La Comisión de Justicia realizó una mesa de trabajo para el análisis de la iniciativa de reforma al Código Penal estatal, a fin de combatir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas facilitada por la tecnología como una estrategia acorde a la problemática para atender y sancionar las formas emergentes de este tipo de violencia y al ritmo de los avances tecnológicos.
En la discusión, se argumentó que la redacción vigente que sanciona la conducta cometida por cualquier medio posee un alcance lo suficientemente amplio y omnicomprensivo para abarcar herramientas tecnológicas presentes y futuras.
Se coincidió en que resulta viable mantener la precisión de los medios digitales en el dictamen para dar mayor claridad, ponderando incorporar una circunstancia agravante cuando la víctima sea niña, adolescente o mujer para orientar debidamente la finalidad de la iniciativa, dado que los tipos penales vigentes tienen una aplicación general para cualquier persona.
Respecto a la instigación, se precisó que la figura y sus rangos de punibilidad ya se encuentran contemplados en las reglas generales del Código Penal estatal, donde incluso la sanción aplicable resulta mayor a la propuesta en la iniciativa, por lo que se sugirió revisar su construcción técnica; en cuanto a la apología del delito, se propuso tomar como referente normativo y orientador el Código Penal Federal y las legislaciones de entidades como Baja California Sur, Durango o Jalisco, así como evaluar su estudio conjunto con otras iniciativas pendientes sobre la materia; y se advirtió la necesidad de vincular expresamente la redacción del tipo penal con razones de género para que exista congruencia directa entre la justificación de la propuesta y su configuración jurídica.
Se consideró acertada la visibilización de conductas donde el material íntimo, erótico o sexual sea real, creado o alterado mediante IA u otras herramientas tecnológicas; se enfatizó la importancia de no condicionar, ni limitar la conducta al uso exclusivo de una tecnología específica para no entorpecer su aplicación; se expuso que la violencia digital vulnera de manera desproporcionada la intimidad, dignidad y seguridad de las personas, principalmente de jóvenes, niñas y mujeres, por ello, se recalcó que la reforma no debe quedar solo en el ámbito punitivo, sino garantizar la atención psicológica obligatoria con perspectiva de género desde el primer contacto institucional para evitar repercusiones graves en la salud mental de las víctimas.
Se señaló la urgencia de profesionalizar de forma integral a las autoridades encargadas de recibir y sustanciar las denuncias para evitar la revictimización por desconocimiento de las dinámicas virtuales; se propuso ampliar conceptualmente la protección para sancionar el almacenamiento no consentido de material sensible en plataformas de mensajería y dispositivos, promoviendo además la educación y la alfabetización digital como herramientas de empoderamiento y prevención.
Al hacer uso de la voz, el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor externó su reconocimiento por la nutrida participación registrada en los foros que fueron parte de la metodología de estudio de la citada iniciativa, destacando la relevancia de las aportaciones vertidas por las autoridades y ponentes participantes, además de que señalar que cada una de las propuestas formuladas en la mesa de trabajo será tomada en cuenta por la comisión para enriquecer el análisis técnico y orientar el proceso de dictaminación de la iniciativa.
En su intervención, la legisladora Susana Bermúdez Cano comentó que las opiniones de las instituciones y comunidades universitarias enriquecen el debate en torno a un tema actual que plantea profundos retos normativos y de técnica legislativa y aclaró que la intención del proyecto no es restringir la libertad de expresión, sino delimitarla cuando vulnera los derechos, la dignidad y la integridad de terceros, especialmente en las plataformas digitales donde hoy transcurre gran parte de la vida social de las juventudes.
Destacó que más de diez millones de afectaciones por violencia digital impactan de manera desproporcionada a niñas, adolescentes y jóvenes, provocando secuelas graves como deserción escolar, depresiones profundas e incluso ideación suicida, por lo que manifestó la necesidad de cuidar la congruencia jurídica del Código Penal y construir un entorno virtual más seguro y saludable para las víctimas.