El gobierno de Baja California y la Fiscalía General del Estado (FGE) están revisando todas las contrataciones con las empresas sancionadas por la OFAC por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa y ordenaron suspender los convenios vigentes. En el caso del estado, desde 2021, al inicio de la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda hasta la semana pasada.
La restricción impide que las compañías participen en procedimientos de contratación de dependencias y entidades estatales, mientras la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno examina cómo recibieron los acuerdos y si estos cumplieron con la ley.
La gobernadora confirmó que instruyó el veto después de conocer el listado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
“Desde el primer momento en que recibimos esa lista, en primer lugar, se mandó vetar a todas estas empresas que aparecen en la lista para que no pudieran recibir más contratos, evidentemente, y suspender los que tenían hasta el día de hoy”, declaró.
¿Cuáles son las compañías sancionadas?
En la conferencia semanal de la gobernadora, no se presentó la relación de proveedores que recibieron recursos públicos, el número de contratos, ni sus montos.
Entre las compañías sancionadas aparecen Inteliproof Efficient; Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, también identificada como Promociones CHF de Baja California; Conciertos y Espectáculos Inhouse; Baja Fixer Group; Wermak Publired; Holistic Wellwaves; Proyecto Alerta Verde; Private Equity Baja y Private Equity Bursátil.
El listado también incluye Vida Orgánica Tijuana, Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante, Distribuidora y Comercializadora ATAF, Grupo Gasolinero Nueva Esperanza y Publicidad e Imagen Integral ENLA-C. La OFAC las sancionó por sus presuntos vínculos con personas de la red del Cártel de Sinaloa.
Oficialía Mayor ya recibió el primer requerimiento
Oficialía Mayor, encargada de las compras, es la que revisa cuáles de estas empresas contrataron las dependencias estatales y bajo qué condiciones.
María Gabriela Monge Pérez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, explicó que el miércoles recibió la notificación formal de Oficialía Mayor sobre el caso.
“Nosotros recibimos la vista oficial formal por parte de la dependencia Oficialía Mayor, donde nos hacía sabedores de la información”.
A partir de esa notificación, la Secretaría solicitó documentos adicionales para revisar cada contratación en la que aparezcan las compañías sancionadas. Monge Pérez indicó que el primer requerimiento ya fue recibido por Oficialía Mayor.
“Debo recalcar que a su servidor le corresponde revisar lo que es el gobierno estatal y las dependencias y entidades descentralizadas”, aclaró.
También explicó que Oficialía Mayor, en su carácter de responsable del comité correspondiente, recibió la instrucción de emitir las medidas para impedir que esas empresas participen en cualquier procedimiento.
Por su parte, Víctor Manuel Cortez Rodríguez, director de Fiscalización de la Inversión Pública, detalló que los expedientes recibidos contienen licitaciones, invitaciones, excepciones a concursos y adjudicaciones directas. Según el funcionario, verificarán que cada caso se haya llevado conforme a la ley.
La gobernadora agregó que Oficialía Mayor debe entregar los expedientes para ampliar la investigación.
“La Secretaría de Honestidad está haciendo una revisión. La Oficial Mayor está enviando todo lo que se tiene a la Secretaría para poder ampliar su proceso de investigación”.
Aunque el veto ya fue instruido, Monge Pérez informó que no dará cifras sobre las contrataciones hasta concluir el trabajo interno.
Por su parte, la fiscal general del Estado, María Elena Andrade Ramírez, sostuvo que también vetaron a esas empresas con las que tenían contratos.
“En su caso, serían las autoridades federales las que determinen los temas de lavado de dinero, de los cuales no tenemos antecedente”, concluyó.
ksh