'Los Ardillos' buscan meter mano en el Frente Amplio y presionan a Morena

La potente capacidad de movilización social que el grupo delictivo Los Ardillos exhibió en su ofensiva sobre Chilpancingo es el sustento de un poder político, legislativo y electoral que no solo tiene alcance estatal en Guerrero, sino que a través del PRD aspira a influir en las decisiones de la alianza 'Va Por México', en la que también participan el PAN y el PRI.

El perredista Bernardo Ortega Jiménez, que contiende para ser presidente del PRD estatal, ha sido cuatro veces diputado local y además presidente municipal, y cuyos hermanos Celso, Jorge Iván y José Antonio forman el núcleo familiar alrededor del cual se formaron Los Ardillos, ha declarado que su partido “no le dará un cheque en blanco a 'Va Por México' ”, pues las candidaturas de la coalición deberán ser definidas con participación de la dirigencia local porque “el PRD-Guerrero es el principal generador de votos (de su partido) a nivel nacional”.

Ortega Jiménez encabeza una de las principales corrientes internas del PRD guerrerense, Movimiento Alternativa Social (MAS), un desprendimiento de la agrupación Nueva Izquierda (apodada “Los Chuchos”) que han dirigido el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, y sus asociados Jesús Ortega y Carlos Navarrete.

Antes con Nueva Izquierda y desde 2015 a través del MAS, Ortega Jiménez ha logrado retener durante seis procesos electorales –desde 2005– para él y su grupo la diputación del distrito local 24 (constituido por municipios que controlan Los Ardillos y que tiene cabecera en Tixtla), disputar electoralmente el distrito 25 de Chilapa –que dominan sus enemigos Los Rojos–, asociarse con el grupo perredista que fue dominante en Iguala (el de Lázaro Mazón, Carlos Reyes Torres y José Luis Abarca) e incluso aventurarse en otros más lejanos, como Acapulco, postulando a un ex priísta.

Un informe confidencial de junio de 2020 de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), extraído del hackeo conocido como Guacamaya Leaks, ubica como “áreas de influencia” de Los Ardillos los municipios de Quechultenango, Zitlala, Tixtla, Mochitlán, José Joaquín Herrera y Acatepec, y como áreas que les disputa al grupo de Los Rojos los de Copalillo, Chilapa, Copanatoyac, Zapotitlán de Tablas y Tlapa de Comonfort. También identifica a los hermanos Celso, Jorge Iván y José Antonio Ortega Jiménez como líderes, y advierte que “un factor importante para la expansión de estos grupos delictivos es la complicidad que existe de parte de autoridades municipales y estatales”.

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, explica a MILENIO que el grupo Los Ardillos ha ganado bases sociales introduciéndose en las comunidades de manera encubierta, hasta tomar el control de los núcleos agrarios y los comisariados de bienes comunales; ha formado supuestas policías comunitarias bajo su mando; y ha pactado con las mafias tradicionales de los transportes en las rutas que controla en el Corredor del Río Azul.

Ante las denuncias de que es el brazo político de Los Ardillos, repetidas a lo largo de casi dos décadas por organizaciones civiles y grupos de víctimas, el diputado Ortega ha señalado que no es responsable por lo que hagan sus hermanos. Pero sin sostenerse en las bases sociales controladas por la banda criminal, no podría haber ganado elecciones una y otra vez en su territorio durante 21 años, desde que en 2002 fue electo alcalde del municipio que es el principal bastión de Los Ardillos, Quechultenango.

A pesar de que la banda de los Ortega Jiménez se distingue por su crueldad y por la cantidad de los asesinatos y masacres cometidas contra los ciudadanos que el diputado Ortega Jiménez representa, nunca ha denunciado sus actividades ni exigido una investigación por esos crímenes, ni respaldado a quienes han sufrido su violencia y piden justicia.

