El diputado Miguel Ángel Salim Alle señaló que la ley de economía digital podría generar afectaciones a las personas que no cuentan con tarjetas bancarias ni acceso a internet, mientras que el coordinador de Concamin Bajío, Ismael Plascencia Núñez, consideró que México todavía no está preparado para generalizar los pagos digitales.
Lo anterior, luego de que la Cámara de Senadores aprobó el proyecto para expedir la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum; la reforma promueve herramientas como códigos QR, transferencias y tarjetas (CoDi y Dimo), además, otorga a Hacienda la facultad de restringir el efectivo en sectores estratégicos y acepta la CURP Digital para servicios financieros.
Salim Alle señaló que Acción Nacional votó en contra de la legislación al considerar que no existe certeza sobre los criterios que utilizará la Secretaría de Hacienda para definir qué sectores deberán operar exclusivamente con medios electrónicos y cuáles podrán continuar recibiendo efectivo.
“Las reglas del juego no están claras”, afirmó el legislador, quien cuestionó cómo se determinará qué actividades deberán aceptar únicamente pagos con tarjeta y advirtió que las disposiciones también generan interrogantes sobre la autonomía del Banco de México en materia de política monetaria.
Como ejemplo, mencionó las gasolineras y las casetas de cobro, donde una eventual restricción al efectivo podría complicar el traslado de personas que enfrentan una emergencia médica, particularmente en comunidades rurales donde no todos cuentan con conexión a internet o servicios bancarios.
“Si alguna persona de una comunidad tiene una emergencia médica, sube a una persona adulta y quiere cruzar la caseta, no tiene tarjeta ni internet en su rancho y no lo van a dejar pasar porque no trae efectivo”, expuso.
Por su parte, Ismael Plascencia Núñez, coordinador de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) Bajío, señaló que la digitalización de los pagos es una tendencia que avanzará con el tiempo, pero consideró necesario conocer con precisión los alcances de la ley y determinar cómo afectará a las micro, pequeñas y medianas empresas.
“Como país no estamos preparados para pagar todo digitalmente”, sostuvo, al cuestionar cómo se aplicaría la medida en tianguis, pequeños comercios y puestos donde las transacciones se realizan principalmente en efectivo.
El representante empresarial consideró que uno de los posibles beneficios de la digitalización sería incorporar a más negocios a la formalidad, al facilitar la supervisión de sus operaciones, sin embargo, dijo que también existe el riesgo de excluir a personas que no están familiarizadas con las herramientas tecnológicas.
Por ello, insistió en que la implementación debe acompañarse de asesoría, información clara y campañas de difusión que permitan a comerciantes y consumidores adaptarse gradualmente. Añadió que la elevada informalidad económica representa un desafío para extender este modelo de pagos a todo el país.
En tanto, Salim Alle sostuvo que, desde la perspectiva de Acción Nacional, la legislación también podría tener un propósito recaudatorio, debido al seguimiento que pueden realizar los bancos y la Secretaría de Hacienda sobre las operaciones electrónicas.
El diputado indicó que la normativa contempla un plazo de 90 días para establecer las disposiciones correspondientes y cuestionó que su aplicación se prevea para enero sin que se conozcan todavía todas las condiciones. Por ello, afirmó que su partido propuso una implementación gradual y ampliar al menos seis meses el periodo de preparación para los usuarios y sectores involucrados.