La remoción de Juan Francisco Vera Ayala de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, tras el polémico mega decomiso de 59 millones de litros de hidrocarburo fue derivado de una “actuación torpe” de la dependencia federal así lo señaló el exsecretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Juan Miguel Alcántara Soria.
Dijo, que la información del mega decomiso se difundió sin que previamente se hubiera realizado una investigación suficiente sobre el origen del combustible almacenado en el inmueble por lo que enfatizó que ahora se debe revisar la actuación de todas las corporaciones de seguridad que intervinieron.
“Esta salida del fiscal de la República en Guanajuato revela una actuación torpe porque sin una investigación adecuada y con información contradictoria en los tiempos de la supuesta revisión del almacén en San José Iturbide del supuesto aseguramiento”, señaló.
Alcántara Soria indicó que además el caso evidencia que antes de presentar públicamente el operativo como un aseguramiento histórico debió establecerse el origen y la legalidad del combustible que se encontraba almacenado en el inmueble.
Por lo que enfatizó:
“Hay que revisar la actuación de las fuerzas públicas de Guanajuato, porque si eso le pasa a una empresa con las capacidades económicas como las que tiene la almacenadora en San José Iturbide, que actúa con permisos y ya los exhibió federales, estatales y municipales, con una inversión visiblemente cuantiosa, pues ¿qué no le puede pasar a cualquier ciudadano común de nuestro país o estado?”.
Por su parte, Víctor Sánchez Valdés, catedrático de la Universidad autónoma de Coahuila, consideró justificada la salida de Juan Francisco Vera Ayala de la delegación de la FGR en Guanajuato, y coincidió con Alcántara Soria al señalar que la dependencia debió realizar verificaciones más profundas antes de proporcionar información sobre el supuesto aseguramiento.
Añadió que, aunque pudieron participar distintas autoridades en el operativo, las consecuencias para cada funcionario deben definirse de acuerdo al grado de responsabilidad, sin asumir de entrada que todos deban ser separados de sus cargos.
“El hecho de que se haya afirmado que toda la instalación era huachicol fiscal y que luego se probó que no, pues entonces dejó muy mal paradas a las autoridades federales y, evidentemente, a quien la representaba en el estado de Guanajuato, en este caso, pues el delegado de la Fiscalía”, expresó.
Sánchez Valdés reiteró que las características del inmueble asegurado debieron llevar a las autoridades a realizar una investigación más detallada antes de presentar el operativo como un aseguramiento de una instalación presuntamente
relacionada con actividades ilícitas.
Además, el investigador subrayó que se debió considerar durante la investigación el contexto local, pues una instalación con años de operación en San José Iturbide era conocida por habitantes de la zona.
“Asumo yo que alguien que ha vivido toda su vida en San José Iturbide, pues al menos ya está habituado a esa instalación. Muchos de ellos quizás saben de qué se trata, entonces, parece ser que no preguntaron a nadie local, no tuvieron ese cuidado del contexto de la zona”.
El especialista en seguridad David Saucedo calificó el caso como una investigación trunca y un trabajo policial endeble. Señaló que la delegación de la FGR en Guanajuato avanzó sin corroborar los datos y presentó como un golpe al huachicol un operativo donde la investigación sobre el origen del combustible aún estaba en proceso.
“Ahora queda en claro que se trató de una investigación trunca, un trabajo de investigación policial endeble, estaba en proceso la investigación sobre el origen del hidrocarburo, y se apresuraron con la idea de dar un golpe mediático, un golpe de impacto, que no fue tal”, aseveró.
Saucedo consideró que, bajo esa lógica, la responsabilidad principal corresponde al entonces delegado de la FGR en Guanajuato, al señalar que fue esa instancia la que aportó los elementos para avanzar con la intervención.
“Me parece que ahí el error sí que recae completamente en la delegación de la Fiscalía. Quizá el único error que si le pudiéramos achacar a Juan Mauro fue que él, en materia de comunicación, también salió a respaldar este operativo, salió a presumir a los medios algo de lo que él mismo tampoco tenía información”, concluyó.