El lunes, miles de personas movilizadas por Los Ardillos secuestraron a una decena de policías, se apoderaron de un vehículo blindado, rompieron las puertas del Congreso estatal y lo tomaron. El jueves, la Comisión Permanente del Congreso pudo sesionar. Bernardo Ortega es uno de sus miembros y tenía una nueva oportunidad de hacer o decir algo al respecto de la violencia de sus hermanos. Pidió permiso para ausentarse.

“No niego ni me consta”: Ortega

El 21 de octubre de 2022, integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), una organización representativa de la región de la Montaña, se acercaron en la ciudad de Chilapa al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle detener las constantes agresiones criminales contra la población local, incluidos más de 40 asesinatos recientes: “nosotros hacemos responsables a Los Ardillos, a Celso Ortega y al diputado Bernardo Ortega”.

“Jamás seré responsable de lo que hagan con su vida terceras personas, así sean familiares o amigos”, replicó el diputado Ortega. “Lamento que por falta de información o por la razón que sea, se use mi nombre en acusaciones sin sustento”.

Dos semanas más tarde, el 6 de noviembre, tres de los líderes indígenas que se aproximaron al presidente fueron asesinados en una emboscada en las afueras de Chilapa.

Solo es uno de los muchos crímenes atribuidos a Los Ardillos, conocidos por usar la violación tumultuaria, la tortura, la decapitación y el desmembramiento de cuerpos como técnicas para aterrorizar a la población.

La ofensiva sobre Chilpancingo no fue la primera –aunque sí la más numerosa– en que este grupo movilizó a grandes grupos de pobladores para tomar una población. Lo hicieron, por ejemplo, en 2015, cuando con 300 hombres se apoderaron de Chilapa durante seis días, entre el 9 y el 14 de mayo. Instalaron retenes para controlar el movimiento urbano y darse tiempo para recorrer los barrios en busca de sus enemigos, entraron por ellos a sus casas y se llevaron a unas 30 personas, que siguen desaparecidas. Sus familiares, que se agruparon en el colectivo Siempre Vivos, también acusaron directamente a Bernardo Ortega y sus hermanos.

Cuestionado al respecto días después, en entrevista con Milenio TV, Bernardo Ortega les pidió que “dejen de estar manchando mi nombre”.

–¿Niega que sus hermanos puedan tener vínculos con este grupo del crimen organizado?

–Yo no lo niego. No me consta ni lo niego. Quiero decir que no lo afirmo, pero tampoco lo niego. No voy a negarlos, al final de cuentas son mis hermanos, pero eso no quiere decir que yo sea responsable de las acciones que ellos realicen.

Ortega estaba ocupado preparando su salida de Nueva Izquierda. Un mes después, el 12 de junio y junto al ex senador Lázaro Mazón (señalado por proponer la candidatura de José Luis Abarca para la alcaldía de Iguala, dos años antes de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa) y el diputado Carlos Reyes Torres (entonces presidente del Congreso local), anunció la formación del MAS.

Cada vez que los crímenes de su familia sobresalen hasta llegar a las primeras planas -como la masacre y calcinamiento de 10 músicos en enero de 2020-, el diputado Ortega se limita a negar sus vínculos sin condenar ni exigir justicia, ni tener palabras para las víctimas.

El bastión del distrito 26

Aunque al diputado Ortega no le conste ni lo niegue, su hermano mayor Celso Ortega Jiménez se ostenta públicamente como cabeza de Los Ardillos. No tuvo empacho, por ejemplo, en presionar a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, difundiendo videos y audios en los que se reúne con ella, como parte de la ofensiva de esta semana. En esta jugada de doble pinza, primero Celso exhibió su encuentro con Hernández y luego el partido de Bernardo exigió su renuncia.

La visibilización de su poder es parte del dominio político que ejercen sobre Quechultenango y los otros municipios del distrito 24 (Tixtla, Mártir de Cuilapan, Mochitlán y Zitlala), además de José Joaquín de Herrera, Acatepec y Atlixtac (distrito 26).

