Moral pública y vida privada

El Estado moderno separó los ámbitos religioso y civil, y las esferas pública y privada, sin hacerse cargo de la cabal observancia de las leyes al desatender las condiciones indispensables para que éstas se cumplan, entre ellas, la situación material y moral de los ciudadanos. Los catecismos cívicos decimonónicos promovieron los principios republicanos en vista del retiro de la Iglesia al espacio privado, mientras que en las escuelas la cátedra de moral (sustituida después por el civismo) reemplazó a la de religión en el ánimo de que la instrucción escolar debería introyectar los valores patrios en los educandos. La Guía ética para la transformación de México (2020) persevera en esa misma dirección. Pretensión anacrónica en la era de la comunicación articulada en redes donde la exposición de la vida privada, incluso íntima, en los medios diluyó el deslinde con lo público. Que esto ocurra en esos espacios de interacción comunicativa no autoriza, sin embargo, que los gobernantes los confundan.

Los 20 “mandamientos” —como los llamó Alfonso Reyes— del código obradorista abarcan los renglones de la conducta personal y pública, y hablan de la libertad y la fraternidad, el amor, el sufrimiento y el gozo, el pasado y el futuro, el perdón y la redención, la justicia y la ley, el trabajo y la riqueza, la familia y la Naturaleza, el gobierno, mientras que la “revolución de las conciencias” permitirá que los valores patrios, sociales y cristianos del presidente enraícen en la comunidad y perduren en el tiempo. El catecismo de la 4T renuncia a imponer creencias, modos de ver el mundo, opiniones y preferencias; admite el derecho a la discrepancia, el reconocimiento de la crítica en cuanto atributo democrático; proclama el combate al autoritarismo en favor de la libertad e instruye para alcanzar una sociedad fraterna con fundamento en la justicia y la igualdad; reitera la convicción de que la historia es la maestra de la vida, dado que “quien no sabe de dónde viene difícilmente sabe a dónde va”. La política deberá orientarse “por el principio del servicio a los demás”, en tanto que el desarrollo económico no dejará “fuera a nadie”.

Empero el prontuario presidencial no se contenta con instruir la moral pública y procurar la virtud ciudadana, también se adentra en la educación sentimental de los hijos de la república. Para esto, el amor, la gratitud, el perdón, la familia son temas capitales. “Ama especialmente a las personas que llevan una vida difícil por la falta de amor”, sugiere la Guía ética. “Quien perdona se deshace del rencor, de la sed de venganza e incluso del odio”; “comprende las motivaciones de tu conducta indebida, conviértela en aprendizaje y enmienda el daño causado”, recomienda. Con respecto de la familia prescribe evitar “las actitudes autoritarias, violentas y arbitrarias y procura resolver el conflicto mediante el diálogo”.

Ni siquiera los presidentes panistas se involucraron tanto en la esfera privada de los ciudadanos como lo hace López Obrador, sea a través de las directrices de la Guía ética o de las conferencias matutinas. Desde la tribuna de Palacio devenida en púlpito, el presidente instruye cómo educar a los hijos, qué juegos hay que prohibirles, cuáles deben ser las aspiraciones del individuo reiterando a la primera oportunidad las virtudes de Jesucristo, aunque dice que cualquier creencia religiosa habrá de respetarse. Y, en contrario, utiliza la tribuna presidencial para responder por la conducta de sus vástagos o la probidad de sus hermanos. Como López Obrador no distingue entre el presidente y el padre de familia, el ámbito público del privado, esto da lugar a equívocos constantes (i.e. no todas las religiones creen en Jesucristo ni tampoco todos tienen religión, a algunos les gustan los videojuegos violentos, otros más desean un segundo par de zapatos) sin mostrar un atisbo de entendimiento y contención.

Exhibir públicamente información sobre privados procedente probablemente de organismos de fiscalización estatales, también forma parte de la revoltura de esferas que el presidente cotidianamente realiza. Si las personas impugnadas han cometido delitos lo conducente es proceder legalmente contra ellos, no mostrar sus datos personales en cadena nacional, es decir, esto viola sus garantías individuales, convierte la política en espectáculo y la justicia en apéndice de aquélla. La modalidad adoptada aquí es la del escarnio público, la exhibición en la plaza de la vileza del inculpado, de la traición a la patria impresa en su conducta. El juicio y la sentencia son instantáneos, aunque jurídicamente el veredicto sea nulo, la presunción de inocencia inexistente y la defensa de la honra a cargo del inculpado (el presidente no puede ser imputado de difamación). Es un abuso de poder.

Otro caso ilustrativo de la confusión de lo público con lo privado, de los muchos que podrían ofrecerse, fue la defensa presidencial de Alejandro Gertz Manero tras la filtración ilegal de unos audios que muestran las presiones del fiscal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un asunto que lo atañe como particular no en cuanto servidor público: “entiendo la situación personal, moral, humana, del fiscal porque se trata de un asunto vinculado con su hermano, lo entiendo. Él quiere que se haga justicia”, dijo. Esto, por cierto, dos semanas después de que el ministro presidente de la Corte denunciara el acoso al que lo sometió el expresidente Felipe Calderón a propósito del incendio de la guardería abc, en Hermosillo, que causó la muerte a 49 niños e hirió a 106 en junio de 2009. El dislate presidencial lo es por partida doble: de un lado, solapa el uso de las instituciones públicas con fines privados (después de remachar todo el sexenio que deslindaría el interés público del de los particulares), es decir patrimonialista, y, del otro, no parece preocuparle que un poder (el Ejecutivo) invada las competencias de otro (el Judicial). No son pocas ni menores las pifias de alguien que pretende gobernar con el ejemplo.

AQ