DOMINGA.– José Luis “N” conocía a sus víctimas. Compartían sus jornadas desde 2009, conversaciones y años de servicio en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sede Atizapán, donde tenía un empleo de técnico en soluciones –enfocado en resolver fallas, optimizar el consumo o gestionar la infraestructura eléctrica– con un salario anual de 352 mil 827 pesos, según su declaración patrimonial. Edith Hernández lo conoció en ese tiempo. Por eso cuando le habló de invertir, ella no sintió que estuviera poniendo su dinero en riesgo. “Era mi compañero”. Aquella confianza terminó costándole unos 10 millones de pesos. “Él me engañó”.
El pasado 2 de septiembre, un juez lo vinculó a proceso por su probable participación –como coautor– en el fraude relacionado con Strategic Capital Agency, conocida comercialmente como Inverforx, un esquema investigado por las autoridades bajo características de tipo Ponzi o piramidal. El mecanismo parecía sencillo. Primero, la cercanía. Después, la promesa. Finalmente, el dinero. A algunos les ofrecían rendimientos de hasta 90%. El primero que los recibía hablaba bien de la empresa con otros compañeros o familiares. La confianza hacía el resto.
Con los años, el discurso se volvió más sofisticado. A los potenciales inversionistas les hablaba de Luis Alberto Pérez Zamorano, el ‘gurú financiero’, un exitoso financiero que supuestamente había trabajado en la Bolsa Mexicana de Valores, estudiado una maestría en España y operado inversiones en la Bolsa de Londres.
Para invertir Edith incluso pidió una hipoteca de 900 mil pesos. Otros trabajadores recurrieron a préstamos de empleados de la propia CFE, entregaron liquidaciones, jubilaciones o dinero que habían reservado para comprar una casa. Entregaban sus ahorros a alguien de su propio círculo laboral y, de acuerdo con testimonios de víctimas y las investigaciones de las autoridades, esa confianza habría sido una de las principales puertas de entrada al fraude de Inverforx.
Después ya no se trataba sólo de ahorrar. Se trataba, decían a sus víctimas, de entrar a un supuesto círculo financiero de alto nivel. Aseguraba que Inverforx pertenecía a la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, la CNBV. Lo cual era falso. En las reuniones aparecían palabras que sonaban a grandes negocios, inversiones en litio, oro, petróleo, plata, cobre, azúcar, trigo, divisas. El lenguaje financiero crecía. Y también las cantidades.
José Luis “N” era cuñado de Luis Alberto Pérez Zamorano, hermano de Carla Nicole Alba Hernández, su primera esposa y madre de sus dos hijos. Hace un mes, cuando capturaron a otros seis asesores de Inverforx, él se escapó. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México difundió fichas con sus fotografías. Esto le dio tiempo de tramitar un amparo para llevar su proceso en libertad.
La Fiscalía sostiene que los asesores financieros fueron una pieza fundamental para atraer inversionistas. Y José Luis tenía una ventaja que otros no tenían: conocía a sus posibles víctimas desde adentro. De acuerdo con testimonios de las víctimas, desde 2015 él y su pareja, Tania Elizabeth “N” –ambos trabajadores de la CFE–, comenzaron a captar compañeros de la dependencia. Dinero que terminó en manos del ‘gurú financiero’.
Cuando Edith quiso recuperar su dinero de Inverforx
Edith Hernández tiene 54 años, quien trabaja en esta institución de gobierno, la CFE. Invirtió sus ahorros desde el año 2021. Durante un tiempo esperó los rendimientos prometidos. Hasta que en 2023 quiso retirar su dinero. Entonces comenzó la pesadilla. Las explicaciones empezaron a multiplicarse. Que las cuentas habían sido bloqueadas. Que había una auditoría del Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Que el sistema no funcionaba. Que las autoridades habían intervenido los recursos. Una explicación después de otra. Pero el dinero no aparecía.
Posteriormente, la Unidad de Inteligencia Financiera desmintió que el SAT hubiera bloqueado los recursos de Pérez Zamorano por las razones que se habían comunicado a los inversionistas. Para entonces, las víctimas ya no estaban esperando los rendimientos prometidos. Querían recuperar su propio dinero y comenzaron a demandar a principios de 2024. A partir de entonces, a través de sus abogados, empezarían a descubrir las entrañas del esquema piramidal del cual fueron víctimas.
Strategic Capital Agency fue constituida en México el 30 de mayo de 2019. En 2021, Pérez Zamorano presumía haber alcanzado 100 millones de pesos en manejo de activos. Un año después, Inverforx apareció incluso como patrocinador oficial del Club Santos Laguna. La imagen de éxito crecía. También la captación. La Fiscalía capitalina sostiene que el esquema habría ofrecido rendimientos de entre 10 y 90%, con inversiones individuales de 50 mil hasta ocho millones de pesos.
Hasta agosto de 2026, en la Ciudad de México se acumulaban 396 investigaciones, 410 víctimas y una afectación patrimonial aproximada de 700 millones de pesos. Pero el universo podría ser todavía mayor. Hay víctimas que desistieron de denunciar y otras que fueron defraudadas en distintos estados, entre ellos Michoacán, Coahuila, Veracruz, Oaxaca y Puebla.
