En México, cuando una persona desaparece y después es localizada tras las rejas, detenida por su presunta participación en actividades del crimen organizado, la justicia enfrenta un dilema jurídico: ¿es un delincuente o una víctima de reclutamiento forzado?
Esa es la cuestión que enfrenta hoy Sebastián Menéndez, de 18 años de edad. Su madre, Beatriz Uscanga, denunció su desaparición el 4 de septiembre de 2025, cuando él le dijo que viajaría a Jalisco por una oferta laboral.
Hoy está aprehendido, señalado por pertenecer a una célula delictiva. El caso refleja una cadena de omisiones institucionales que derivaron en lo que hoy la madre describe como una “doble desaparición” de su hijo: primero, cuando no fue buscado de manera efectiva y, después, al ser detenido sin que se investigaran las condiciones en las que fue reclutado.
Parte del problema radica en que la legislación actual no contempla de manera específica el delito de reclutamiento forzado por parte de organizaciones criminales, lo que provoca que muchos casos se investiguen bajo otras figuras penales como delincuencia organizada, privación de la libertad o, incluso, trata de personas; lo que deja en la opacidad esta práctica ilegal.
De víctimas a imputados
Para Rubén Ortega Montes, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, esta omisión legal también implica una responsabilidad del Estado:
“Estos jóvenes primero fueron víctimas y el Estado no hizo nada por recuperarlos, no hizo nada por encontrarlos”.
Sebastián habría sido víctima de reclutamiento mediante engaños, una práctica que, denuncia su madre, no ha sido investigada con la seriedad que amerita, y cuestiona que hoy enfrente acusaciones penales: “¿Cómo puede ser que de víctima pasó a ser un delincuente?”.
El estigma de la criminalización
En entrevista con MILENIO, Beatriz insiste en que el actuar de las autoridades fue determinante en el desenlace del caso. Desde su perspectiva, existían indicios suficientes para iniciar una búsqueda inmediata y efectiva; sin embargo, esto no ocurrió.
“El Estado me falló cuando no lo buscaron de manera efectiva… y hoy tampoco están investigando cómo llegó hasta esta situación”, afirma. “Todo esto es por omisión y negligencia”.
Actualmente, el joven se encuentra detenido en un penal de un estado que no quiso revelar. Sebastián, dice ella, no debe ser visto únicamente como un detenido, sino como alguien que atravesó un proceso de vulneración previo: “No sólo es un detenido, también es víctima de un sistema que no lo protegió”.
El proceso de adoctrinamiento criminal
El especialista en temas de procuración de justicia y seguridad pública señala que muchos jóvenes son engañados con ofertas de empleo o mejores condiciones económicas y, una vez captados, son sometidos a procesos de violencia, entrenamiento y adoctrinamiento que transforman su comportamiento.
“Las familias vieron a un joven, y el joven que hoy quizá esté detenido… ya no es la misma persona, ya no piensa igual, trae un sinnúmero de conductas que lo han cambiado”, señala.
Beatriz puede dar fe de eso. Aunque Sebastián fue localizado con vida, su situación no representa un cierre para la familia. Por el contrario, abrió una nueva etapa marcada por la incertidumbre legal y la distancia: “Mi hijo, bendito sea Dios… apareció, pero pues no de la forma… que sea deseada”.
Un problema estructural y sistémico
El problema se agrava si se considera la dimensión de las desapariciones en el país, donde se busca a más de cien mil personas. Muchos de esos casos, explica Ortega Montes, terminan vinculados a dinámicas de reclutamiento en distintas regiones del país.
En la práctica judicial, la mayoría de estos jóvenes son tratados exclusivamente como imputados: “No hay ni siquiera en el ánimo de la autoridad… el ver las cuestiones con un realismo social”.
El caso de Sebastián no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de un contexto más amplio de violencia, reclutamiento y fallas institucionales.
“No quiero impunidad, quiero justicia sobre el caso de mi hijo y que ningún otro joven viva lo que mi hijo está pasando… ya que mi hijo fue víctima antes de ser detenido”, insiste Beatriz.
A juicio del académico, las instituciones suelen priorizar la persecución del delito sin analizar la posible condición de víctima previa: “Lo olvidan, lo hacen a un lado… y lo tratan como lo que la gente quiere ver: como un delincuente que atacó a la sociedad”.
