlaces con otras colectivas fuera del estado y que alguien les ayudara a comunicarse con Aisha. Se contactaron con un grupo de acompañantas de España que hicieron la traducción. Así pudieron entregarle los medicamentos que necesitaba para llevar a cabo el aborto en Tapachula, y consiguieron un espacio para que la mujer pudiera realizar el proceso tranquila y descansar.
“Nosotras escribíamos a España y la chica de España escribía a Tapachula, y era un ir y venir de información”, cuenta Andrea Miguel, una de las acompañantas en Tapachula. “Fue bastante complejo pero sabíamos que nadie más la iba a ayudar. ¿Quién iba a intentar todo esto?”, reflexiona.
Andrea es una joven fisioterapeuta de 26 años que es parte de esta red feminista. Y el ejemplo muestra cómo funciona: mujeres se organizan para hacer un trabajo que le corresponde al Estado, garantizar abortos libres, seguros y gratuitos. Aunque en Chiapas es legal hasta la semana 12 de gestación desde noviembre de 2024, en los hospitales el personal no siempre está capacitado, muchas veces no cuentan con los medicamentos necesarios y, si realizan los procedimientos, lo hacen sin el acompañamiento ni la atención personalizada que requiere cada mujer. Además, para las mujeres migrantes en la frontera sur, estos servicios difícilmente están disponibles y sus opciones se centran en el apoyo de la sociedad civil.
Desde hace dos años y medio, Andrea acompaña abortos. Ella vive en Cacahoatán, una ciudad un poco más pequeña que Tapachula, que se ubica en la frontera con Guatemala, al pie del volcán Tacaná, que forma parte de la Reserva de la Biosfera, un área natural protegida. Por la ubicación geográfica en la que nació, ha convivido desde pequeña con las migraciones y le ha tocado acompañar casos de mujeres en movilidad que necesitan acceder a su derecho a la interrupción del embarazo. También ha ayudado a mujeres de Guatemala que las buscan desde allá.
Las redes sociales sirven de puente y gracias a la tecnología ninguno de estos procedimientos tiene que ser presencial, la mayoría de los acompañamientos se realizan por teléfono.
“A veces el medicamento ellas solitas lo pueden conseguir en sus farmacias más cercanas. Así, solamente yo les brindo la información de cómo realizar el proceso. Estoy pendiente de cuando lo realicen, de sus síntomas, de todo e incluso después de que ya sucedió el proceso, de cómo se sienten ellas, si requieren apoyo psicológico, si requieren alguna revisión médica o algún ultrasonido después. Nosotras nos encargamos de todo, del antes, del durante y del después”, comenta.
A partir de la guía técnica que lanzó la OMS para ofrecer atención para un aborto sin riesgos y proteger la salud de las mujeres, con mifepristona y misoprostol, el conocimiento se democratizó, se difundió masivamente y se convirtió en una herramienta indispensable. Las redes sociales jugaron un papel clave.
El primer contacto puede ser a través de sus cuentas en redes sociales y de manera anónima. La cuenta de Instagram es @abortalibrechiapas, ahí las mujeres que lo decidan pueden enviar un mensaje y de inmediato la red se pone en contacto para saber cuáles son sus necesidades: “quiero información para hacerlo en casa”, “quiero hacerlo en un hospital en Chiapas” o “quiero opciones privadas”.
La red tiene 35 integrantes que se encuentran en distintos puntos del territorio, desde la capital, Tuxtla Gutiérrez, hasta la frontera sur. Es la única red en Chiapas y trabajan de la mano de otras colectivas feministas y organizaciones humanitarias. Muchas de sus integrantes son médicas, psicólogas y abogadas, la conforman mujeres de distintas profesiones u oficios.
Entregan ‘kits’ para el aborto a cualquier mujer que lo necesite
En San Cristóbal de las Casas, un valle rodeado de sierras y montañas, la capital cultural de Chiapas, donde hasta los muros de calles empedradas hablan de rebeldía y derechos, hay varias integrantes de la red. Irazú Gómez, antropóloga feminista, especializada en temas de derechos sexuales y reproductivos, es una de ellas.
