Lo que empezó como un ordenamiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que el INAH licitara, como todas las dependencias gubernamentales, la seguridad en sus museos y zonas arqueológicas, enfrentó el incumplimiento de las empresas privadas adjudicatarias —SSS Asistencia y Supervisión S.A. de C.V. en colaboración con Sistemas Prácticos en Seguridad Privada S.A. de C.V.— ya que al no contar con los elementos suficientes para salvaguardar el patrimonio de los museos más emblemáticos de la ciudad estos tuvieron que cerrar sus puertas, y termina aparentemente este lunes con la renuncia Pedro Alberto Velázquez Castro, encargado de Seguridad y Resguardo del Patrimonio Cultural.
El anuncio lo hizo a través de un comunicado, Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura federal, indicando que instruyó para que se iniciaran los procedimientos administrativos para la entrada a todos los espacios a cargo del INAH de la Policía Auxiliar en la Zona Metropolitana y la evaluación de cuerpos de protección homólogos en el resto del país.
“No se pondrá nunca en riesgo el Patrimonio nacional, cuyo cuidado ha sido encomendado a esa institución. La vocación del INAH es la salvaguarda del Patrimonio cultural de México, a través de la investigación, la conservación, la protección y la difusión del patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico del país, con el fin de fortalecer la identidad y memoria de la sociedad”.
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Apuntó que la vocación del INAH se centra en preservar y compartir la riqueza cultural e histórica de nuestro país, tanto para las generaciones actuales como para las futuras.
¿Quién ordenó al INAH licitar a empresas privadas?
“Nadie ordenó que se licitara la seguridad en los museos y zonas arqueológicas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, aclaró Diego Prieto, director del INAH, “lo único que hizo es instituto, , “fue aplicar la Ley de adquisiciones y servicios de la administración pública Federal, vigente para todas las dependencias del gobierno federal”.
El director del INAH explicó a MILENIO que esos cambios se registraron de acuerdo con Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que platea en su artículo 2, en el que, las dependencias de gobierno deben contratar servicios o productos de entidades públicas, sean de orden federal o estatal.
“En términos de la ley, es posible adjudicar, como lo veníamos haciendo, seguramente lo seguiremos haciendo contratos, en este caso, con la ciudad de México.
Precisó que en abril del 2025 “se agregó una modificación a la Ley en su artículo tercero, dicha disposición obliga a las dependencias públicas que van a contratar servicios de dependencias o entidades o empresas públicas, a acompañar el contrato con un estudio de mercado que asegure que la dependencia está contratando en las mejores condiciones económicas para el Estado”.
El artículo 3 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, modificado en abril de 2025, dice que:
“Se redefine la regulación de precios, introduciendo los conceptos de precio no aceptable, cuando el monto excede el presupuesto autorizado o está por encima de la media de mercado, y precio no conveniente, cuando el monto es sustancialmente inferior al promedio del mercado, con el fin de mejorar la racionalidad presupuestaria y evitar distorsiones en la competencia”.
Entonces bajo esos parámetros, el INAH tuvo que demostrar que la dependencia pública o la empresa pública, “en este caso la Policía Auxiliar estaba en rango de mercado, y como su costo era 16 millones arriba, por eso se hizo la licitación para que pudiéramos impulsar cuáles eran los rangos de mercado y porque a además hay una serie de partidas, me refiero a entidades federativas, donde la policía auxiliar tiene su rango de acción en el área metropolitana de la ciudad de México”.
¿Esta empresa adjudicataria —SSS Asistencia y Supervisión S.A. de C.V. y en colaboración con Sistemas Prácticos en Seguridad Privada S.A. de C.V.— será sancionada por haber incumplido con lo establecido en el contrato?
Claro, por incumplimiento, cualquier contrato implica una sanción que puede ir desde sanciones económicas, es decir, reductivas obviamente no vamos a pagar lo que no sea devengado, pero también puede implicar la cancelación y parcial o total de los servicios contratados y en ese sentido la rescisión anticipada del contrato, porque obviamente ahorita no hay contrato, una vez que falle una licitación, hay un plazo de hasta 15 días para formalizar el contrato, y no han pasado esos 15 días.
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