Antes que termine el 2026 se definirá el aumento en la tarifa del transporte público, una vez que concluyó la revisión del padrón vehicular. Lo que viene es un proceso integral de reordenamiento del sistema de movilidad y la entrega de nuevas concesiones bajo criterios distintos a los aplicados en administraciones anteriores.
En entrevista para Telediario Puebla, la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, señaló que el ajuste tarifario aún no tiene una cifra definida, aunque reconoció que existen “condiciones para empezar a hacer el análisis” debido al aumento en costos operativos como combustibles, seguros, refacciones y salarios.
“La situación es que todos los insumos han sufrido un incremento”, afirmó la funcionaria. Añadió que actualmente algunas unidades que operan con diésel enfrentan dificultades para cubrir costos de operación.
Tanús Osorio sostuvo que el eventual aumento estaría condicionado a mejoras en el servicio, entre ellas la incorporación de unidades nuevas, mayor frecuencia de paso y cobertura suficiente en rutas con déficit de transporte.
Actualmente, la tarifa del transporte público convencional en Puebla es de 8.50 pesos, ajuste autorizado en 2019 durante la administración de Miguel Barbosa. Antes de ello, el pasaje había pasado de 3 pesos en 2001 a 3.50, posteriormente a 5 y luego a 6 pesos durante el gobierno de Mario Marín. Las administraciones de Rafael Moreno Valle, Antonio Gali y Sergio Salomón Céspedes evitaron realizar nuevos incrementos.
Indicó que el Gobierno estatal concluyó la revista vehicular con un cumplimiento aproximado del 80% en el estado y reconoció que encontraron un padrón de concesiones “muy desfasado”, con registros caducos, concesiones abandonadas y unidades inexistentes.
Como parte del diagnóstico, la Secretaría elaboró un estudio integral de movilidad urbana para Puebla y su zona conurbada, el primero en 14 años, que incluyó encuestas origen-destino para determinar demanda, frecuencias y rentabilidad de rutas.
De acuerdo con la secretaria, el modelo pasará de 95 rutas con 64 ramales a 164 rutas reorganizadas, manteniendo referencias conocidas para los usuarios, pero ajustando recorridos y cobertura. La Secretaría calcula que Puebla requiere al menos 834 unidades adicionales para alcanzar una cobertura considerada eficiente.
La funcionaria reconoció además que durante el proceso recibió amenazas vinculadas a grupos dentro del sector transportista.
“Sí, cómo no, desde luego que sí”, respondió al ser cuestionada sobre posibles intimidaciones.
Tanús Osorio señaló que la Secretaría enfrenta intereses económicos relacionados con la operación del transporte público. Afirmó que la mayoría de los concesionarios son “pequeños empresarios” que buscan mantener su actividad económica.
En paralelo, el Gobierno estatal anunció nuevas condiciones para otorgar concesiones. Los trámites deberán realizarse de manera directa, sin intermediarios ni gestores y serán revisados por un comité interinstitucional.
CHM