En un día frío y brumoso de enero, una postal típica en San Cristóbal de las Casas, explica que la red funciona gracias al trabajo diario, hormiga, de sus integrantes. No sólo dan información, también kits para el aborto a cualquier mujer que lo necesite. “Tenemos comunicación todo el tiempo. Entonces hay un traslado de kits, de los implementos que se necesitan, hay una acompañante o más de una acompañante en cada uno de los municipios atendiendo a las mujeres”.
Esta red surgió de otra, la Red por la Justicia Reproductiva de Chiapas, que daba la batalla por la despenalización del aborto en el congreso local, como parte de la Marea Verde. Pero como suele suceder en estos casos, ante el vacío institucional, las mujeres no esperaron y crearon de manera autogestiva la Red Estatal Aborta Libre Chiapas en 2023. Tras la aprobación de la despenalización en el Congreso de Chiapas un año después, sus integrantes pasaron de una cierta clandestinidad a dar pláticas y talleres en hospitales públicos sobre sus experiencias.
“Es una práctica reproductiva que ha estado presente en la vida de todas las mujeres o de la mayoría de las mujeres de todas las generaciones, muchas veces no lo cuentan o incluso se les prohíbe contarlo, mencionarlo, pero eso no quiere decir que la práctica de la interrupción no está ahí, siempre está ahí”, reflexiona Irazú.
“Las mujeres siempre nos acompañamos en distintos caminos y en el reproductivo también”, agrega. Es verdad, las mujeres siempre se han ayudado a parir, a criar y a abortar, históricamente lo han hecho, como documenta Mujer, raza y clase (Akal, 2022), de Angela Davis. A principios del siglo XX, cuando el aborto era criminalizado, las mujeres trabajadoras compartían información sobre lugares seguros, métodos y contactos, funcionaba como una red clandestina de cuidado.
En la mayoría de los casos las acompañantas compran los medicamentos con sus propios recursos. “Hacemos una vaquita, hacemos una coperacha, lo que se pueda, pero damos el medicamento”. Irazú señala que la mayoría de quienes integran la red han atravesado una interrupción del embarazo, legal o no. Además, en su caso, desde su formación como antropóloga social, concluyó que frente a las carencias institucionales y la falta de derechos no bastaba con la discusión teórica, sino que era necesario incidir mediante la participación directa.
Para ella, aunque la despenalización ya es una realidad en la mayoría de los estados del país, falta “la desestigmatización en términos culturales”. “Porque todavía sigue siendo un tabú el abortar y porque todavía se piensa en la maternidad como algo que es obligatorio para todas las mujeres”.
En México la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional penalizar el aborto en 2021 y ordenó al Congreso reformar la ley para sacarlo del Código Penal Federal en 2023, sin embargo, eso no ha ocurrido. Por sí misma la decisión de la Corte tiene efectos y las instituciones federales de salud, como IMSS e ISSSTE, están obligadas a prestar el servicio a quien lo solicite. Mientras tanto, en 25 entidades del país ya se ha despenalizado.
Los riesgos que enfrentan las mujeres migrantes al cruzar por México
Desde al menos hace una década, las mujeres migrantes que transitan por México con rumbo a Estados Unidos, se inyectan un anticonceptivo, Depo-Provera (acetato de medroxiprogesterona). Coloquialmente le llaman “vacuna antiMéxico”: conocen que pasar por este país es un riesgo en todos los sentidos, que incluye una posible agresión sexual en el camino, que toman en su travesía por carreteras y poblados bajo su propia suerte, y no quieren quedar embarazadas. Este anticonceptivo se vende en farmacias, su costo va de 540 a 700 pesos, un precio que no cualquiera puede pagar.
Alejandra Conde, una antropóloga social que colabora en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, trabajó casi cinco años en un albergue migrante en Tenosique, Tabasco, y ahí varias mujeres le contaron que habían sido violentadas sexualmente en este país. Por todo lo que habían escuchado sobre los riesgos en el trayecto, previamente se habían inyectado Depo-Provera.