Las autoridades tendrán tres meses más para concluir las investigaciones complementarias en el proceso que Edith Hernández inició contra José Luis “N”. Pero el caso tendrá un nuevo punto de quiebre en los próximos días: una audiencia definirá si el amparo que le ha permitido enfrentar el proceso en libertad continúa vigente. Hasta ahora, José Luis “N” ha logrado mantenerse fuera de prisión, a diferencia de los otros asesores demandados de Inverforx.
Seis detenidos pero falta el gurú financiero
En agosto pasado, la Fiscalía capitalina detuvo a seis asesores del ‘gurú financiero’ por su probable participación en el delito de fraude genérico relacionado con Strategic Capital Agency, Inverforx.: Frida “N”, Vianey “N”, Diana “N”, Valeria “N”, Jessica “N” y Luis “N”. Todos vinculados a proceso y en prisión preventiva. Las mujeres llegaron al penal de Santa Martha Acatitla y Luis “N” al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. La noticia fue recibida por las víctimas con la certeza de que por fin se estaba haciendo justicia. La mayoría de ellas, quienes han logrado la detención de sus asesores, han sido representadas por el abogado Édgar Alejandro Gutiérrez.
Cuando se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra los seis asesores, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México difundió fichas con sus fotografías. No ser detenido le dio tiempo de solicitar una licencia laboral en la CFE, pues su plaza continúa vigente, según Declaranet, y tramitó un amparo para enfrentar el proceso en libertad.
Entre las víctimas está Lourdes Martínez Terrazas. Tiene 64 años y está jubilada. Ella invirtió 600 mil pesos después de que Diana “N”, una de las asesoras detenidas, la convenciera de hacerlo. Nuevamente, la confianza fue la puerta de entrada. La mamá de Diana “N” era de sus mejores amigas desde hace casi cincuenta años. “Cuando le pregunté a Diana en qué se invertía el dinero, me dijo que en azúcar y de ahí saldrían los recursos. Invertí en marzo de 2023 y para septiembre de ese mismo año ya estaba recibiendo un correo con la negativa de pagarme, justificando que habían tenido unos problemas con el SAT”, contó Lourdes a DOMINGA.
De los 600 mil pesos que entregó, sólo pudo recuperar 50 mil. Lourdes acudió a la audiencia del 7 de agosto en la que Diana fue vinculada a proceso. A esa misma audiencia llegó otra víctima: Samuel Bernal García, quien había invertido 500 mil pesos. Para ellos, la detención de los asesores es apenas una parte de la historia. Quieren que se investigue dónde terminó el dinero. Y quieren que el principal responsable comparezca ante la justicia mexicana.
En el centro de esa historia vuelve a aparecer un nombre: Luis Alberto Pérez Zamorano. El ‘gurú financiero’ fue detenido en mayo de 2025 en Palermo, Italia. No estaba escondido. Viajaba en un crucero de lujo por el Mediterráneo, acompañado por su primera esposa, Carla Nicole Alba Hernández –hermana de José Luis “N”– y sus dos hijos. Desde entonces, México enfrenta el proceso para conseguir su extradición. Hay en su contra una veintena de fichas rojas, la mayoría expedidas por la Fiscalía General de Justicia de la CdMx.
Hoy Pérez Zamorano enfrenta el procedimiento ante la justicia italiana bajo arraigo domiciliario en una de las casas asignadas por la Fiscalía de Palermo. De acuerdo con información proporcionada por esa dependencia italiana a una de las víctimas, el gobierno mexicano tendría un plazo de dieciocho meses a partir de la detención para concretar el proceso de extradición. El plazo vencería entre noviembre y diciembre de 2026. Mientras tanto, las víctimas esperan. Y los asesores comienzan a caer uno a uno. Son alrededor de una treintena los señalados y denunciados por las víctimas.
El fraude es el mayor delito cometido en México
Después llegó el turno de José Luis “N”. Su historia tomó otro camino. La primera orden de aprehensión en su contra fue ejecutada el 9 de julio de 2026. De acuerdo con información proporcionada por las víctimas, el operativo ocurrió en las instalaciones de la CFE en Lechería, Estado de México. Pero José Luis se fugó y no terminó en prisión. Al día siguiente solicitó una licencia de 180 días a la CFE para conservar su plaza de base y la cual se mantiene vigente. Durante las semanas siguientes promovió un amparo.
El recurso le permitió enfrentar el proceso en libertad. Finalmente, el 2 de septiembre, después de una audiencia, un juez lo vinculó a proceso como probable coautor del esquema. A diferencia de los otros seis asesores detenidos, José Luis “N” permanece en su domicilio. Es el único de los siete principales imputados que enfrenta el proceso penal en libertad, debido a la protección obtenida mediante su amparo. Pero para Edith la vinculación a proceso no significa que la historia haya terminado. Porque castigar a los responsables y recuperar el dinero son dos cosas distintas. Ella quiere saber dónde terminó su patrimonio. Las víctimas quieren que se siga la ruta de los recursos. Quieren recuperar lo que perdieron. Y quieren que quienes participaron respondan ante la justicia.
Para cientos de trabajadores de la CFE, aquella confianza terminó convertida en deudas, hipotecas, jubilaciones comprometidas y patrimonios desaparecidos.
Para Edith, después de perder alrededor de 10 millones de pesos, la historia se resume en un par de preguntas que todavía nadie ha podido responder: ¿Dónde quedó su patrimonio? y ¿cuándo lo va a recuperar?
GSC