En Guanajuato se busca que las corporaciones policiales cuenten con mayor preparación y un historial impecable. Por ejemplo, se reitera que quienes aspiren a ser policías de investigación deberán contar con licenciatura o educación superior; mientras que para integrarse como policías de prevención y reacción será necesario haber concluido la preparatoria. Actualmente, para policías de reacción solo se solicita la secundaria.
Otra de las principales adiciones en los requisitos establece que los aspirantes a corporaciones de seguridad no deberán ser deudores alimentarios ni maltratadores.
Así se plantea en una iniciativa enviada por la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, al Congreso del Estado, con el objetivo de reformar la Ley del Sistema de Seguridad Pública de Guanajuato.
La iniciativa fue recibida en el Congreso el 3 de marzo y turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su análisis. El documento contempla diversas adiciones al artículo 80.
Entre ellas, se establece que quienes aspiren a ser policías no deberán contar con historial o antecedentes como victimarios de violencia contra mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas adultas mayores, ni haber cometido abuso o maltrato animal.
Asimismo, no deberán haber participado, favorecido o encubierto, de ninguna forma, la comisión de violaciones graves a los derechos humanos.
Tampoco podrán tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales; el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica; por violación a la intimidad sexual; o por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
La iniciativa también precisa las etapas a seguir en caso de que existan procesos internos sancionadores por un presunto mal actuar de algún elemento de la corporación. En este sentido, establece un plazo de seis meses para resolver los procesos disciplinarios; en caso de una inobservancia injustificada, se considerará causa de responsabilidad administrativa.
El objetivo de la propuesta es sentar las bases para la correcta coordinación entre los tres órdenes de gobierno en la atención de la seguridad pública como una función del Estado mexicano.