La mañana del 27 de agosto de 2025, Angélica Gómez despertó con golpes en la puerta de su hogar, en un edificio de departamentos con el número 11, de la calle República de Cuba, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Un hombre vestido con uniforme de policía le dio diez minutos para desalojar. Salió con una mochila; el resto de sus pertenencias quedó en bolsas de plástico en la calle.
Todos los residentes del inmueble, unas 20 familias, fueron desalojados tras un presunto cambio de propietario del que nadie fue notificado. Instalaron un campamento frente al edificio, donde vendían comida para generar ingresos. Luego, el gobierno capitalino les ofreció asistencia jurídica, alojamiento temporal y un apoyo económico por familia.
Los desalojos en la capital no son extraños, pero eso podría cambiar con la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles que presentó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el 14 de octubre de 2026, la cual forma parte de una serie de políticas públicas para contener el encarecimiento de la vivienda, ampliar la oferta asequible y favorecer la permanencia de las familias en sus colonias.
Con esto, el gobierno capitalino busca ampliar la protección de quienes rentan una vivienda mediante una nueva ley que plantea fortalecer la defensa de inquilinos y propietarios, establecer un registro obligatorio de contratos y dar mayor certeza a las relaciones de arrendamiento.
Claves de la nueva Ley de Rentas Justas
El proyecto se presenta en un contexto en el que el acceso a una vivienda adecuada comprende no sólo el precio del alquiler, sino también la seguridad jurídica de la tenencia, la disponibilidad de inmuebles, la habitabilidad y la posibilidad de permanecer cerca de las redes familiares, comunitarias y laborales.
En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) ha señalado estas dimensiones en su informe sobre el derecho a la vivienda de los grupos de atención prioritaria, publicado en febrero de 2025.
La iniciativa se suma a otras medidas anunciadas por el gobierno capitalino desde julio de 2025, cuando presentó el Bando 1, con 14 acciones para atender la gentrificación y el desplazamiento de habitantes, y forma parte de una política para contener el encarecimiento de la vivienda y ampliar la oferta asequible.
El límite a las rentas
Uno de los puntos centrales de la propuesta es impedir que los aumentos anuales de las rentas habitacionales superen la inflación. La medida busca dar previsibilidad a los inquilinos y reducir los incrementos que dificultan la permanencia en una vivienda.
De esta forma, la iniciativa fortalecería lo que establece el Código Civil de la Ciudad de México en su artículo 2448 D: la renta de una vivienda debe fijarse en moneda nacional, sólo puede aumentarse anualmente y el incremento no puede superar la inflación reportada por el Banco de México el año anterior.
La disposición fue reformada en agosto de 2024 y la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el límite en febrero de 2026, con un tope de 3.69 por ciento: así una renta de 10 mil pesos en 2025 no podrá subir a más de 10 mil 369 para 2026.
Registro obligatorio
Entre las medidas reportadas también se encuentra la creación de un registro obligatorio de contratos de arrendamiento, con lo que se busca fortalecer la certeza jurídica y facilitar la identificación de las condiciones pactadas entre las partes.
Al respecto, esta medida también robustecería lo que marca el Código Civil en su artículo 2448 F, que establece que los contratos de arrendamiento habitacional deben otorgarse por escrito y señala que la falta de esa formalidad se imputa al arrendador.
El Inegi ofrece información sobre las características de las viviendas y los hogares, pero esos datos no equivalen a un padrón de contratos.
Desalojos y seguridad jurídica: el papel de la defensoría
La iniciativa añade un Registro Digital de Contratos, con el que se busca fortalecer la certeza jurídica y facilitar la identificación de las condiciones pactadas. Al respecto, el Código Civil exige también, en su artículo 2448 F, que los contratos de arrendamiento habitacional se otorguen por escrito y atribuye al arrendador la falta de esa formalidad.
En este sentido, la propuesta de crear una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias como institución de defensa de los derechos de los inquilinos, busca ofrecer orientación, asesoría jurídica, mediación y conciliación, y sería gratuita para personas en situación vulnerable.
En su informe temático de febrero de 2025, La CDHCM señaló que, entre los expedientes de queja vinculados con este derecho registrados entre 2010 y 2024, 35 por ciento correspondió a la asignación de vivienda pública sin criterios transparentes o justos; 26 por ciento, a condiciones jurídicas que no garantizaban la seguridad de la propiedad o posesión; y 11 por ciento, a desalojos arbitrarios o ilegales.
Una ley en etapa legislativa
Esta iniciativa fue presentada ante el Congreso el 14 de octubre de 2026. Su aprobación dependerá del análisis legislativo, la elaboración del dictamen y la votación correspondiente. Así mismo, la presentación de esta iniciativa no modifica por sí misma las obligaciones legales de propietarios e inquilinos.
Los alcances definitivos de la ley dependerán de la versión que apruebe el Congreso, de las atribuciones que se otorguen a las instituciones responsables y de los recursos destinados a su aplicación. Las comisiones dictaminadoras podrán modificar la propuesta durante su análisis.
Es importante recalcar que esta iniciativa no garantiza una vivienda barata por sí sola: la regulación de contratos y los mecanismos de defensa pueden contribuir a dar mayor certeza, pero la disponibilidad de viviendas asequibles también depende de la construcción, rehabilitación, adquisición de suelo y puesta en renta de inmuebles a precios accesibles.
LG