“La conclusión es que ellas saben que existe la posibilidad de que sean abusadas, pero toman precauciones para eso, en lugar de no migrar. El vivir violencia en el tránsito no las detiene de realizarlo porque seguramente en sus países están viviendo peores situaciones que las que pudieran vivir en el tránsito”, dice Alejandra.
Las violaciones y los abusos son una constante en la ruta migratoria. Médicos Sin Fronteras reportó que entre enero y agosto de 2024 atendió 744 casos de violencia sexual de personas en movilidad durante su trayecto por México hacia Estados Unidos, 90% eran mujeres. Y es que al riesgo asociado a la violencia de género se añade una condición adicional: la de ser mujer migrante.
Según estimaciones de Naciones Unidas, si una de cada tres mujeres en el mundo ha experimentado violencia física o sexual, las mujeres en situación de movilidad enfrentan un riesgo mayor. Además, las mujeres migrantes enfrentan barreras para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.
La falta de regularización migratoria limita su acceso a servicios de salud, ya que en hospitales y clínicas suelen solicitar documentos oficiales o comprobantes de estancia que muchas no poseen. A esto se suman experiencias de discriminación, racismo, desinformación y el temor a una detención o deportación.
Las barreras de acceso al aborto para las mujeres migrantes
En el consultorio de Médicos del Mundo en Tapachula se entregan también kits para interrumpir embarazos con acompañamiento médico y orientación durante el proceso. El consultorio está dentro de las oficinas de la organización francesa de ayuda humanitaria, cerca del Parque Central Miguel Hidalgo donde suelen congregarse personas migrantes y cerca de las oficinas principales de atención migratoria que hay en la ciudad.
El equipo de Médicos del Mundo canaliza casos específicos. Por ejemplo, si la persona decide priorizar el acceso a la justicia en caso de haber sufrido violencia sexual, el equipo facilita el contacto con la fiscalía para iniciar denuncias, además de ofrecer atención en salud mental y apoyo psicosocial. Desde Tapachula, la doctora Lourdes Faviel señala que una de las barreras a las que se enfrenta la población migrante que quiere o necesita interrumpir un embarazo es que no en todos los hospitales o clínicas tienen los medicamentos debido al desabasto al que se enfrentan.
Otra barrera es el idioma. En los últimos años ha aumentado la llegada de personas provenientes de Haití y Afganistán que no hablan español ni inglés, lo que dificulta la comunicación durante las consultas y el acceso a información clara sobre sus opciones de atención. Coincide Alejandra Elizalde, quien es parte de la organización Movilidades Libres y Elegidas - Colibres, que en 2024 presentó un diagnóstico sobre las barreras para el acceso al aborto de mujeres embarazadas en movilidad. Alejandra resume el informe en una frase: “el acceso al aborto para las mujeres en las migraciones es complejísimo, casi imposible”.
En su trabajo cotidiano, ella, sus compañeras y otras colectivas detectaron que el acceso se lograba casi exclusivamente si las mujeres migrantes estaban siendo acompañadas por organizaciones. “Sabíamos de testimonios directos de mujeres que no lograban ejercer su derecho al aborto siendo migrantes”, cuenta.
Sin embargo, la falta de acceso a los servicios públicos de salud no impidió que las mujeres migrantes interrumpan sus embarazos.
“Las mujeres cuando necesitamos abortar, pues abortamos. Y mucha de la lucha de los propios feminismos históricos es garantizar las mejores condiciones para algo que de por sí va a pasar y va a seguir pasando”, dice Alejandra.
De manera paralela, Médicos del Mundo organizan pláticas informativas para resolver dudas frecuentes sobre el aborto, sus efectos y los tiempos de recuperación.
Lourdes Faviel cuenta que siempre escucha muchas dudas: “¿Es malo abortar?, ¿qué tan seguido podemos abortar?, ¿qué consecuencias puede tener?, ¿si tengo un aborto me tengo que quedar en mi casa sin hacer nada o puedo hacer mi vida normal? o ¿qué pasa después de un aborto?”.
Durante estas sesiones explican a las usuarias que los medicamentos actualmente son seguros y eficaces para los procesos de autoaborto. En estas jornadas desmontan mitos con información basada en evidencia. En promedio realizan tres interrupciones al mes. El servicio con mayor demanda es la entrega de métodos anticonceptivos, entre 60 y 70% de las consultas.
