El ex procurador de Justicia de Guanajuato, Juan Miguel Alcántara Soria, advirtió que los 271 millones de pesos reportados como aseguramientos durante el primer año del modelo de seguridad Confía representan apenas un impacto mínimo frente al volumen de recursos que movilizan los grupos delictivos en la entidad.
De acuerdo con Alcántara Soria, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI estima que el costo del delito por persona en Guanajuato asciende a 5 mil 360 pesos, lo que equivale a más de 30 mil millones de pesos anuales en afectaciones derivadas de actividades ilícitas.
“Afectar con solo 272 millones de pesos a las arcas criminales es un resultado muy pobre, porque de acuerdo con la encuesta de ENVIPE que levantó el INEGI relativa a los costos que por cada persona se sufre de los delincuentes en el estado de Guanajuato, el INEGI determinó que ese costo individual es de 5,360 pesos por cara guanajuatense”, expresó Alcántara.
El especialista enfatizó que el verdadero debilitamiento de las estructuras criminales requiere de procesos sólidos de extinción de dominio, aseguramientos de bienes y pérdida de propiedades o empresas vinculadas con actividades ilícitas.
“Yo creo que cuando lleguen siquiera al 10% de esos importes, pues estaríamos pensando que ya vamos a una ruta que puede ser un paso adecuado”, afirmó.
El ex funcionario también cuestionó que se presenten como avances las reducciones de homicidios dolosos mediante comparaciones mensuales, las cuales no reflejan la magnitud real del problema.
Aunque el reporte presentado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo ante los mandatarios de la región occidente destaca una baja en homicidios y un aumento en decomisos, Alcántara señaló que también hay un incremento en el narcomenudeo y que los delitos de extorsión y secuestro no han sido abordados con la misma apertura.
“Estamos muy lejos de recuperar los niveles tolerables de violencia y delincuencia que tuvimos hasta 2014”, aclaró. Finalmente, insistió en que los esfuerzos del modelo Confía deben fortalecerse con estrategias enfocadas en las finanzas del crimen organizado y con mecanismos de evaluación que permitan comparar resultados de manera objetiva y anual.