DOMINGA.– Un día Guadalupe García despertó en su misma casa pero en una colonia distinta. Vecina de 59 años, quinta generación de su familia en habitar el mismo predio en la calle 10 de Mayo, su historia está ligada a los orígenes del Olivar de los Padres, un barrio de la alcaldía Álvaro Obregón, de origen proletario, de ambiente familiar, comercios locales y donde se mezclan vecindades con zonas residenciales. “Nací en mi casa, todavía me tocó partera”, relata quien es parte de la memoria viva de la comunidad, desde esta colonia cuyo nombre cambió de un día para otro: las autoridades la renombraron, sin aviso alguno, “Lomas de San Ángel Inn”.
Sus antepasados se establecieron en los años treinta. Al ser una familia muy extendida, sus lazos se despliegan por las manzanas fundadoras o, como se le conoce en el barrio, la Zona Fundadores, conformada por las calles 10 de Mayo, Zamora, Transmisiones, Victoria, Acámbaro, Salvatierra, Veracruz, Belice, parte de Rómulo O’Farril y Avenida Toluca. Olivar de los Padres se extiende más kilómetros rumbo a la Supervía Poniente, pero el conflicto se centra en la Zona Fundadores.
“Muchos tíos viven aquí en la 10 de Mayo, otros en Salvatierra, somos una familia muy grande”, explica Guadalupe, describiendo el arraigo histórico en estas calles. Sin embargo, la seguridad de habitar su territorio se fracturó debido a un proceso silencioso de encarecimiento.
Hace más de diez años, la nomenclatura en los recibos de servicio cambió: ya no aparecía impreso el nombre de “Olivar de los Padres”. Ahora, por decreto no anunciado, se modificó la nomenclatura oficial de la Zona Fundadores y quedó registrado como “Lomas de San Ángel Inn”, incluso ya aparece en Google Maps, como si fuera una extensión de la colonia vecina, de mucho mayor plusvalía y cuyo ingreso de los habitantes es más elevado.
El código postal ya no era el de siempre: 01780. Ahora era: 01790. Y el cambio se realizó sin consultar a los habitantes. El golpe más severo en Olivar de los Padres se manifestó en las cifras del impuesto predial. Al revisar Guadalupe el histórico de sus recibos, el aumento resultó alarmante. “En 2008 pagaba 365 pesos. Para el año pasado, me llegó de 3 mil 816 pesos bimestrales”, detalla. Esta elevación de los costos fiscales colocó a su hogar en una situación económica límite.
“Nuestros salarios son bajos. No puedo pagar esas cifras de predial, porque no alcanza”, dice. Al acudir a realizar los trámites correspondientes, la proyección anual consolidó una deuda impagable para una familia de clase trabajadora. “Ahorita me están cotizando el año en 24 mil pesos de predial. ¡Veinticuatro mil pesos anuales! Es una cantidad exagerada, de dónde los voy a sacar”, cuestiona.
Fue ahí donde Guadalupe descubrió una disparidad que califica de injusta. “Hay personas de Lomas de San Ángel Inn que pagan menos predial que yo, siendo una zona residencial de alta plusvalía”, señala. Los vecinos explican que esta modificación obedece a los intereses de las empresas inmobiliarias y los megaproyectos que presionan los límites de la colonia. Al cambiar el nombre del plano, se eleva el valor del suelo para beneficiar los desarrollos de vivienda costosa.
Para los residentes originarios, esto se traduce en una estrategia indirecta de desplazamiento forzado a través de cobros desproporcionados: una de las caras más terroríficas de los procesos de gentrificación. “Nos están cobrando como si viviéramos en una zona de lujo, pero con los servicios y los ingresos de siempre”, dice Guadalupe.
Los habitantes ignoraban que estaban en el mismo conflicto. En noviembre de 2025, un vecino comenzó a moverse y a tocar puertas tras recibir cobros excesivos en su domicilio. Ante la gravedad del problema, la organización comunitaria nació en la propia calle cuando el cambio en los recibos oficiales se extendió a varias calles.
Al comenzar a hablar entre ellos, los vecinos descubrieron que compartían exactamente la misma problemática. La primera junta formal del barrio se celebró ese mismo mes en la esquina de las calles Salvatierra y Acámbaro, donde acudieron apenas unas cuarenta personas para compartir sus dudas. Pero ahí descubrieron que tenían en común la alza excesiva no sólo en el precio del predial: en algunos casos, el costo de la luz pasó de 200 a 700 pesos bimestrales.
