Tras reconocer que durante el proceso de privatización del agua con la reforma a la Ley del Agua del Estado de Puebla en 2013, existieron anomalías y posibles daños a los derechos humanos de los poblanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a optado por analizar la posibilidad de abrogar la determinación tomada por el Congreso de Puebla durante el gobierno de Rafael Moreno Valle en cuanto al suministro del líquido vital.
A través de un oficio girado por la CIDH hacia el buffet jurídico de "Montalvo y Terrones", quienes promovieron la intervención del organismo interamericano sobre este caso, se hizo del conocimiento a MILENIO Puebla, la postura que actualmente ha tomado la comisión al reconocer que podrían existir daños importantes a la ciudadanía poblana por la privatización del agua.
Si bien fue el 4 de marzo del 2019 cuando la Secretaría Ejecutiva del CIDH recibió la petición de participación en el caso por parte de los abogados poblanos, fue hasta este mes de febrero del 2023, cuando la comisión ha extendido un plazo de tres meses como mínimo y máximo de cuatro, para que ambas partes involucradas aporten los elementos legales correspondientes para continuar el proceso.
Es importante destacar que luego de otorgar la concesión del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales a la empresa Concesiones Integrales SA de CV, con nombre comercial "Agua de Puebla", los ciudadanos de los Municipios de Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Amozoc y la capital poblana, han reportado una serie de deficiencias en los servicios prestados.
Desde la escasez en suministro de agua, tarifas elevadas y un líquido vital con notables deficiencias de sanidad, es como la ciudadanía a reportado a lo largo de los últimos años el servicio que pagan de forma mensual en Puebla. A dichas denuncias se han sumado organizaciones como la Asamblea Social del Agua (ASA), quienes han referido en múltiples ocasiones que la norma NOM-127-SSA1-2021 no se cumple con el actual servicio, hecho que pone en riesgo la salud de la ciudadanía y vulnera los derechos humanos.
De tomar cartas en el asunto, la CIDH podría dar paso a un nuevo proceso judicial para abrogar la reforma de Ley del Agua del Estado de Puebla, aprobada por el Congreso Estatal en 2013 durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, debido a que según la propia Organización Mundial de la Salud, ninguna persona debe serle negado el servicio de agua y drenaje por una falta de pago.
CHM