En los últimos años, el desperdicio de alimentos ha cobrado relevancia global debido a su impacto ambiental, social y económico. En México, donde coexisten abundancia y carencia, el desafío alimentario es especialmente apremiante. Según el Banco Mundial, cerca de 34 por ciento de la población mexicana enfrenta inseguridad alimentaria, mientras que más de 20 millones de toneladas de alimentos se desperdician al año. Esta paradoja, en un país con altos índices de pobreza y desnutrición, exige una acción inmediata y decisiva.
Con la aprobación de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, en abril de este año, México tiene la oportunidad de transformar su sistema alimentario. El éxito de esta ley dependerá de su reglamentación e implementación, previstas para este último trimestre del año y de la capacidad de los actores involucrados para adaptarse y maximizar sus beneficios. La pregunta es si esta legislación puede ser el catalizador para reformar nuestro sistema alimentario.
Hasta ahora, los esfuerzos legislativos han sido insuficientes. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y las reformas de 2019 para incentivar la donación de alimentos no vendidos no han logrado el impacto necesario. La razón es simple: falta de incentivos adecuados, educación insuficiente sobre el tema y carencia de un marco logístico sólido para la recolección y distribución que permita a las empresas, especialmente las pymes, cumplir con las regulaciones sin incurrir en costos insostenibles.
Lecciones globales
Países como Francia e Italia han demostrado que es posible crear marcos legales para que tanto supermercados como productores donen sus alimentos no vendidos, reduciendo el desperdicio y apoyando a las comunidades en riesgo. Noruega, Dinamarca, Japón y Corea del Sur tienen iniciativas similares. En Latinoamérica, naciones como Chile, Argentina y Brasil llevan ventaja.
En Chile, se han modificado leyes para permitir la venta, a precios reducidos, de productos con imperfecciones o próximos a su caducidad, lo que ha facilitado la adopción de prácticas sostenibles. Un ejemplo de ello es la cadena de retail Cencosud, con su programa Cero Desperdicio, que ha rescatado más de 320 toneladas de alimentos.
Otra iniciativa que ilustra el potencial del trabajo intersectorial en México es el programa Hambre Cero Nuevo León, que opera a través de alianzas estratégicas para reducir significativamente la inseguridad alimentaria, sirviendo como modelo para futuras políticas de sostenibilidad y bienestar social en todo el país.
Legislación: más que buenas intenciones
Sin embargo, para que una legislación alimentaria funcione en México debe considerar la diversidad del mercado alimentario, que incluye grandes cadenas de supermercados y pequeños vendedores ambulantes, además de la vasta economía informal.
La falta de infraestructura para la recolección, almacenamiento y distribución de los alimentos donados es uno de los principales desafíos. Sin una red logística eficiente, la ley no generará cambios tangibles. Además, ciertos sectores pueden resistirse a la donación de alimentos por considerarla una pérdida económica o un riesgo reputacional. En ese aspecto, el papel del gobierno y la sociedad civil resultan cruciales para promover una cultura de solidaridad y responsabilidad social.
La legislación en México debe actuar como un catalizador y no solo como herramienta punitiva, asegurando que pymes y productores locales también se beneficien de la redistribución de alimentos. El desperdicio alimentario tiene un efecto dominó en otros sectores de la economía. La pérdida de ingresos para los productores y la ineficiencia en la cadena de suministro afectan sectores clave como la agricultura y la distribución de alimentos, y contribuye a la inflación de precios, perjudicando especialmente a familias de bajos ingresos.
el dice...“Con la aprobación de la ley general de alimentación adecuada y sostenible
México tienen la oportunidad de transformar su sistema alimentario"
Aunque la legislación es indispensable para establecer normas y directrices, la colaboración intersectorial será decisiva. Proponer incentivos fiscales, subvenciones para mejorar la infraestructuras de reciclaje y compostaje, la incorporación de tecnología y el impulso a certificaciones y programas educativos masivos son medidas cruciales para asegurar que esta nueva legislación no solo se promulgue, sino que se aplique eficazmente. La innovación puede cambiar las reglas del juego.
Mientras México se alista para eventos internacionales como el Mundial de 2026, aplicar la ley para reducir el desperdicio de alimentos en estos eventos podría servir como modelo para una reforma más amplia en el sector. Los recientes Juegos Olímpicos de París 2024 son un ejemplo de cómo la implementación de medidas tales como reducir emisiones de CO2 al duplicar los elementos de origen vegetal, limitar el uso de plásticos o minimizar el desperdicio de alimentos, pueden tener un gran impacto ecológico, al organizar grandes eventos deportivos de manera sostenible.
Adoptar ese tipo de prácticas no solo mejoraría la imagen internacional de México, sino que también fomentaría un ciclo de sostenibilidad replicable a gran escala.
Aunque una legislación alimentaria es un paso significativo en la dirección correcta, no debe considerarse una solución mágica. La acción coordinada y la voluntad de cambio serán los motores que realmente marquen la diferencia, asegurando que las futuras generaciones vivan en un país donde la sostenibilidad no sea la excepción, sino la norma.
CHC