La nueva reforma de pensiones beneficiará a 20 millones de mexicanos

FT Mercados

La Ley del Seguro Social aumentará hasta 40% las pensiones, pero solo corregirá algunas deficiencias del modelo Afore, vigente desde hace 23 años.

El gobierno federal y los empresarios firmaron un acuerdo para reformar el sistema de pensiones en México; el mayor peso económico recaerá en la IP.

Franco Piña

El gobierno federal, la Iniciativa Privada (IP) y el sector patronal lograron lo que parecía imposible: un acuerdo para reformar el sistema de pensiones y, con ello, mejorar las perspectivas de retiro para 20 millones de mexicanos. 

En las condiciones actuales del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), los trabajadores de la generación afore que cotizan al IMSS están condenados a recibir una pensión promedio de apenas 26.6% de su último salario, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

 Eso en el mejor de los casos, pues 76% de esa generación no cumplirá con las 1,250 semanas de cotización que pide la ley para obtener una pensión garantizada, de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

“Si las condiciones no cambian, es una generación que está condenada a retirarse con una pensión raquítica o con los ahorros que acumularon en su vida laboral en la bolsa del pantalón”, dice Carlos Ramírez, analista de Integralia.

 En este contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó, junto con la Iniciativa Privada (IP) y el sector patronal, una iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social para aumentar en promedio 40% la tasa de reemplazo (pensión) de los futuros jubilados. 

“La reforma al sistema de pensiones va a permitir corregir algunas deficiencias propias de un modelo vigente desde hace 23 años y logrará que los trabajadores en edad de jubilación obtengan mejores condiciones de retiro”, dice Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore).

El Dato.
80,000 personas
serán beneficiadas en el primer año tras la aprobación de la reforma de pensiones

Las modificaciones 

La iniciativa, enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación, gira en torno a tres pilares. Uno es el aumento de las aportaciones obligatorias tripartitas de 6.5% a 15% en un lapso de 10 años, sin que los trabajadores vean afectado su ingreso. 

El peso recae en la contribución patronal, que aumentará de 5.15% a 13.87% de forma gradual en ocho años y con un periodo de gracia de dos años, una vez que la iniciativa se apruebe en Cámaras.

El gobierno tampoco aportará mayores recursos, pero la cuota social que destina se concentrará en los trabajadores de menores ingresos. El segundo es la disminución de las semanas cotizadas ante el IMSS que pide la ley para obtener una pensión, de 1,250 (25 años) a 750 (15 años). Según Arturo Herrera, secretario de Hacienda, eso permitirá que el número de trabajadores que obtengan una Pensión Mínima Garantizada (PMG) aumente de 34% a 82%. 

Sin embargo, una vez que los primeros trabajadores de la generación afore se retiren, el número de semanas aumentará gradualmente hasta 1,000. La edad mínima de retiro no se modifica, un trabajador se puede jubilar a partir de los 60 años. El tercer pilar aumenta la PMG de 3,289 a 4,345 pesos, en promedio. 

Durante el webinar “Reforma al sistema de pensiones”, organizado por Amafore, Carlos Noriega, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda, explicó que esta reforma ofrece incentivos a quienes coticen por más tiempo. Así, una persona con 60 años, 750 semanas cotizadas y con el mínimo de salario podrá acceder a una PMG de 0.70 veces el salario mínimo. 

En cambio, un trabajador con 65 años, 1,000 semanas cotizadas y remuneraciones de cinco minisalarios tendrá una PMG de 2.2 veces el salario mínimo. Con estos cambios, se espera que la pensión del trabajador promedio aumente 40%. 

“No es un asunto menor, se trata de cambiar de manera radical las condiciones de retiro de los trabajadores”, dijo Herrera cuando presentó la iniciativa.

 La reforma también busca reducir las comisiones que cobran las afores de 0.92% a 0.70% sobre saldo, con un incentivo a las que otorguen mejores rendimientos. A la par, pretende destrabar la iniciativa de reforma presentada en 2019 para flexibilizar el esquema de inversión de las afores.

