Miembros de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) comunicaron que, el 17 de noviembre, presentaron formalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares.
Esto, debido a la presunta negligencia de la Secretaría de Salud Sonora, el IMSS Bienestar, el IMSS ordinario y Cenaprece. La solicitud se hizo en el ámbito del Derecho a la Salud, a la Vida y a la Integridad Personal.
Demandaron que las autoridades de Salud no han cumplido con las resoluciones de los tribunales mexicanos, que incluían la atención médica a los afectados por intoxicación por metales pesados, derivados del derrame tóxico de Grupo México en el Río Sonora.
Adicionalmente, se interpuso una denuncia ante el Juzgado 13 contra las autoridades de Salud y Medio Ambiente de los tres niveles de gobierno.
Esta acción se basa en el incumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por el juez, cuyo propósito era preservar la vida y la salud de la población.
El objetivo del proceso judicial es obligar a las autoridades a cumplir con las medidas, imponer sanciones y destituciones en caso de incumplimiento, y notificar al ministerio público por desacato de sentencia.
Este martes, los comités de cuenca protestaron frente al Palacio de Gobierno de Sonora para denunciar que ningún afectado ha recibido la atención médica necesaria.
Esto, después de que las autoridades confirmaran, en 2022, el grave estado de salud de los afectados por intoxicación por metales pesados a raíz del derrame tóxico de Grupo México en el Río Sonora.
“A más de nueve años y casi dos sexenios del derrame tóxico de Grupo México en el Río Sonora, los Comités de Cuenca Río Sonora denunciamos hoy y aquí, públicamente, a la Secretaría de Salud y al Gobierno del Estado de Sonora por su falta de seriedad y el incumplimiento de acuerdos para atender el grave problema de salud y ambiental que enfrentamos quienes vivimos en los ríos Bacanuchi y Sonora”.
En un comunicado, denunciaron la falta de acciones, el cinismo al afirmar avances en agua y salud, y la incertidumbre en sus comunidades por la alarmante presencia de enfermedades y muertes.
“¿Qué más esperan? En 2022, el Cenaprece y la Secretaría de Salud Sonora realizaron análisis en más de 600 habitantes de la cuenca y confirmaron la presencia de plomo, arsénico, cadmio y manganeso entre el 50 y el 95% de los resultados. Además, hasta el 10% de la población está en las categorías de “Alto Riesgo” y “Muy Alto Riesgo” de desarrollar arsenicosis y neuropatía. Los resultados de estos análisis fueron y continúan siendo alarmantes”.
Señalaron que las comunidades del río Sonora recibieron los análisis, se les citó para levantamiento de historial clínico, pero después quedaron sin atención, sin seguimiento y sin un plan de salud.
“Tras esta simulación de atención médica, nada ha ocurrido; solo silencio de parte de ustedes. Se han intentado justificar diciendo que los servicios de salud serían federalizados y que la Secretaría de Salud Sonora sería la encargada de implementar los planes. Con toda tranquilidad nos pidieron paciencia, y nuestra paciencia ha durado ya casi dos años. Hoy les volvemos a decir: la burocracia nunca debe estar por encima de la salud y vida de las personas”.
Acusaron que la Secretaría de Salud y el gobierno del Estado de Sonora no han tomado con seriedad su papel para garantizar el acceso a servicios de salud integral en la cuenca del Río Sonora, ni para ampliar los estudios necesarios que puedan identificar el total de la población en riesgo.
“Doctor José Luis Alomía y gobernador Alfonso Durazo: ¿cuándo se van a pronunciar ante las injusticias? Semarnat ya confirmó la presencia de metales en aire, suelo, agua y pozos en la región. ¿Cuándo darán la cara ante las comunidades y concretarán un plan de acción claro, transparente y participativo para atender la salud y el daño al medio ambiente?”.
MO