La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) generó un debate en el Congreso de Guanajuato, donde diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano exigieron investigar presuntas irregularidades en contratos y nombramientos del organismo, así como deslindar responsabilidades antes de las elecciones de 2027.
Durante la discusión de un punto de acuerdo, legisladores de oposición acusaron a Morena de intervenir en la integración del Instituto y advirtieron que los señalamientos sobre posibles conflictos de interés comprometen la confianza en la autoridad electoral.
Morena rechazó los señalamientos de responsabilidad política y defendió que la designación de Taddei se realizó mediante un procedimiento constitucional en el que participaron distintas fuerzas políticas.
El diputado del PRI, Alejandro Arias Ávila, señaló que las investigaciones sobre presuntas irregularidades administrativas y la relación de proveedores con funcionarios del organismo obligan a revisar las decisiones tomadas durante la gestión de Taddei, además, responsabilizó políticamente a integrantes de Morena y a funcionarios que, afirmó, impulsaron su llegada al cargo.
“Tenemos que seguir la limpia que ha empezado en áreas administrativas, reconstruir la confianza del INE, reconstruir la credibilidad del INE y sancionar a los responsables de los posibles delitos”, declaró.
Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano, Rodrigo González Zaragoza, advirtió que la crisis del INE podría afectar la confianza ciudadana en los próximos comicios, en los que se renovarán gubernaturas y diputaciones.
“¿Con qué confianza vamos a jugar los jugadores en la elección del 2027 si el árbitro está haciendo chanchullo con la clase política que ostenta el gobierno nacional?”, cuestionó.
La diputada emecista Sandra Alicia Pedroza planteó que la salida de Taddei no será suficiente si se mantienen los mecanismos de designación que, desde su perspectiva, permiten la intervención de intereses partidistas, propuso que el próximo nombramiento incluya vigilancia ciudadana, participación de especialistas y un comité técnico independiente, además de revisar las facultades de la presidencia del Instituto.
“Cambiar a una persona no resuelve por sí mismo la crisis, el organismo debe garantizar su independencia frente a los partidos y al gobierno”, insistió.
En tanto, el panista Juan Carlos Romero Hicks pidió que la renovación de la presidencia se realice mediante un procedimiento transparente y con apego a los principios constitucionales que rigen a la autoridad electoral.
“Necesitamos una presidencia que tenga honestidad, competencia, independencia y carácter y, sobre todo, que podamos tener la confianza de un ciudadano, un voto”, expresó.
El también diputado del PAN, Aldo Márquez Becerra, solicitó lo siguiente: “es importante auditar contratos, proveedores y nombramientos, así como revisar la concentración de facultades en la presidencia del INE, con el objetivo de garantizar la autonomía del organismo rumbo a 2027”.
Desde Morena, la diputada Plásida Calzada Velázquez recordó que Taddei fue seleccionada el 31 de marzo de 2023, cuando el panista Santiago Creel presidía la Cámara de Diputados, y cuestionó que la oposición exija ahora rendición de cuentas sin haber mantenido, dijo, la misma postura ante controversias de anteriores administraciones electorales.
“Si vamos a exigir cuentas, que sea parejo; si vamos a exigir responsabilidades, que sea parejo”, afirmó.
El morenista David Martínez Mendizábal también rechazó que la designación de Taddei pueda atribuirse únicamente a su partido y sostuvo que las posibles irregularidades deben investigarse sin anticipar culpabilidades.
“Estamos a favor de investigar y de sancionar”, señaló, al indicar que corresponde a las autoridades competentes determinar si existen delitos y quiénes serían responsables.
El enfrentamiento legislativo se centró así en las presuntas irregularidades, la responsabilidad política por la gestión de Taddei y las condiciones para elegir a su sucesora. La controversia coloca bajo presión al INE de cara a 2027, cuando la independencia y credibilidad del árbitro electoral serán fundamentales para garantizar la certeza de los resultados y la confianza de los ciudadanos en las elecciones.