Con la entrada en vigor de la Ley Mariana Lima Buendía en el Estado de México, la cual castiga la obstrucción de la justicia por razones de género con hasta 10 años de cárcel, según activistas se abre una puerta de esperanza para evitar que el principal enemigo de la justicia esté dentro de las fiscalías y los juzgados, donde, afirman, nueve de cada 10 feminicidios siguen impunes porque destruyeron u omitieron pruebas, desestimaron la perspectiva de género o archivaron los casos.
El siguiente reto, señalaron madres de víctimas de feminicidio, es que la ley no se quede en el papel, que se capacite a los agentes del Ministerio Público, se difundan los cambios en la norma, se deje de revictimizar a las familias de las víctimas, como si fueran delincuentes y las responsables de la muerte de sus hijas, pero sobre todo que esta norma se extienda por todo el país.
Las sentencias que se han alcanzado, dijeron, ha sido porque la familia ha conseguido pruebas, ubicado a las personas responsables y hecho todo el trabajo que el Ministerio Público no hace por negligencia, corrupción o porque simplemente no tienen las herramientas necesarias para trabajar.
La activista Irinea Buendía y el abogado Pablo Navarrete anunciaron que esta será su nueva lucha, recorrer nuevamente todo el país para llevar la iniciativa a todos los congresos para que se legisle y apliquen estos cambios. Hasta el momento solamente la han entregado al Congreso federal y al Senado, pero nadie la retomó; les faltó voluntad, señala el abogado.
“La realidad es que es un tema que no está en las prioridades de los legisladores federales, y ante esta omisión legislativa, perpetúan el pacto de impunidad con los feminicidas, lo cual es grave porque se debería romper con ese pacto de impunidad”, indicó. En el caso del Estado de México van a crear un Observatorio que dé seguimiento a la aplicación de la ley y para que se puedan cambiar realidades dolorosas, donde el estado, además de haber sido por muchos años el primer lugar en feminicidios, ahora lo es por suicidio y muertes por accidente.
“Queremos romper la cadena de impunidad, dejar de lado ese trato despótico y violento, esas viejas prácticas que no cambiaron con el nuevo sistema penal. Que se investigue y sancione”, agregó.
Las autoridades, insistieron, deben dejar de ser el principal obstáculo para alcanzar la justicia, no destruir las escenas del crimen, no minimizar testimonios ni dejar de lado la perspectiva de género en todas las muertes violentas.
En la entidad se registraron 4 mil 300 casos de feminicidio del 2015 al 2024. El año pasado fueron 55 y de enero a julio de este año van 27.
El caso Mariana Lima
Mariana Lima Buendía fue asesinada el 28 de junio de 2010. Su homicida, un policía judicial, hizo pasar su asesinato como un suicidio. Las autoridades le creyeron, pero no su madre, quien luchó para que el expediente no se cerrara, tocó muchas puertas, protestó y denunció. En su largo peregrinar pasó por 20 agentes del MP, distintos fiscales, nueve jueces, más de 60 dictámenes, 140 audiencias y 13 años de su vida.
Hasta marzo de 2023 consiguió una sentencia condenatoria de 70 años de prisión contra el feminicida, 70 años que no le devuelven a su hija, pero pudo impedir que la impunidad la matara por segunda vez, y a partir de la sentencia de la Corte pudo lograr que la sentencia Mariana Lima Buendía se convirtiera en una herramienta efectiva para todas las mujeres.
Desde entonces ha recorrido todas las entidades del país para dar a conocer esta sentencia y que las fiscalías sepan que todas las muertes violentas de mujeres deben investigarse con perspectiva de género; solo le falta acudir a Yucatán.
Una nueva lucha
Junto al abogado Pablo Navarrete Gutiérrez, Irinea Buendía buscó convertir algunos de los parámetros de la SCJN en obligaciones expresas de la ley y volvieron a tocar puertas. Al Congreso del Estado de México acudieron el 8 de agosto de 2023 para presentar la propuesta de Ley Mariana Lima, donde pidieron que todas las muertes violentas de mujeres sean investigadas con perspectiva de género, y que las omisiones y negligencias de las autoridades también tuvieran consecuencias.
