En lo que va de la actual administración, el Ayuntamiento de Puebla ha retirado 57 estructuras que obstruían la vía pública e invadían áreas verdes y banquetas, informó la secretaria de Gestión y Desarrollo Urbano, Karina Romero Sáenz.
La funcionaria detalló que estas intervenciones abarcan desde construcciones hasta rejas colocadas de manera irregular, las cuales impedían el libre tránsito en diversos puntos de la capital.
“Estas acciones institucionales responden a una problemática añeja que afecta principalmente a las grandes unidades habitacionales”, expresó.
Romero Sáenz señaló que la instrucción principal del alcalde Pepe Chedraui es garantizar que la ciudadanía transite de forma libre y segura, sin obstáculos que pongan en riesgo la integridad física de las personas, especialmente de niños y adultos mayores.
Asimismo, explicó que la población puede denunciar este tipo de invasiones durante las jornadas del “Día del Pueblo” o directamente en las redes sociales de la Secretaría.
“Cuando acudimos al Día del Pueblo, a veces terminamos muy tarde porque la obstrucción del libre tránsito por la colocación de estructuras —de distintos materiales y tamaños— es la denuncia más frecuente. En promedio, recibimos tres reportes a la semana”, precisó.
La secretaria puntualizó que este tipo de actos ilegales predomina en las unidades habitacionales, destacando zonas como Agua Santa, La Margarita, San Jorge, San Ramón y Rivera Anaya.
¿Cuál es el procedimiento ante las denuncias?
Sobre el protocolo de atención, especificó que una vez recibida la denuncia, esta se canaliza al área de supervisión. Si representa un riesgo inmediato, se remite a la Dirección de Gestión; en cambio, si se trata de una obra física, la atiende la Dirección de Desarrollo Urbano.
Apuntó que primero se notifica a los infractores para que retiren voluntariamente sus estructuras, ya sean mallas ciclónicas, rejas, jaulas, bolardos, casetas o ampliaciones habitacionales.
Si el ciudadano omite la notificación, se levanta un acta de visita para analizar si la obra se puede regularizar. En caso de no serlo, se procede a la clausura y el expediente se turna al área jurídica para determinar la demolición. Aclaró que, en el caso de construcciones consolidadas, interviene la Secretaría de Movilidad e Infraestructura.
Finalmente, destacó que una vez identificado al infractor, se le notifica una sanción económica para cubrir los gastos que realizó el Ayuntamiento en el retiro o demolición, cuyo monto se calcula en función de los metros cuadrados de la edificación irregular.
AAC