En la Comisión de Justicia se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar una iniciativa de reforma al Código Civil estatal, la creación de la Ley del Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Guanajuato, así como modificaciones a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato.
El objetivo de la propuesta es establecer medidas que garanticen que las personas acreedoras de alimentos reciban el cumplimiento de esta obligación, además de generar mecanismos que inhiban a quienes evaden su responsabilidad alimentaria.
Al presentar la iniciativa, la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco señaló que la propuesta busca garantizar el interés superior de la niñez en materia de cumplimiento de las obligaciones alimenticias por parte de sus tutores. Agregó que contempla modificaciones en distintos ordenamientos jurídicos y precisó que, entre otras acciones, se pretende trasladar el Registro de Deudores Alimentarios al Registro Civil.
De manera general, durante la mesa de trabajo se comentó que la creación de la Ley del Registro de Deudores Alimentarios Morosos es viable, siempre que se regulen adecuadamente los mecanismos de inclusión y exclusión del padrón, garantizando el derecho de audiencia para que las personas puedan controvertir su inscripción y solicitar su cancelación una vez cumplidas sus obligaciones.
Asimismo, se destacó que el hecho de que el Registro Civil administre dicho padrón podría hacer más eficiente el sistema, además de permitir una coordinación más efectiva entre autoridades y contribuir a garantizar el derecho de acceso a los alimentos.
Sin embargo, también se señaló que algunos de los aspectos contemplados en la iniciativa ya se encuentran regulados en normas vigentes, por lo que, de avanzar la propuesta, deberán analizarse con mayor detalle. Además, se planteó la necesidad de valorar si resulta pertinente transferir esta responsabilidad al Registro Civil, considerando que actualmente el sistema ya opera bajo otro esquema.
De igual forma, se advirtió que la creación de un procedimiento independiente al juicio del cual derivan las obligaciones alimentarias, mediante una ley autónoma, podría implicar una mayor inversión de tiempo para quienes promuevan estos procesos, en detrimento del derecho de acceso a la justicia. También se sugirió revisar si algunos aspectos de la iniciativa podrían invadir facultades relacionadas con la materia procesal, tomando en cuenta la existencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Entre las observaciones realizadas, se mencionó que la propuesta contempla impedir que las personas inscritas en el registro obtengan licencias o permisos de conducir. Asimismo, plantea restricciones para participar en procedimientos de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos o prestación de servicios.
Sobre este punto, se consideró que limitar estas actividades podría generar efectos contraproducentes, ya que el deudor alimentario podría ver restringidas sus posibilidades de acceder a una fuente de empleo y, en consecuencia, disminuir su capacidad para cumplir con la obligación de proporcionar alimentos.
La diputada Susana Bermúdez Cano destacó que se han realizado diversos esfuerzos legislativos en la materia y recordó que ha quedado claro que no pueden restringirse derechos fundamentales. Agregó que, en términos generales, coincide con varias de las observaciones planteadas, además de señalar que la iniciativa no cuenta con un estudio de impacto presupuestal y que deben analizarse con detenimiento las posibles restricciones que contempla.
Por su parte, Sandra Alicia Pedroza Orozco indicó que los datos incluidos en la iniciativa fueron proporcionados por las autoridades competentes y aseguró que actualmente existen 17 estados del país que cuentan con un Registro de Deudores Alimentarios Morosos, la mayoría de ellos administrados por el Registro Civil.