Un exhorto que originalmente estaba dirigido a la gobernadora de Guanajuato, con el propósito de ampliar el seguro catastrófico, fue modificado para orientarse tanto a la autoridad estatal —la Secretaría del Campo— como a la instancia federal —la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural—, con la finalidad de crear un fondo de contingencia que proteja al sector agropecuario ante desastres naturales. La propuesta se analizó en el seno de la Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario.
En dicha comisión, la diputada del Partido Acción Nacional, Noemí Márquez Márquez, sostuvo que el Gobierno del Estado cuenta con un programa amplio que, aseguró, se ha fortalecido de manera significativa en la presente administración. Precisó que para 2025 se destinaron 50 millones de pesos, lo que representa un incremento del 50 por ciento respecto al año anterior.
Asimismo, señaló que desde el Gobierno federal se han retirado apoyos al sector mediante la eliminación de diversos programas, por lo que propuso modificar el sentido del exhorto. “En este sentido, consideramos oportuno reorientar la propuesta, poniendo énfasis en los programas federales, que han sido eliminados y cuya ausencia incide en la capacidad de respuesta de las entidades”, puntualizó.
No obstante, la presidenta de la Comisión, Rocío Cervantes Barba, subrayó la importancia de redoblar esfuerzos y de impulsar un trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno. En ese contexto, propuso que el exhorto se dirigiera tanto a la Secretaría del Campo como a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Al someterse a votación la propuesta de la diputada Noemí Márquez, ésta no fue aprobada, al obtener únicamente dos votos a favor de los cinco integrantes de la comisión. En contraste, la propuesta de la presidenta fue avalada por unanimidad.
“Se efectúa un respetuoso exhorto a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal y a la Secretaría del Campo del gobierno del estado, a efecto de que establezcan, dentro de sus ámbitos de competencia un fondo de contingencia que permita aumentar la cobertura en eventos extremos declarados por las autoridades competentes, buscando robustecer la capacidad de respuesta de los gobiernos frente a desastres agroclimáticos, complementando el seguro agropecuario estatal vigente”, dijo.
A lo anterior se suma la implementación de un esquema escalonado de indemnización agrícola, con el objetivo de que el seguro sea más proporcional, considerando las diferencias en costos de producción y la vulnerabilidad climática de cada cultivo.