Acudieron al ámbito federal, a la Cámara de Diputados y al Senado para incorporar estos planteamientos a la legislación de todo el país, pero no han tenido respuesta.
Al Congreso mexiquense regresaron en 2025, donde la diputada Jennifer Nathalie González López impulsó la propuesta y logró su aprobación en el pleno a principios de septiembre, convirtiéndola en la primera y única entidad con una ley que, además de obligar a investigar con perspectiva de género, castiga a quienes obstruyen la justicia.
La reforma
El pasado 26 de septiembre, el Estado de México se convirtió en la primera entidad que implementa la llamada “Ley Mariana Lima”, donde se estipulan castigos de hasta 10 años de prisión a las personas servidoras públicas de procuración y administración de justicia que, obligadas a investigar o sancionar delitos cometidos contra mujeres por razones de género, incurran en corrupción, omisiones, negligencia u obstrucción de la investigación o la administración de justicia, en perjuicio del derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación del daño.
Con esto también se castigará de cuatro a 10 años de prisión, de 100 a 150 días multa y la destitución o inhabilitación para el cargo por las conductas descritas, pues ya se ajustó el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, donde se establece que la Fiscalía General de Justicia debe investigar con perspectiva de género y debida diligencia todas las muertes violentas de mujeres y niñas, y bajo el protocolo del feminicidio.
El Código Penal estatal vigente establece penas de 40 a 70 años de prisión por feminicidio y transfeminicidio, además de multas de 700 a 5 mil días, las cuales pueden incrementarse en una tercera parte por diversas agravantes.
Difusión de la ley
La activista Irinea Buendía pidió a la gobernadora de la entidad, Delfina Gómez, generar las condiciones institucionales, presupuestales y operativas necesarias para que la reforma se cumpla; la conozcan las y los agentes del Ministerio Público, las y los policías, las y los peritos, así como todas las personas que imparten justicia. Se les capacite y supervise para evitar omisiones y cuando estas ocurran se sancionen.
“Hoy podemos celebrar un avance, pero la deuda con las víctimas de feminicidio y con sus familias no está saldada. Falta muchísimo por hacer. Mientras una mujer siga siendo asesinada por razones de género, mientras una madre tenga que salir a las calles a exigir que investiguen la muerte de su hija, mientras una familia tenga que mendigar justicia, nuestro trabajo no habrá terminado”, aseveró.
Una ley, agregó, solamente transforma la realidad cuando se cumple, y por ello las madres, las familias, las mujeres, las organizaciones y quienes defienden los derechos humanos van a seguir luchando por las que ya no están y por las que vienen detrás, donde el lema sigue siendo: “Ni una muerte violenta de una mujer sin investigar, ni una omisión institucional sin consecuencias”.
Epicentro de la esperanza
Para el abogado y defensor de los derechos humanos, Pablo Navarrete Gutiérrez, este avance legal lleva al Estado de México, epicentro del feminicidio y vergüenza nacional, a convertirse en el epicentro de la esperanza.
Por fin, dijo, se empieza a saldar y revertir la impunidad con la Ley Mariana Lima, porque ahora es punible lo que Irinea Buendía y muchas madres han enfrentado de la justicia: obstáculos, omisiones, negligencias sistemáticas y permanentes.
“Negar la justicia por razones de género ya es delito, pero solo en el Estado de México. Esto tiene que extenderse a todo el país. La dinámica tiene que cambiar, la deben retomar los otros congresos del país, el Congreso de la Unión. Todas las autoridades deben saber que habrá consecuencias. El Estado tiene que enfrentar con todo lo que tiene a su alcance el feminicidio”, acotó.
Ahora, dijo, no solo el feminicidio, sino también el suicidio. En los 16 años de andar de doña Irinea Buendía, se han registrado más de 21 mil 360 suicidios de mujeres en todo el país y 2 mil 954 de estos casos han ocurrido en el Estado de México, cifra en la que seguramente hay muchos feminicidios encubiertos, que ahora se deben investigar con perspectiva de género.