Nuestro país se reinventa cada seis años, pese a las leyes y a toda clase de esfuerzos y promesas. Cada sexenio opera la destrucción de lo pasado para imponer el poder presente, con los enormes costos que tiene echar a la basura las inversiones, prioridades y proyectos por los que se erogaron enormes recursos de la nación en sexenios anteriores. En los programas de gobierno se sufren las consecuencias con la falta de servicios, la falta de continuidad, el desabasto y el pisoteo de derechos fundamentales; en los proyectos de inversión y en la infraestructura esto se traduce en abandono, en el cierre y la destrucción de inmuebles e instituciones. Al final, como veremos en este análisis, a nivel de las políticas públicas seguimos presa del eterno retorno de lo mismo.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 se aprobaron 15 mil 028 millones 490 mil 017 pesos para el Ramo 48 Cultura. Algunos medios, en forma ingenua hablan de un incremento de más de mil millones de pesos, en comparación con el presupuesto aprobado en 2021, sin embargo, esto, lamentablemente no es real. En Cultura tenemos puras malas noticias: caída de las aportaciones federales a los estados y municipios, pérdida de la producción cultural, centralismo, desempleo, parálisis en la producción, abandono del patrimonio cultural y el riesgo de cierre parcial o incluso generalizado de las instituciones culturales.
Se aprobó un presupuesto que es ajeno a la reactivación cultural postcovid, a las políticas de recuperación del empleo, al impulso al PIB cultural, a los programas de resguardo y promoción de nuestro patrimonio cultural, a la concurrencia entre federación, entidades federativas y municipios. Un presupuesto insuficiente para garantizar el derecho al acceso a la cultura, el ejercicio de los derechos culturales, la libertad creativa y la participación de los sectores social y privado en las políticas y programas culturales. Adicional a un presupuesto insuficiente, el Sector Cultura queda prácticamente sin mecanismos de financiamiento: sin fideicomisos, sin participaciones federales, sin fondos mixtos y con una reducción en la deducibilidad considerable en las aportaciones privadas.
En cuanto a las políticas de preservación, difusión, promoción y resguardo del patrimonio cultural, encontramos una reducción considerable: sin recursos para financiar acciones de supervisión, catalogación, reformas legislativas; sin presupuesto para la indemnización de propietarios que, de buena fe, restituyan bienes culturales en el extranjero, bajo el Convenio de UNIDROIT (The International Institute for the Unification of Private Law). Así es imposible evitar la destrucción, el expolio y combatir el jugoso negocio del tráfico de piezas arqueológicas, de obras de arte, de bienes históricos y artísticos que se trafican impunemente dentro y fuera del país. Quedarán solamente como recurso las cartitas y campañas plañideras.
En el PEF 2022 se garantizan únicamente los recursos para los programas sociales y los proyectos prioritarios de la presidencia, como el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya o el Proyecto Chapultepec, entre otros. Este último contará con el 25 por ciento del presupuesto del Sector Cultura, en detrimento de los museos e instituciones como el Museo MACAY, el MACO de Oaxaca y los numerosos museos del país que han alertado sobre el riesgo que corren de cierre permanente.
Por si fuera poco, la secretaria Alejandra Frausto nos da una muestra de su necesidad de imponer el eterno retorno de las políticas culturales. En el PEF 2022 están etiquetados mil 411 mdp para un programa de prevención del delito en cultura, sustentado con el convenio intersecretarial firmado entre la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el 6 de junio de 2021. Recordemos que es el mismo programa que fue creado en el sexenio de Peña Nieto y que la ahora secretaria de Cultura operó como funcionaria del peñanietismo, al frente de la Dirección General de Culturas Populares. Dicho programa se presentó en 2013 por el entonces subsecretario Roberto Campa Cifrián y Rafael Tovar, todavía como presidente de Conaculta.
Formulo algunas preguntas, para salir del círculo vicioso del eterno retorno de lo mismo: ¿se tomarán en cuenta las denuncias hechas por la Auditoría Superior de la Federación? A saber: mecanismos de evaluación insuficientes, recursos que llegan tarde a las entidades, una entidad que manejó irregularmente este dinero y programas que se presumen como de prevención sin serlo. ¿Se considerarán las aportaciones de estudios como el de Marcos Daniel Aguilar Ojeda del CIDE? En dicha investigación se exponen la falta de diagnósticos, la ausencia de evaluaciones, —todos los años que se mantuvo el programa—; muestra las críticas que hicieron incluso algunos operadores de cultura de paz: centralismo, falta de resultados e instalaciones que quedaron abandonadas, como el Centro Cultural de Apatzingán. (Ver: “Cultura de paz en el infierno. Política pública cultural en zonas de conflicto en México, 2012-20182”.)
Tenemos que enfatizar que este gobierno ha centralizado indebidamente el presupuesto, que sumado al de Chapultepec constituye más del 33 por ciento del presupuesto total del Subsector Cultura, solamente en dos proyectos operados desde la Secretaría de Cultura. Sin que se haya aprobado ningún incremento en el presupuesto. Lo responsable, lo que determina el marco normativo vigente es que tendrían que dividirse los mil 411 mdp entre las 32 entidades federativas, ya que la cultura es una materia concurrente, esto es, que tienen el mismo nivel de facultades la federación, las 32 entidades federativas y los municipios; que la prevención del delito, en cuanto cae en el ámbito de los Estados requiere que se opere desde las instituciones estatales de cultura, vinculadas a los municipios de cada entidad. A menos que se esté disponiendo de otro destino que caiga en la opacidad y en las irregularidades ya documentadas en el sexenio peñanietista.
¿Qué sentido tiene entonces recuperar este programa representativo de la opacidad, del dispendio y de posibles corruptelas? ¿Con qué metodologías lo implementarán las actividades, con qué objetivos e indicadores de gestión se operará el mismo programa, cómo se ejercerá un presupuesto de mil 411 mdp cuando se niega lo indispensable? Son muchas las dudas que esperamos sean respondidas por las autoridades federales. Al parecer se seguirá la misma ruta del pañanietismo, con el mismo programa y responsable: la entonces directora de Culturas Populares y ahora secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. Pese a las promesas y repetición cacofónica de que “Ya no es como antes”, constatamos que el mayoriteo es para imponer el eterno retorno de lo mismo.
AQ