Es urgente que las diferentes autoridades, como municipales, estatales y federales, trabajen en una investigación a lo largo de los últimos años con apoyo de la iglesia, en la que se identifiquen lugares donde hayan desaparecido jóvenes, esto con el fin de dar con puntos de riesgo de reclutamiento forzado y armar estrategias de prevención.
Raúl Calvillo, director del Observatorio Ciudadano de Irapuato, indicó que el objetivo de los grupos delictivos para fortalecer sus filas es llevar a cabo el atacar por diferentes grupos, siendo uno de ellos el de organizaciones religiosas, causando miedo en este gremio.
"Entonces se tiene que analizar muy bien esta situación, documentar lo más que se pueda para ser más certeros y emprender investigaciones más a profundidad que puedan ayudar ya a desmaterializar todo lo construido por un grupo y que no quede rastro de estos grupos".
"Es muy complejo, lleva mucho tiempo realizarlo, pero se tiene que comenzar a hacer, se tiene que ver de qué forma se le puede ir quitando el control que han adquirido estos grupos en los territorios que van dominando, porque desafortunadamente estos delitos son delitos que a lo mejor no se tenían hace cinco, hace diez años o a lo mejor no era tan sabido que existían y desafortunadamente ahorita pues ya los tenemos encima", dijo.
El director hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad en general a reconocer este problema, en el que, desde la perspectiva de la Iglesia, esto implica no solo adaptar sus reuniones, sino también fortalecer los vínculos comunitarios para ofrecer a los jóvenes un entorno seguro y de apoyo.
"Es algo que como seres humanos utilizamos: el cambio de actividades, cambio de horarios, incluso el tipo de vestimenta que podríamos estar utilizando para minimizar situaciones que podrían vulnerar la seguridad personal".
"Es lamentable que debido a la inseguridad cada día debamos modificar nuestro comportamiento; sin embargo, es parte de lo que vivimos en México desde hace muchos años", indicó.
Finalmente, Calvillo destacó la importancia de que el poder legislativo analice si este tipo de reclutamiento se ajusta a delitos como la trata de personas o la privación ilegal de la libertad, siendo objetivo que se puedan imponer penas más severas que reflejen la gravedad del daño causado.