Chiapas es una sociedad conservadora y religiosa
Migrar no fue una decisión fácil, tampoco abortar. Celia tenía cinco semanas de embarazo pero, a sus 18 años, sólo podía pensar en la carrera de Economía que tuvo que abandonar en Cuba, luego de verse obligada a migrar. Hace un año, junto con su madre, dejó Pinar del Río para comenzar una nueva vida en Tapachula, donde encontró un clima húmedo y un paisaje de agricultura tropical –café y cacao– que le recordó a su tierra, la meca del tabaco.
Su travesía inició en un avión en La Habana y terminó en un taxi de Guatemala a México, el 13 de febrero de 2025. En sus planes nunca estuvo irse a Estados Unidos, mucho menos seguir el llamado “sueño americano”. Le gusta Chiapas, confiesa, atraída por su comida y su cultura. Pero se vio empujada a dejar la isla por la situación económica. “Era insostenible”, dice. Tampoco estaba en sus planes ser madre. Supo que estaba embarazada al cumplir su primer año en México, tuvo miedo: en tierra ajena no sabía a quién recurrir.
En Cuba el aborto se logró en 1965, fue el primer país de América Latina y el Caribe en hacerlo. Pero en México, a pesar de la despenalización en 25 estados, cada uno lo regula distinto. En Chiapas, donde el Congreso local avaló la despenalización en noviembre de 2024, no hay mucha información disponible a la que tuviera acceso Celia. Especialistas consideran que faltan campañas de difusión estatales.
Chiapas tiene una población conocida por ser muy religiosa y conservadora, es una de las entidades con mayor diversidad de religiones en el país, como el catolicismo, el evangelismo, pentecostalismo y los Testigos de Jehová. No faltaron los comentarios de conocidos y desconocidos que intentaron convencer a Celia de no abortar. “Eso está mal” o “Vas a matar a una criatura”.
Su expareja, un joven mexicano de 20 años, a quien conoció al poco tiempo de haber llegado al país en una zapatería de Tapachula, le advirtió que no apoyaba la idea de un aborto con un argumento católico. Eso es un pecado, le dijo. Para Celia este fue motivo suficiente para terminar la relación de casi un año. “Él no entiende que yo tenía planes, mi beca, quiero salir adelante. Esto no puede ser así. Era una persona muy machista”.
Su prioridad en este momento es regularizar su situación migratoria y que le envíen sus papeles de Cuba para continuar sus estudios, está en proceso de obtener una beca en México. Por ello, decidió interrumpir su embarazo.
“La que manda soy yo aquí en mi cuerpo”, dice Celia cinco días después de llevar a cabo el aborto. Ella viene de una generación que creció con esa convicción, herencia de mujeres que durante décadas lucharon por el derecho a decidir sobre sus cuerpos. La joven cubana no contó con su novio, pero sí con sus vecinas y su madre.
Aunque los servicios de salud estatales ya realizan interrupciones del embarazo, y sólo en Chiapas en 2025 se registraron en el sistema público 737 abortos en la entidad, Celia prefirió no acudir con ellos, le dio temor. Había escuchado de negligencias médicas: una amiga suya tuvo una infección tras ponerse un método anticonceptivo en un hospital público, y a una conocida no le hicieron correctamente la diálisis.
Primero buscó en redes sociales al colectivo Red Estatal Aborto Libre Chiapas, quienes le brindaron información, y luego tuvo el apoyo de una doctora de Médicos del Mundo. Una amiga suya le dijo que la organización humanitaria podía ayudarla de manera segura y gratuita. La médica evaluó su caso y le proporcionó un kit con pastillas para que ejerciera un aborto autónomo. Con cinco semanas, primero tomó mifepristona y 24 horas después misoprostol. La doctora la monitoreó en los siguientes días.
“Después del procedimiento he pasado por diferentes emociones, claro. Está bien sentir algo de culpa, está bien sentir algo de alivio, está bien no sentir nada, pero lo único que digo, ‘es tu cuerpo, es tú decisión’”, concluye Celia.
GSC/ATJ