El especialista en seguridad Juan Miguel Alcántara Soria señaló que los ataques registrados el 22 de enero de 2026 en distintos municipios de Guanajuato y en otros estados del país, ocurridos tras el asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación, encuadran jurídicamente como actos de terrorismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 139 del Código Penal Federal.
Explicó que dicho artículo contempla penas de 15 a 40 años de prisión, además de multas económicas, para quien utilice explosivos, armas de fuego, incendios u otros medios violentos con el propósito de generar alarma, temor o terror en la población, ya sea contra bienes públicos o privados, o contra la integridad y la vida de las personas, con el fin de presionar a la autoridad o a particulares.
Alcántara Soria indicó que, a partir de la redacción vigente del artículo reformado en junio de 2024, las conductas registradas durante esa jornada cumplen con los elementos del tipo penal, ya que se emplearon explosivos, armas de fuego e incendios contra bienes y servicios públicos, como gasolineras, así como contra establecimientos privados; además, se reportaron ataques que pusieron en riesgo la vida de personas. Señaló que estos hechos generaron alarma y temor generalizado en la población.
Agregó que el propio artículo contempla agravantes cuando los actos se cometen contra bienes de acceso público, cuando se afecta la economía o cuando se utiliza tecnología como aeronaves pilotadas a distancia, supuestos que, afirmó, también se observaron en algunos de los hechos registrados.
Como antecedente, recordó que la entonces Procuraduría General de la República procesó por terrorismo a los responsables de los ataques con explosivos durante la celebración del Grito de Independencia en Morelia, en 2008. En ese contexto, mencionó que la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato informó que abrió carpetas de investigación por actos de terrorismo derivados de los hechos ocurridos el pasado 22 de enero en diversos municipios del estado.
El especialista también señaló que, tanto en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador como en el actual gobierno de Claudia Sheinbaum, se ha evitado calificar públicamente estos hechos como terrorismo, ante el riesgo de que dicha clasificación pueda ser utilizada por el gobierno de Estados Unidos para justificar algún tipo de intervención en México.
Finalmente, recordó que México forma parte del Comité Interamericano contra el Terrorismo, organismo que tiene entre sus objetivos reforzar la cooperación regional para perseguir, capturar, juzgar y sancionar a los responsables de actos terroristas, así como analizar las implicaciones jurídicas internacionales cuando autoridades gubernamentales apoyan o financian a personas o grupos que incurren en este tipo de conductas.