La magnitud de este golpe la detalla Eduardo Reyes, vecino y miembro del comité vecinal; explica cómo la presión económica se ha convertido en una estrategia de desplazamiento indirecto: “Son precios muy altos, digamos, son anualmente hasta 90 mil pesos de predial. En una casa en la que no pagaban más de 10 mil pesos al año”. Para una población mayoritariamente de la tercera edad que subsiste de sus pensiones, dice, el dilema es devastador: o comen o pagan el predial.
El descontento se extendió rápidamente y la estructura de las juntas creció. Para la siguiente reunión, en febrero, los vecinos se organizaron para adquirir mayor alcance utilizando megáfonos y perifoneo, logrando reunir a una asamblea masiva de más de doscientas personas. A partir de juntas vecinales, la comunidad formalizó su movimiento bajo el nombre del comité “Somos Olivar de los Padres, Zona Fundadores”, uniendo fuerzas para defender su identidad y su patrimonio.
El ‘branding’ de lujo de Lomas de San Angel Inn
José Luis Ortiz lleva poco más de un año rentando una vivienda en Olivar de los Padres. Llegó al movimiento vecinal atraído por la curiosidad que le despertaron los carteles pegados en las calles en febrero, que sentenciaban: “Esto no es Lomas de San Ángel Inn”. Como historiador, decidió acudir al Archivo Histórico de la Ciudad de México para rastrear la génesis del barrio y entender las dimensiones del conflicto.
“El nombre tiene un origen colonial”, explica José Luis. Se remonta a las órdenes de sacerdotes instaladas en la zona baja de San Ángel, quienes poseían huertos de frutas en el convento del Carmen y, en la parte alta, mantenían una zona dedicada al cultivo de olivos. Con los siglos, el territorio albergó una hacienda que conservó el nombre de Olivar de los Padres y, posteriormente, durante el Porfiriato, se estableció una estación de tren llamada ‘El Olivar’. A lo largo de siglos el nombre original se fue transmitiendo, perduró y pues nos llegó hasta hoy en día”, señala.
Para la comunidad, este nombre se llenó de significados colectivos durante los últimos ochenta años, vinculados a la experiencia de habitar esa zona específica y convivir entre vecinos. El rastreo documental de José Luis ubica los orígenes de la colonia moderna en la década de 1930, ligada a registros de personas que trabajaban en los ranchos circundantes y en un tanque de agua potable que surtía a Mixcoac.
En el Archivo Histórico, José Luis localizó el primer plano oficial del barrio, fechado en 1944. “Muestra que una de las primeras cosas que había en Olivar de los Padres era un tanque de agua. Y la gente que echaba andar ese tanque vivía aquí en los alrededores”, relata. En el mapa original se lee la inscripción “Casa de adobe Odilón Segura, trabajador [de] agua potable”, una prueba documental de que el Olivar nació como un asentamiento de familias trabajadoras.
El reconocimiento oficial se publicó en el Diario Oficial de la Federación en 1944, estableciendo que el Olivar de los Padres era un barrio del Distrito Federal. Los límites de la cuadra fundadora quedaron registrados entre la Avenida Toluca, Zamora y Transmisiones, trazándose las calles contiguas –como 10 de Mayo, Victoria, Acámbaro y Salvatierra– en los años posteriores. Son esas calles, más Veracruz, Belice y Rómulo O’Farril, las más afectadas por el cambio de nomenclatura.
La historia de Lomas de San Ángel Inn es completamente distinta. “Lomas de San Ángel no existía en 1944”, precisa José Luis, explicando que se inauguró como fraccionamiento entre 1950 y 1957 por la misma compañía inmobiliaria que desarrolló Ciudad Satélite. Su origen responde a dinámicas de mercadotecnia urbana: “El puro nombrecito de Lomas es una especie como de etiqueta, como de branding, de marketing, de desarrollo urbano. Se promocionó como una especie de suburbio a lo American Way of Life, se promocionaba en revistas en inglés para extranjeros”.
Mientras Lomas de San Ángel Inn nació como un residencial exclusivo con urbanización de primera calidad –donde el pavimento de 1957 aún conserva placas de la constructora. en el Olivar de los Padres las calles se construyeron a pulso. El decreto de 1944 imponía a los compradores el compromiso explícito de urbanizar el territorio. “A pesar de que todos eran de condición proletaria, ellos tuvieron que comprometerse a urbanizar, a trazar las calles, a costear la pavimentación, a costear la electricidad, el alumbrado, el drenaje. Todo eso se tuvo que hacer con la organización de los vecinos”, destaca José Luis.
