El secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, defendió ante el Congreso capitalino la propuesta para impedir que los aumentos anuales de las rentas superen la inflación, mientras que el PAN cuestionó la falta de diagnósticos y evaluaciones que sustenten la iniciativa y la política habitacional del gobierno local.
Durante su comparecencia ante las comisiones de Vivienda y de Unidades Habitacionales y Régimen Condominal, con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, el funcionario sostuvo que la propuesta no busca congelar las rentas ni establecer un precio único.
Explicó que la iniciativa de reformas al Código Civil y de expedición de la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, que se analiza en el Congreso, plantea reglas para registrar los contratos y limitar los cobros exigidos para acceder a una vivienda.
También, dijo, contempla sanciones específicas y servicios gratuitos de orientación, asesoría, mediación y conciliación para atender las relaciones entre arrendadores e inquilinos.
“La ley protege a quienes rentan y a quienes ofrecen una vivienda; respeta la propiedad privada y reconoce que cada persona conserva sus inmuebles si decide ponerlos en renta”, señaló.
Muñoz Santini sostuvo que contar con derechos y obligaciones claros daría certeza tanto a las familias que buscan un hogar como a los propietarios que ofrecen sus inmuebles en arrendamiento.
El secretario señaló que la falta de vivienda adecuada es una crisis mundial y que, durante los últimos 15 años, se ha agravado el problema de los largos desplazamientos que las personas deben realizar para desarrollar sus actividades.
Recalcó que la vivienda es un derecho humano que permite ejercer otros derechos, construir vínculos comunitarios y participar en la vida de la ciudad.
Como prioridades de la dependencia, mencionó concluir las viviendas en proceso, adquirir suelo e iniciar nuevas obras. Reiteró que la meta sexenal es realizar 200 mil acciones: 80 mil viviendas nuevas o rehabilitadas y 120 mil mejoramientos o ampliaciones.
Por Morena, la diputada Valentina Batres Guadarrama destacó la adquisición de suelo para construir vivienda y su regularización jurídica, así como la entrega de miles de créditos para mejoramiento y rehabilitación.
También respaldó el programa de condominio familiar y popular, mediante el cual el gobierno capitalino ofrece asesoría técnica, acompañamiento jurídico y subsidios a familias que habitan un mismo predio.
En contraste, la diputada del PAN Lizzette Salgado Viramontes reclamó la falta de diagnósticos y evaluaciones sobre la política de vivienda y la iniciativa de Ley de Rentas Justas. Además, pidió transparentar las finanzas del entonces Instituto de Vivienda y garantizar que los jóvenes y los grupos prioritarios puedan acceder a una vivienda.