Esta lógica, advierte, genera una doble victimización: “Primero fueron engañados… y luego el Estado los revictimiza cuando los imputa, los acusa, los procesa y los condena”.
Legislación obsoleta y voluntad viciada
El académico advierte que el marco jurídico vigente no responde a la complejidad del fenómeno que hoy se vive en el país. Desde la teoría penal, explica, uno de los elementos centrales para determinar la responsabilidad es la voluntad de la persona al cometer un delito:
“La ley penal va dirigida a uno de los elementos del delito, que es la conducta… En México lo vemos bajo la teoría finalista; es decir, el querer un resultado y poner la voluntad en la realización de los actos tendientes a obtener ese resultado”.
Sin embargo, en contextos de reclutamiento criminal, ese elemento puede estar profundamente alterado:
“Debemos cuestionarnos si esa voluntad ha sido viciada, porque claro que está teniendo esa actividad, pero los datos que nos relatan… nos dicen que preparan a los jóvenes para que priven de la vida, torturen, desmembren o calcinen a las personas”.
El vacío en el Código Penal
En términos jurídicos, el principal problema es que el reclutamiento forzado no existe como tipo penal autónomo en México. “No hay un tipo penal como tal, reclutamiento forzado, no lo hay”, reconoce Ortega Montes. Esto provoca que las autoridades procesen a las personas únicamente por los delitos que cometieron dentro de la organización criminal, sin analizar el contexto previo en el que pudieron haber sido víctimas.
El artículo 14 constitucional establece que, en materia penal, la única fuente del derecho es la ley. Por ello, mientras el reclutamiento forzado no esté tipificado, las autoridades están obligadas a perseguir los delitos existentes.
Actualmente, el delito de delincuencia organizada se investiga a nivel federal bajo la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que establece un catálogo específico de delitos que pueden formar parte de estas estructuras.
Urgencia de una reforma legislativa
En ese marco, una persona detenida puede ser procesada por delitos como robo, portación de armas, secuestro o trata de personas y, adicionalmente, por pertenecer a una organización criminal.
Sin embargo, Ortega Montes considera que la legislación debe evolucionar para responder a la realidad actual: “El derecho evoluciona conforme a la realidad social… entonces, en este momento debería tipificarse así, tal cual: reclutamiento”.
De acuerdo con el investigador, una legislación específica permitiría analizar las circunstancias en que una persona fue incorporada a una organización criminal y establecer criterios para excluir responsabilidad o reducir penas en determinados casos. La discusión, señala, debe incluir a criminólogos, jueces, psicólogos y especialistas en seguridad pública para comprender la dimensión del problema.
La deuda del Congreso
Por ello, considera urgente abrir el debate legislativo con la intención de construir respuestas jurídicas acordes con la realidad del país:
“Ojalá los diputados… se concentren para lo que fueron elegidos: legislar en bien de la sociedad y no andar creando delitos del populismo penal”.
Aunque la Organización de las Naciones Unidas ha instado a México a reconocer el delito y se han presentado iniciativas a nivel federal, estas no se han concretado.
El objetivo es castigar a quien obligue, incite, coaccione, engañe o se aproveche de la vulnerabilidad de una persona para que participe en actividades delictivas. Las propuestas consideran penas de 10 a 20 años de cárcel cuando las víctimas sean adultas, y de 20 a 40 años si se trata de menores de edad.
Búsqueda que no termina
Beatriz exige a las autoridades que se investigue a fondo la posible red de reclutamiento forzado detrás de la desaparición de su hijo, pues reitera que “si el Estado lo hubiera buscado, esto no estaría pasando”. Ella tuvo que emprender el camino para dar con él y, en ese trayecto, fue “ultrajada, amenazada y golpeada”.
Su testimonio muestra parte de lo que enfrentan las madres buscadoras en un país donde, considera, la normalización de las desapariciones ha llegado hasta las autoridades:
“Lamento que las autoridades hayan normalizado los casos de desaparición… México tiene el récord… nos debería dar vergüenza”.
A pesar de las dificultades, la madre hace un llamado a otras familias que atraviesan por situaciones similares a no desistir en la búsqueda:
“Que todos sigan saliendo a buscar a sus hijos, que sí hay esperanza… aunque en este momento yo esté viviendo esa doble desaparición”.
JVO