Durante la Cumbre de Líderes de Pacto Global de la ONU 2021, empresarios, sociedad civil y representantes de gobierno de todo el mundo, participaron durante 26 horas continuas del 15 al 16 de junio, a través de diálogos, reflexiones e intercambios de conocimientos con el fin de acelerar el objetivo del sector privado, en colectivo, para lograr las metas fijadas en la Agenda 2030.
El evento, que se llevó a cabo de forma remota, abordó en diferentes paneles, temas como la crisis convergente del cambio climático, la pandemia mundial por covid-19, así como sobre el incremento de la desigualdad social y económica y la corrupción, donde, además se ofrece una hoja de ruta hacia la recuperación sostenible, así como la construcción de un mundo más justo, equitativo y resiliente.
Dentro de las conferencias, se desarrolló el panel “A Diez Años de los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas”, en el que participaron cinco expertos independientes, quienes hicieron un balance de logros alcanzados hasta el día de hoy. Se evaluaron algunos puntos por hacer y los desafíos que actualmente existen para el cumplimiento que plantea este objetivo. Por ello también se habló de una visión a futuro, de una ruta para implementar de forma amplia y general los Principios Rectores hasta el 2030.
Hay que recordar que los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos tuvieron el respaldo unánime por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio del 2011. Fueron desarrollados bajo el liderazgo del profesor John Ruggie con una participación diversa, en el que se buscó delinear un marco que proteja, respete y remedie los derechos humanos frente al actuar empresarial.
De los avances generales en esta materia, destaca el posicionamiento del tema en la agenda pública, ya que, si bien son fundamentos voluntarios, los Principios Rectores se han convertido en una de las herramientas principales a nivel internacional para abordar el tema de derechos humanos en las empresas. Esto a su vez también ha evidenciado la necesidad de profundizar el conocimiento sobre cómo el sector privado impacta en el desarrollo de políticas públicas y privadas en favor de los derechos humanos.
“Sin duda los principios rectores han sido una herramienta para la transformación social que abonan a la igualdad, democracia y seguridad, para el bienestar de las personas. Los impactos de la pandemia de COVID19 nos plantean retos distintos y retrocesos es clara la urgencia de actuar de manera coordinada desde varios frentes, sector público- privado y sociedad civil, la parte normativa no es suficiente para proteger la dignidad y la integridad de las personas de forma proactiva, este es el primer paso para abonar a la recuperación y competitividad de las empresas", comentó Martha Herrera Gonzalez, directora global de Impacto Social en CEMEX y presidenta del Consejo de la Red Mexicana de Pacto Mundial.
De manera general, destaca la implementación en 25 países, hasta el momento, de Planes Nacionales de Acción sobre empresas y derechos humanos (NAP, por sus siglas en inglés). En Latinoamérica solamente Colombia y Chile cuentan con un NAP, mientras que Honduras, Perú, Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala y Nicaragua trabajan en un Plan de Acción u otro tipo de políticas en la materia.
También es importante mencionar que el grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos tiene un nuevo proyecto para trazar la ruta a seguir en los siguientes años, con el objetivo de llegar al 2030 con la presentación de resultados concretos y medibles, en el que se contempla un marco sostenible para el desarrollo.
Este panel fue moderado por Mauricio Bonilla, director ejecutivo de Pacto Mundial México, y participaron: Valentina Lira (Chile) subgerente de Desarrollo Sostenible, Viña Concha y Toro; Martha Herrera (México), directora global de Impacto Social en Cemex; Bernardo Vargas, presidente en Grupo ISA; y Alejandro Amor, Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidente de ADPRA.
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RRR