Piden ajustes

 Aún no se ha publicado la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria, por lo que se desconocen los puntos finos de este proyecto. Sin embargo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y las afores proponen ocho puntos para reforzar lo que muchos han llamado la “gran reforma”. Uno de ellos es que el proyecto incluya a los trabajadores independientes bajo el esquema de aportaciones obligatorias, de Retiro (PPR).

 Este punto es relevante porque más de la mitad de la población ocupada total en México (aquella que cuenta con un trabajo o un vínculo laboral), no tiene con su fuente de trabajo una relación reconocida ante la ley o está empleada en un negocio informal.

 De acuerdo con el presidente de Amafore, el esquema propone que las personas que laboran por su cuenta aporten 2,000 pesos mensuales durante 15 años, para que puedan acceder a una pensión al llegar a su edad de retiro. 

Otra propuesta es incluir un esquema de ahorro voluntario bajo el modelo de “enrolamiento automático” (opt-out), mediante el cual los empleadores retendrán mensualmente entre 2 y 5% de la remuneración de los trabajadores que ganen más de tres salarios mínimos, para sumarlo a su ahorro voluntario. 

Sin embargo, no sería obligatorio. Si el trabajador no desea este beneficio, puede solicitar al patrón darse de baja. Y quien quiera aumentar el monto de ahorro puede pedirlo. También buscan flexibilidad para hombres y mujeres que han salido del mercado laboral para cuidar a sus dependientes (maternidad y paternidad).

 Además, piden modificar la deducibilidad fiscal para que vuelva a 100% para los planes privados de pensiones (los que las empresas otorgan a sus colaboradores). Asimismo, con el objetivo de mitigar el riesgo de longevidad, el CCE propone establecer un seguro de sobrevivencia, cuyo costo sería asumido por el Estado como un complemento a la pensión universal, mismo que deberá fijarse a partir de una edad determinada.

¿Más riesgos fiscales? 

De aprobarse, se espera que la reforma entre en vigor en 2021. En el primer año, beneficiará a cerca de 80,000 personas; mientras que con el sistema actual, solo 10,000 trabajadores obtendrían una pensión, dice Jorge López, representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Consar.

 Según la calificadora Fitch, el mayor beneficio será para las generaciones más jóvenes y las que están por entrar al mercado laboral, puesto que tendrán más tiempo para contribuir a tasas más altas, mientras que los que están a punto de la jubilación no serán capaces de capturar completamente el beneficio.

 Con más personas accediendo a una PMG, también se prevén mayores presiones fiscales para el erario, señala Moody’s, quien calificó la iniciativa de positiva para las afores y para los trabajadores. Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), coincide en que la iniciativa mejora el sistema de pensiones, pero no elimina la presión que ejerce sobre el gasto público. 

Para 2020 se etiquetó casi 1 millón de millones de pesos del presupuesto para el pago de pensiones y se espera que siga en aumento. Según el CIEP, el gasto del gobierno para los esquemas de beneficio definido y cuentas individuales (afores) aumentará de 4.2% del PIB a 6% en 2035.

Por ello, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) propuso crear un Sistema Nacional de Pensiones y reformar los esquemas de la mayoría de los estados, universidades públicas, municipios y organismos que aún tienen en un sistema de beneficio definido y generan elevados costos para las finanzas del país.

El otro lado del espejo

 No todo serán beneficios. Con el incremento en las cuotas patronales para el pago de pensiones, especialistas ven grandes riesgos de que aumenten los esquemas laborales sin prestaciones, el outsourcing ilegal y las afectaciones salariales. “Estas medidas aumentan el costo laboral de los empleados formales, en especial para las pequeñas y medianas empresas que, con datos del INEGI, emplean a 68% de estos trabajadores”, dice Alejandra Macías, del CIEP. 

Por otra parte, dice Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de Manpower, tal y como está la propuesta, es probable que se dé un aumento de la subcontratación ilegal, dado que algunas empresas verán ese esquema como una forma de reducir costos y darle estabilidad a su negocio en época de crisis. 

En un plano general, gobierno, IP, el sector obrero, analistas, afores y calificadoras ven positiva la reforma, pues aborda por fin uno de los mayores desafíos del sistema de pensiones en el país. No obstante, tampoco es momento de echar las campanas al vuelo, pues son muchos los retos a vencer y los puntos medulares que quedaron fuera de la iniciativa.

yvr


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