El término “colonia proletaria” era una categoría del gobierno del Distrito Federal para regularizar asentamientos de obreros, artesanos, campesinos e inmigrantes, dotándolos de servicios a cambio del pago de impuestos. “La zona que hoy en día está afectada es la que tiene esa historia: un pasado de organización vecinal, un pasado de origen proletario”, puntualiza.
Hoy en día, el conflicto se hace visible a través del desarrollo inmobiliario. Los vecinos ubican dos torres residenciales construidas hace una década sobre la avenida Rómulo O'Farrill, cuyas fachadas exhiben las leyendas de “San Ángel”. Se ubican fuera de la Zona Fundadores, pero están dentro de Olivar de los Padres. “Para mí es la nueva versión del branding”, advierte José Luis.
De acuerdo con los testimonios vecinales, estos megaproyectos y desarrollos en las orillas de la colonia comenzaron a expandirse a partir de modificaciones en catastro que permitieron elevar los niveles de construcción. El cambio de identidad en los mapas oficiales no busca integrar a los vecinos, sino legitimar el avance del mercado inmobiliario borrando el pasado popular del territorio.
La gentrificación por decreto y sus facturas
El cambio de identidad de Olivar de los Padres no se gestionó de manera pública ni transparente de cara a la comunidad, sino a través de un entramado burocrático que operó de forma silenciosa durante años en las oficinas de la administración local de la alcaldía. Eduardo Reyes, integrante del comité vecinal, detalla que al rastrear el origen de este conflicto detectaron que la modificación cartográfica se remonta a los años 2005 y 2006. Esta opacidad impidió que los habitantes originarios se enteraran a tiempo de las modificaciones limítrofes que, de la noche a la mañana y de manera digital, redefinieron los domicilios de sus propias viviendas.
Al ser reclasificados automáticamente en las bases de datos fiscales como si fueran residentes del fraccionamiento residencial contiguo Lomas de San Ángel Inn, los habitantes de las manzanas afectadas comenzaron a experimentar los impactos reales de vivir bajo una nomenclatura ajena. El incremento desproporcionado se ha extendido a los recibos de otros servicios básicos, como la luz y el agua potable. “Vivir bajo una nomenclatura equivocada detonó además un caos administrativo que afecta la certeza jurídica y el patrimonio familiar de los residentes”, dice Eduardo. Las discrepancias entre los domicilios reales que la gente habita y los datos registrados por las autoridades de catastro entorpecen los trámites esenciales de la vida cotidiana.
La actualización de identificaciones oficiales, como la credencial para votar, se ha convertido en un obstáculo debido a que los sistemas públicos no reconocen el nombre tradicional de sus calles. El problema es aún más grave en el caso de la vigencia de testamentos y la regularización de escrituras de los adultos mayores; la falta de coincidencia los obliga a enfrentar trabas institucionales, papeleos interminables y la amenaza de complicaciones legales sólo para demostrar que el hogar que fundaron hace décadas sigue estando legalmente en el Olivar de los Padres.
Además del freno patrimonial, el plano oficial levantó fronteras invisibles que terminaron por trastocar el acceso a los derechos sociales y la seguridad de la población trabajadora. “Al modificarse de manera arbitraria el código postal y el nombre de la colonia hacia una etiqueta residencial de alta plusvalía, diversos habitantes comenzaron a enfrentar rechazos en los programas de becas escolares para sus hijos”, advierte. Las instituciones rechazan las solicitudes bajo el argumento técnico de que las familias habitan en una zona catalogada como de altos recursos, ignorando por completo la realidad socioeconómica de los solicitantes.
Eduardo explica que la comunidad ha trabajado bajo dos rutas: la comunitaria en el territorio y la institucional. En la vía institucional, han avanzado mediante la entrega de escritos y constantes mesas de trabajo con dependencias como la Secretaría de Ordenamiento Territorial para exigir que se reconozca a Olivar de los Padres y se dé marcha atrás a la unificación forzosa con el fraccionamiento vecino.
El logro más importante fue llevar el caso ante el Congreso de la Ciudad de México. Eduardo destaca que ahí les abrieron las puertas y todos los partidos políticos votaron a favor de respaldar su causa, emitiendo un mandato para que las instancias correspondientes revisen y den solución al problema. Además, gracias a esta presión, consiguieron que la alcaldía Álvaro Obregón instalara por fin su Comité de Nomenclatura –un mecanismo que no existía y que es indispensable para oficializar el regreso de su nombre y código postal–, convirtiéndose en la primera alcaldía de la ciudad en conformarlo bajo la presión de un movimiento vecinal.