Al principio, se establecen de manera discreta. “No llegan diciendo ‘somos de Los Ardillos’ –precisa Abel Barrera, el director de Tlachinollan–, es un trabajo social, proponen garantizar la vigilancia, el cuidado de sus territorios, hablan de policía comunitaria. Las asambleas son espacios para difundir y decir que se necesitan organizar y que cuentan con el apoyo. Cuando ya van a nombrar a los comisarios, a las autoridades agrarias, ahí viene la mano que manipula y que dice ‘va a fungir como presidente del comisariado fulano de tal’, ahí empieza a tener más claridad la imposición de personas que están vinculados a ellos”.

Quienes se oponen, son eliminados. En el municipio de José Joaquín de Herrera, por ejemplo, encontraron que los campesinos ya estaban organizados por el CIPOG-EZ y han rehusado someterse, por lo que desataron la campaña de violaciones y asesinatos que motivó la denuncia en Chilapa ante el presidente López Obrador.

Por otro lado, cooptan a líderes tradicionales, como los de las camionetas Urvan que constituyen la columna vertebral de la movilidad local y son “parte de esta mafia antigua que vienen del PRI, del corporativismo político que aseguraban los caciques”, indica Barrera. “Son los líderes que responden a intereses del PRI y del PRD, que negocian permisos con los que se quedan, o que venden. Las víctimas son los choferes, que necesitan la chamba pero les dicen ‘ahora eres parte de este grupo’”.

Esto les da a los hermanos Ortega Jiménez el control de bases sociales que utilizan en procesos electorales y que ahora les permitió movilizar a miles de pobladores a Chilpancingo.

Desde que Bernardo Ortega la ganó con el PRD en 2002, la familia ha mantenido la presidencia municipal de Quechultenango. En 2005, Ortega llegó al Congreso del Estado, que le ha servido como una plataforma de influencia tan importante que no ha optado por una candidatura federal. De 2011 a 2012, el entonces secretario de Salud del gobierno de Ángel Aguirre Rivero, Lázaro Mazón, lo hizo su subdirector jurídico.

De 2012 a 2015, de nuevo diputado, fue el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso y como tal, cabeza del Poder Legislativo guerrerense y segunda autoridad política del Estado, después del gobernador (tras la salida de Angel Aguirre por el caso Ayotzinapa, en 2014, Bernardo Ortega tuvo en sus manos la designación del gobernador sustituto, Rogelio Ortega –sin relación familiar). En este último año, colocó en su curul a su pareja política Érika Alcaraz Sosa, y en la presidencia municipal de Tixtla, a Hossein Nabor Guillén (quien actualmente es subsecretario de Política Social de la Secretaría de Bienestar del Estado).

En 2018, envió a Érika Alcaraz como alcaldesa de Tixtla, mientras Ortega regresaba al Congreso por tercera vez, por el mismo distrito 24, con su hijo de 22 años, Jorge Iván (el mismo nombre de su hermano, Ardillo reconocido), como suplente. En 2021, padre y vástago lograron la reelección con el 51 por ciento de los votos (gracias al apoyo de los municipios rurales controlados por Los Ardillos, pues la familia Ortega Jiménez perdió el área urbana de Tixtla con la derrota de Alcaraz por el morenista Moisés Antonio González Cabañas, con 56 por ciento contra 33 por ciento, en lo que el portal guerrerense Amapola tituló: “Voto masivo como protesta contra grupo criminal”).

La ofensiva sobre Chilpancingo es parte de la disputa de Los Ardillos con otros grupos criminales, Los Tlacos y Los Rojos. Pero este último es su principal enemigo, con el que se disputa Chilapa por la vía de las armas y también electoralmente, con consecuencias fatales. En febrero de 2018, la precandidata del MAS para diputada por el distrito 25, Antonia Jaimes Moctezuma, fue ejecutada a balazos.

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