Jorge Jiménez Lona, secretario de Gobierno de Guanajuato, respaldó la iniciativa para evitar que deudores alimentarios aspiren a ser notarios en la entidad, refiriendo que la administración estatal apoya este tipo de filtros estrictos, ya que un notario que juega un papel fundamental en la sociedad, no puede cargar con un antecedente de esta naturaleza.
Cabe destacar que esta iniciativa fue presentada el pasado jueves por el diputado local del PRI, Alejandro Arias Avilase, el cual se propone el establecimiento de nuevos requisitos para quienes aspiren a ser notarios titulares o auxiliares, al impedir que participen personas inscritas en los registros de deudores alimentarios, sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género o que se encuentren en un conflicto de interés.
"Es importante, es necesario mandar ese mensaje, en la historia de Guanajuato, se han hecho esfuerzos considerables, en el propio gobierno del estado no puedes ingresar a trabajar si tienes un problema de deudor alimentario, en las candidaturas lo hemos visto también, ya es una restricción, y pues qué también en el tema notarial, una persona que debe de atender con probidad y dar ejemplo a la sociedad, pues no puede llegar con un antecedente de esta naturaleza", dijo.
Jorge Jiménez Lona, puntualizó que actualmente, las normativas no contemplan la revocación directa de un Fiat notarial bajo el argumento exclusivo de ser deudor alimentario, aclarando que dichas controversias deben ventilarse por la vía de un juicio familiar entre particulares y que el Ejecutivo no cuenta con atribuciones para sancionar a un notario por este motivo.
"Yo no tengo el dato, repito, nosotros tenemos 233 notarios activos en el estado y bueno, si lo hubiera, de todas maneras yo no tendría ninguna atribución para sancionarlos, ahí sería a través de un juicio familiar y bueno, pues ya de manera directa entre particulares", detalló.
Dicha iniciativa contempla reforzar las obligaciones de las y los notarios para que ejerzan personalmente su función, cuenten con una sola oficina autorizada, utilicen firma electrónica vigente, entreguen comprobantes de los pagos realizados por los usuarios y verifiquen con mayor rigor la identidad de quienes constituyan sociedades mercantiles, con el fin de prevenir la creación de empresas fantasma.