Fronteras de concreto y la disputa por el espacio común
El avance de la reclasificación no sólo se quedó atrapado en los escritorios de la administración pública o en las bases de datos fiscales. Terminó por manifestarse físicamente en las calles a través de barreras materiales que fracturaron la movilidad de la comunidad. Roy, un hombre en sus treintas, vecino de la Zona Fundadores y miembro activo del movimiento, explica que esta unificación artificial de los mapas coincidió con el levantamiento de controles de acceso en vialidades que conectaban a ambos barrios: Olivar de Los Padres y Lomas de San Ángel Inn.
Lo que antes era un tránsito fluido para las familias del Olivar se convirtió en un escenario de exclusión, donde las plumas de acceso restringen el paso peatonal y vehicular bajo el criterio de que esas calles pertenecen exclusivamente al circuito residencial. “No puedes entrar en tu coche si no te identificas. Acá no, acá es libre. Entonces, las diferencias entre una colonia y otra son abismales”, denuncia Roy. Este proceso de segregación urbana se ensañó de manera particular con las áreas verdes y recreativas, transformando los espacios de convivencia comunitaria en zonas de acceso restringido para beneficio de la plusvalía inmobiliaria. El caso más emblemático gira en torno al Parque de la Bola, físicamente dentro de Lomas de San Ángel Inn, pero que los habitantes del Olivar de los Padres han utilizado por generaciones.
Roy recuerda con nitidez la primera vez, siendo un adolescente de secundaria, que lo hicieron sentirse fuera de lugar en esas calles : “Yo estaba paseando mi perro y salió una persona de ahí y me dijo: ‘¿Tú quién eres? ¿Tú qué haces aquí?’”. Ese reclamo marcó un quiebre en su memoria.
Este desplazamiento físico no sólo borra la convivencia entre sectores sociales, sino que estigmatiza a los jóvenes del Olivar en las calles contiguas a sus casas, tratándolos como extraños o intrusos en un territorio que sus propios abuelos ayudaron a trazar.
Una gentrificación por decreto en Lomas de San Ángel Inn
La consolidación del comité “Somos Olivar de los Padres, Zona Fundadores” marcó un punto de no retorno en el barrio; la comunidad se convirtió en un actor político organizado. Las demandas colectivas emanadas de las asambleas vecinales de noviembre y febrero pasados no se limitan a un simple reclamo por los cobros excesivos, sino que exigen una revisión integral y transparente de la cartografía oficial ante instancias oficiales.
La exigencia principal es contundente: la restitución inmediata y definitiva del nombre de “Olivar de los Padres” en todas las bases de datos fiscales, catastrales y de servicios públicos, revirtiendo el plano invisible que pretendía disolver su identidad bajo la etiqueta residencial de “Lomas de San Ángel Inn”.
El movimiento vecinal ha diseñado una ruta de acción para frenar lo que califican como una gentrificación por decreto. Entre los puntos centrales de su pliego petitorio se encuentra la cancelación de los adeudos desproporcionados del predial que ponen en riesgo el patrimonio familiar, así como el cese inmediato a las restricciones de movilidad impuestas por la seguridad privada en las vías públicas que conectan a ambos sectores.
Eduardo Reyes subraya la importancia de mantener la organización jurídica y vecinal para defender el territorio: “Lo que estamos exigiendo es que se respete la historia y la delimitación de nuestras manzanas fundadoras ante las autoridades, porque no vamos a permitir que un plano digital borre el patrimonio que construyeron nuestras familias”, explica sobre las acciones legales del comité.
Mientras los planos institucionales y el marketing inmobiliario intentan imponer una etiqueta de lujo al valor del suelo, los habitantes del Olivar siguen firmes en la convicción de conservar su nombre y su destino. La organización vecinal ha decidido no dejar el destino de su territorio al aire. Tienen claro que la resolución no vendrá de acuerdos informales, sino del cumplimiento de la legalidad. Para Guadalupe García, el núcleo de esta lucha es la defensa de la justicia social y económica frente a una reclasificación injusta.
El desenlace de este movimiento que busca revertir el avance inmobiliario se definirá por la vía democrática e institucional. La ruta final ya está trazada bajo una postura firme y transparente: “nos vamos a ir a una consulta, pero la pedimos ante el INE para que todo sea sobre la ley y con transparencia”.
GSC/ASG