El Grupo Parlamentario de Morena presentó en Guanajuato una iniciativa de reforma conocida como la “Ley Cazzu”, en la que la diputada Martha Edith Moreno Valencia resaltó la importancia de esta medida.
La legisladora explicó que la iniciativa surge a partir del debate público generado por un caso de autorizaciones de salida del país de una niña, que evidenció dificultades comunes que enfrentan muchas madres y padres cuidadores: trámites lentos, costosos y repetitivos cuando el otro progenitor está ausente o incumple sus obligaciones.
“Esta iniciativa, conocida como la Ley Cazzu, pone el dedo sobre una herida abierta: la paradoja de una autoridad parental. En el escenario ideal, la patria potestad es un manto de protección en el que ambos progenitores velarán por el desarrollo de sus hijos; sin embargo, hablamos de aquellos casos en los que uno de los padres escoge el camino de la ausencia, no cuida ni convive, y conserva, casi como un trofeo administrativo, el poder de bloquear el destino de sus hijos”, dijo.
Moreno Valencia puntualizó que la iniciativa no elimina controles ni permite salidas sin supervisión; al contrario, parte del principio de que debe existir autorización judicial y que la protección integral de niñas, niños y adolescentes se mantenga en todo momento. Esta lógica convive plenamente con el Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y con la obligación legal de prevenir y sancionar el traslado o retención ilícita.
“Es una imagen desgarradora: un niño o una niña con la maleta llena de ilusiones por un viaje escolar, o una madre que busca un mejor horizonte en otra ciudad, se encuentra con un muro invisible y se transforma en rehén, ya sea en silencio o ante un ‘no’ caprichoso”, puntualizó.
La propuesta plantea también la creación de mecanismos ágiles y accesibles, con perspectiva de género y de niñez, para que la persona que ejerza la guarda o custodia pueda obtener autorización judicial cuando exista abandono parental o incumplimiento reiterado de obligaciones alimentarias por parte del otro progenitor. La iniciativa busca evitar que estos incumplimientos se utilicen como forma de control o violencia, fortaleciendo la protección integral de niñas, niños y adolescentes.
El proyecto contempla la adición de dos párrafos al artículo 1 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato. De ser aprobado, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, y se otorgará un plazo de 180 días para la armonización de la legislación secundaria y la actualización de los protocolos del Poder Judicial estatal.