Cuatro hombres fueron sentenciados a 70 años de prisión cada uno por el secuestro agravado de una mujer ocurrido en San Diego de la Unión, Guanajuato, informó la Fiscalía General del Estado.
Los sentenciados son Javier “N”, Fredy Osmani “N”, Sergio “N” y José Gabino “N”, quienes además deberán pagar una multa y cubrir la reparación del daño ocasionado a la víctima.
¿Cómo sucedió el secuestro?
Los hechos ocurrieron el 30 de noviembre del 2022 cuando la víctima se encontraba dentro de un negocio ubicado en la zona centro del municipio.
Los hombres llegaron a bordo de dos camionetas al negocio donde se encontraba la mujer, y portando armas de fuego irrumpieron en una de las bodegas del establecimiento comercial donde sometieron a los presentes.
Acto seguido, privaron de la libertad a la víctima y la obligaron a subir a uno de los vehículos, mientras que uno de los miembros de la célula delictiva permaneció en el exterior vigilando.
Una vez a bordo de las camionetas y con la mujer amagada, huyeron por la carretera durante varias horas con rumbo al sur de la entidad.
Familiares pagaron el rescate
La víctima fue ingresada a un inmueble de seguridad, en donde fue forzada a grabar un mensaje dirigido a sus familiares con el objetivo de exigir una suma económica a cambio de no atentar contra su vida.
La familia de la mujer entregó una suma grande de dinero en efectivo y dos vehículos a los captores. Tras recibir el pago, los delincuentes liberaron a la mujer en una comunidad de la región.
Raestreo de los delincuentes y condena
Pese a la liberación de la víctima, las autoridades mantuvieron abiertas las investigaciones y para el año 2023 aseguraron una de las camionetas empleadas durante el delito, la cual contaba con reporte de robo vigente.
Con las evidencias integradas en la carpeta de investigación, el Ministerio Público presentó la causa ante el Poder Judicial.
Al dictar la condena, el juez determinó que Javier “N”, Fredy Osmani “N”, Sergio “N” y José Gabino “N” pasarán 70 años en la cárcel cada uno.
Además de la prisión, tendrán que pagar una multa y regresar todo el dinero que la familia entregó para rescatar a la víctima.
La sentencia también les quita sus derechos para votar u ocupar cargos públicos, y les niega cualquier beneficio legal para reducir su tiempo tras las rejas.